Las recientes revelaciones sobre los millonarios contratos de Andrés Chadwick y Marcela Cubillos con la Universidad San Sebastián han desatado una tormenta política y mediática. Según diversas fuentes, ambos exministros del gobierno de Sebastián Piñera habrían recibido cuantiosos sueldos sin cumplir plenamente con las funciones por las cuales eran remunerados, lo que ha encendido las alarmas sobre la transparencia y la correcta administración de los recursos en una institución que se presenta como sin fines de lucro.
En 2023, la Universidad San Sebastián recibió $37.779.084.000 en becas fiscales y $61.239.138.000 en Crédito con Aval del Estado. En total, los recursos que destinó el Estado de Chile a esta casa de estudios privada el año pasado ascienden a $99.018.222.000, lo que agrava aún más las dudas sobre el manejo de estos fondos y su uso para financiar millonarios sueldos a figuras políticas.
Marcela Cubillos, quien ahora busca ser alcaldesa de Las Condes por la UDI, ha sido particularmente cuestionada por su millonario sueldo de $17 millones como docente e investigadora. Sin embargo, según fuentes, habría realizado muy pocas actividades relacionadas con esas funciones. La situación se ha vuelto tan seria que ha sido denunciada formalmente ante la Superintendencia de Educación Superior (SES), levantando dudas sobre la legalidad de estos ingresos y la verdadera naturaleza de su relación con la universidad.
El abogado Luis Mariano Rendón fue uno de los primeros en formalizar una querella, exigiendo que se investigue si los pagos a Cubillos se realizaron conforme a la ley. Rendón ha subrayado que el público tiene derecho a saber si esta remuneración millonaria fue simplemente un mecanismo para financiar su carrera política o si hay otros elementos ocultos detrás de estos pagos. Su preocupación se refuerza con el hecho de que Cubillos no aparece registrada en el sistema nacional de investigación, lo que levanta sospechas sobre la naturaleza de su rol como «investigadora».
Andrés Chadwick, por su parte, también enfrenta críticas. No solo por su rol como presidente del directorio de la Universidad San Sebastián, sino también porque, según fuentes, cuatro de sus hijos estarían trabajando en la misma institución, lo que genera aún más preguntas sobre los posibles conflictos de interés y el manejo de la universidad.
Además, el hecho de que la Universidad San Sebastián haya salido a la luz como parte del escándalo del Caso Hermosilla, con una lista de nombres importantes de la derecha política vinculados a la institución, solo intensifica la sensación de que se trata de una plataforma política más que de un centro de educación superior comprometido con el servicio público.
La ciudadanía tiene el derecho a exigir transparencia absoluta en el manejo de las universidades que reciben fondos públicos, especialmente cuando están en juego figuras políticas de alto perfil como Chadwick y Cubillos. Las dudas sobre la legalidad de los contratos y la naturaleza de sus roles dentro de la Universidad San Sebastián no solo deben ser aclaradas, sino que también se debe garantizar que este tipo de situaciones no se repitan. Sin respuestas claras, estas controversias amenazan con minar la confianza en instituciones que deberían estar dedicadas al servicio público y no a servir de refugio para la clase política.
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