Irregularidades en el rechazo de la consulta del Yasuní

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el pasado 6 de mayo la posibilidad de que los ecuatorianos decidan, en una consulta popular, sobre el futuro de los campos petroleros ITT –Ishpingo, Tiputini y Tambococha– ubicados en la Reserva Biosfera Yasuní. La iniciativa del colectivo Yasunidos, que realizó la campaña nacional de recolección de firmas, quedó anulada una vez que el organismo electoral aceptó sólo 359.761 firmas de las más de 757.000 que se entregaron el pasado 12 de abril. Para dar paso a la consulta se necesita el 5% del padrón electoral, es decir, 583.324 firmas válidas.

En el proceso de depuración el CNE rechazó casi 240.000 firmas por inconsistencias como firmas repetidas, tachones o manchas en los impresos o porque las firmas sobresalían de sus correspondientes casillas; y otras 257.000 por razones de forma –gramaje del papel, diferencias en el tamaño, impresos firmados a dos caras, color de bolígrafos utilizados, falta o errores en fechas o porque no constaba la identificación del recolector–. De las 757.000 firmas presentadas, el CNE invalidó medio millón de firmas.

Una campaña conflictiva

El 15 de agosto del pasado año el presidente Rafael Correa anunciaba al país su decisión de dar por terminada la Iniciativa Yasuní-ITT, la cual consistía en dejar bajo tierra el crudo de los bloques ITT en el Yasuní a cambio de una compensación económica internacional de 3.600 millones de dólares.

Unos días después, jóvenes ambientalistas provenientes de diversos colectivos sociales se agrupan bajo el nombre Yasunidos reclamando que dicha decisión sea consultada al pueblo ecuatoriano. Bajo la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo?”, recogieron durante seis meses las firmas que fueron entregadas en el CNE.

Durante la campaña, sobre este colectivo se desarrollaron permanentes descalificaciones e investigaciones policiales que el mismo mandatario presentó ante los medios comunicación intentando desprestigiarlos. De igual manera, se constituyeron dos grupos paralelos que con preguntas contrapuestas también se lanzaron a la campaña de recogida de firmas, imitando la propaganda y logos de Yasunidos y recogiendo firmas en los mismos días y lugares en los que estos lo hacían, generando confusión entre la ciudadanía.

El 3 de mayo, un día antes de que se acabará el proceso de revisión de firmas, el CNE emitía un boletín en el que se anunciaba que 50.000 registros estaban en “duda” y que pasarían a revisión de los grafotécnicos. Tres días después, se hacía público el rechazo de un número de firmas notablemente superior al anunciado. Cuantificando el número de grafotécnicos y verificadores contratados por el CNE, los cuales no eran peritos acreditados, y el tiempo que duró la revisión de firmas, se deduce que éstos evaluaron cada firma en una media de 20 segundos.

Según Ramiro Ávila, exviceministro de Justicia del actual Gobierno, el CNE suma un sinfín de irregularidades durante el proceso, incluida la ruptura de la cadena de custodia de las cajas que contenían la identificación de los recolectores de firmas, y sobre las cuales faltan acreditaciones según denuncian los afectados. “Es por todo ello que le exigimos al CNE que publique los nombres y números de cédula de quienes considera que su adhesión no es correcta, para que se acerquen a las oficinas del organismo a impugnar dichas rúbricas”, señala Ávila. Sin embargo, el organismo rector de la democracia ecuatoriana ha hecho caso omiso a dichas demandas, lo que supone para los ciudadanos firmantes desconocer si su firma ha sido o no considerada y carecen por lo tanto del derecho a reclamo.

Un CNE condicionado

El mandatario ecuatoriano había anunciado durante el proceso de verificación de firmas que “la consulta no está en mis planes”. Para Rosa María Torres, exministra de Educación y Culturas, las declaraciones del mandatario resultaron un claro mensaje para un CNE carente de autonomía. El propio presidente del CNE, Domingo Paredes, exministro correísta y miembro del partido oficialista, había confesado poco antes que “a veces Correa supera la autoridad electoral”, en relación a la cadena presidencial que se lanzó un día antes de las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero, violando el silencio electoral que se requiere durante la jornada de reflexión previa a los comicios electorales.

Según María Paula Romo, exconstituyente y decana de la Facultad de Jurisprudencia de la UIDE, se vive “una debilidad democrática que hoy en día es peor que la que nos llevó a la Asamblea Constituyente”. De igual manera piensa la Comisión de Alto Nivel conformada por notorias personalidades académicas, quienes en su informe sobre el procedimiento emprendido por el CNE declaran: “En cuanto a lo observado, el procedimiento de verificación, si es que existe, es caótico, no existen normas claras ni protocolos, es arbitrario, contrario a la Constitución, que establece que los derechos no podrán ser restringidos, en la mayoría de los casos la verificación está sujeta a la subjetividad arbitraria de los funcionarios.”

Al respecto, los voceros de Yasunidos declaran que no descartan recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; mientras, por su parte, el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, otro exfuncionario del Gobierno de Correa, amenazó públicamente al colectivo ambientalista con denunciar a la Fiscalía un supuesto intento de engaño, lo que tendría repercusiones legales contra los promotores de la consulta.

Respecto al caso, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos piensa que el Yasuní será sacrificado, “no sólo porque la comunidad internacional no colaboró en la propuesta de no explotación, sino sobre todo porque los ingresos previstos derivados de la explotación están vinculados a inversiones en curso y su financiación por países extranjeros (China) tiene como garantía la explotación petrolera”. Para este académico portugués, en Ecuador “la participación ciudadana es bienvenida, pero sólo si es funcional y eso, de momento, sólo puede garantizarse si recibe una mayor orientación del Estado, es decir, del Gobierno”.