Tras el nueva alza al Transantiago registrada la pasada semana, diversos colectivos y organizaciones han hecho un llamado a la desobediencia civil este miércoles 11 de Junio que consistirá en no hacer uso de la tarjeta Bip para ocupar el transporte público.
Además, ha sido convocada una marcha a partir de las 19 horas que partirá de la plaza de los Héroes.
Desde la página del evento en Facebook los protestantes se quejan de que la tarifa ha aumentado en $310 desde que comenzó la red Transantiago, lo que les supone $1.380 diarios y $41.400 mensuales, un cuarto del salario mínimo.
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“Miles de santiaguinos sufrimos la humillación cotidiana de estar obligados a viajar en un transporte incómodo e ineficiente, mientras las empresas privadas se enriquecen a costas de nuestra indignidad”, reclama el colectivo, que también ha convocado un cacerolazo a las 21 horas en todas las estaciones de metro.
El colectivo protestante exige una rebaja de la tarifa acorde a los sueldos “indignos” de los ciudadanos, así como mejoras en el funcionamiento de la red de transporte público de Santiago y de las regiones.
Además, reclaman por unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores del transporte público.
Chile, dependiente del combustible extranjero
Detrás de los sucesivos aumentos del precio del transporte público en Santiago hay diversos factores como el desmesurado precio de la gasolina.
El altísimo precio de la bencina en Chile se debe, entre otras cosas, a su dependencia de la importación de combustible extranjero, que es casi total, lo que lo convierte en un país altamente vulnerable con respecto a las oscilaciones de los precios.
Lo sangrante del precio de la bencina en el país es que hay alternativas; por ejemplo, los países que forman la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), que son Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y tres estados caribeños (Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Dominica) mantienen un convenio comercial de obtención de petróleo, lo que les permite importar combustible de Venezuela a un precio con unas condiciones preferenciales.
¿Por qué seguimos comprando combustible cuyo precio ha sido encarecido a base de intereses capitalistas?
¿Tiene que seguir pagando la clase trabajadora los daños de la gestión capitalista de nuestro sistema gubernamental?
El Ciudadano
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