Por María José Escudero
En los últimos años, Chile ha dado pasos significativos hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental y un componente esencial del bienestar social. Sin embargo, aún queda un largo camino para abordar de manera integral los desafíos que nos plantea ser una sociedad que con el tiempo se vuelve más dependiente y con mayores necesidades de apoyo.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados para crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) – Chile Cuida marca un hito importante. Esta iniciativa busca reconocer el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados, además de promover el autocuidado, estableciendo una política de Estado que trascienda gobiernos. No obstante, es crucial que este avance se traduzca en acciones concretas que aborden las distintas dimensiones de esta problemática.
Al respecto, un punto crítico que merece mayor atención es la salud mental de las personas cuidadoras. El cuidado, especialmente cuando es prolongado e intensivo, puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y psicológico de quienes lo brindan, algo que la pandemia vino a complejizar aún más a este grupo no menor de personas que ejercen cuidados no remunerados. En Chile, más de 700 mil personas cuidan a personas en situación de dependencia, siendo la mayoría mujeres.
También resulta crucial ampliar el alcance del SNAC para incluir explícitamente a las residencias de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Estos programas necesitan un marco regulatorio robusto que subsane los vacíos legales, garantice la calidad de los servicios, respete los derechos de los residentes y proteja el bienestar de los equipos de cuidado. Incorporar representantes de estos grupos en el consejo asesor del proyecto de Ley permitiría una mejor articulación entre la oferta pública y privada y un monitoreo más efectivo de la calidad de atención.
Por otro lado, es esencial definir claramente el rol de la familia en los cuidados y distinguir entre cuidadores formales e informales. Se necesitan pautas que coordinen el apoyo estatal con el cuidador, valorando el trabajo no remunerado y ofreciendo los recursos necesarios. Además, es imperativo establecer criterios para identificar a los cuidadores remunerados, junto con sus derechos y responsabilidades, de manera tal de garantizar un sistema justo y eficiente.
Finalmente, el sistema debe ser flexible para apoyar a quienes requieren múltiples cuidadores, no solo al “cuidador principal”, por lo que deben desarrollarse mecanismos de coordinación que distribuyan equitativamente las responsabilidades y brinden el reconocimiento necesario a todos los involucrados en el cuidado.
La celebración de los avances alcanzados en la discusión de este proyecto debe ir acompañada de una mirada crítica y constructiva. Por esto esperamos que el Ejecutivo y la Cámara incluyan estas observaciones como indicaciones para que realmente tengamos un sistema que incorpore todos los sectores y miradas. Un Sistema Nacional de Cuidados robusto no solo mejorará la calidad de vida de quienes requieren y brindan cuidados, sino que también impulsará una sociedad más equitativa y cohesionada. El compromiso de todos los actores y sectores de nuestra sociedad es crucial para la implementación exitosa de esta política, que afecta a 1,5 millones de adultos en nuestro país. Juntos podemos impulsar una nueva era en cuidados, conciliación y corresponsabilidad social.
Por María José Escudero
Directora de Incidencia y Desarrollo
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