AFP del Estado, otro golpe a la dignidad de los trabajadores

El sistema de reparto instaurado con el establecimiento del Seguro Obrero Obligatorio en 1924, fue la respuesta, que sin ser completamente justa, ofrecía solución a la exigencia de los trabajadores respecto a contar con un sistema de previsión que cubriese sus necesidades de salud y de garantizar ingresos una vez de que concluyeran su vida laboral activa a causa de la edad u otros factores.

El sistema de AFP o de capitalización individual, transformó en negocio el derecho de millones de chilenos a una pensión digna. Cabe considerar, que las Fuerzas Armadas no se cambiaron al sistema de AFP y mantienen desde siempre, el sistema de pensiones garantizado por el Estado fundado en el régimen de reparto. Sin embargo, la dictadura forzó a que la mayor parte de los trabajadores pasara sus fondos de pensión a manos de las empresas administradoras.

Está demostrado que las pensiones proporcionadas por las AFP son extremadamente bajas, prueba rotunda de que dichas empresas persiguen solamente lucrar con el dinero de los cotizantes, especulando en los más variados negocios y que en nada les interesa asegurar pensiones humanamente aceptables. En la actualidad el promedio de las pensiones entregadas por las AFP apenas supera los 160 mil pesos, de acuerdo a cifras investigadas por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA.

La instauración de una AFP del Estado no corregirá esta injusta situación y mucho menos bajo el pretexto de hacer la competencia a las administradoras privadas. Lo único que se logra con la existencia de una AFP estatal, es legitimar el sistema de capitalización individual, puesto que la nueva entidad vendrá a hacer lo mismo que las privadas, ya que operará bajo el régimen impuesto por la dictadura.

La única posibilidad efectiva de obtener un sistema adecuado de pensiones, es mediante un régimen de reparto solidario, en el cual los trabajadores activos coticemos, el empleador aporte una parte y el Estado una tercera porción, para brindar a los trabajadores pensionados una cantidad de dinero que les permita enfrentar el resto de su vida en una mayor seguridad económica.

La dramática situación que ya viven millones de jubilados a los cuales sus pensiones no les alcanzan a durar los primeros diez días del mes, se agravará progresivamente, a medida que jubile la gran masa de trabajadores que en su inmensa mayoría promediaban los 30 años de edad cuando se impuso el sistema de AFP y que constituyen otros varios millones de personas. El impacto será un inmenso aumento de la pobreza y la desigualdad en la que acabamos de obtener uno de los primeros lugares a nivel internacional.

Si de competencia se trata, baste recordar que cuando comenzó a operar el sistema de capitalización individual en 1981 (se decretó en noviembre de 1980 y entró en operaciones en 1981), lo pusieron en práctica 12 AFP. Hoy quedan solamente seis. Es decir, ya hubo mayor competencia, por lo tanto la instauración de una AFP estatal, es un muy mal chiste.

El camino es, terminar definitivamente con este dañino sistema de pensiones y establecer uno de reparto solidario, garantizado por el Estado y en lo posible no por cualquier estado, sino uno en que efectivamente mande el pueblo. Pero esto, será materia de otra columna.

Secretaria General

Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas-SITECO