Organizaciones de derechos humanos rechazan acusación contra el ministro Sergio Muñoz y extienden al Senado carta pública
Organizaciones de derechos humanos denuncian el abuso de poder de la Cámara de Diputados en darle curso a una acusación contra el ministro Sergio Muñoz con el solo fin de empatar con destituida ministra de la Suprema, Ángela Vivanco
Destacan su trayectoria como juez de carrera, independiente, probo y comprometido con la defensa de los derechos humanos, denunciando que se pretende una infamia, razón por la que solicitan al Senado que se haga prevalecer el Estado de Derecho.
Compartimos a continuación, el pronunciamiento de las organizaciones difundido por Londres 38, Espacio de Memoria:
CARTA ABIERTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA
Las organizaciones que suscribimos esta presentación expresamos nuestro reconocimiento al ministro de la Excma. Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, a quien conocemos por su trayectoria como juez de carrera, independiente, probo y comprometido con la defensa de los derechos humanos. Nos resulta un abuso de poder inaceptable que la Cámara de Diputados, el 9 de octubre de 2024, haya dado curso a la acusación construida en su contra con la única finalidad de empatar la acusación que enfrenta la ministra Ángela Vivanco, transformándolo en un escudo de la citada ministra.
No hay comparación posible entre los hechos que se le imputan a la ministra Vivanco y los hechos que se le imputan al ministro Muñoz. No obstante, los diputados votaron la acusación de manera conjunta, sin separar las acusaciones, infringiendo de manera brutal las reglas más básicas de cualquier procedimiento, violando el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por sus actuaciones propias y no por las de un tercero, en este caso, las realizadas por la ministra Vivanco.
El ministro Muñoz ha tenido una trayectoria de mérito de más de 40 años en el Poder Judicial. Durante varios años ejerció el cargo de coordinador de causas de derechos humanos de la Corte Suprema, destacándose por su gestión y permanente apoyo a víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. De cara a los familiares, develó las irregularidades cometidas en la identificación de cuerpos por otros órganos del Estado. Reorganizó el trabajo de los ministros en visita extraordinaria designados para conocer estas causas, lo que ha permitido un avance constante de la justicia y un retroceso de la impunidad.
En este contexto, los firmantes estimamos un deber efectuar esta presentación, solicitando a los senadores que resolverán en definitiva que hagan prevalecer el Estado de Derecho y no se sumen a la infamia cometida contra uno de los mejores jueces que ha tenido la República en los últimos 30 años.
FIRMAN
Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados, Filial Iquique
Corporación de Ex-Presos Políticos de Pisagua
Corporación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de Tarapacá
Comisión Chilena de Derechos Humanos, Filial Iquique
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de La Serena
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Osorno
Londres 38, espacio de memorias
Anejud se pronuncia ante la aprobación de la acusación constitucional conjunta contra Vivanco y Muñoz
La Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial de Chile (Anejud), representada por su presidente Nicolás Santibáñez, se manifestó el pasado 09 de octubre, respecto a la aprobación de la acusación constitucional conjunta contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, ministros de la Corte Suprema.
“Lamentamos esta situación y reprochamos con total convicción cualquier acto que manche la transparencia de nuestras instituciones judiciales”, señaló Santibañez. “Este tipo de situaciones afectan gravemente la imagen de quienes trabajamos día a día para garantizar la justicia en el país, en especial de los más de 8 mil empleados y empleadas del Poder Judicial que laboran en las unidades judiciales a lo largo de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas.
En medio de la situación, la asociación gremial reiteró que se encuentra observante del desarrollo de la investigación en curso, conocida como el “caso audios”, y pidió que se limpien las instituciones afectadas por este escándalo. “Queremos que se proteja la integridad del sistema judicial y que no se dañe la imagen de quienes, de forma honesta y profesional, administramos la justicia en Chile”, destacó el presidente de Anejud.
Además, Santibáñez subrayó que estos hechos refuerzan la necesidad urgente de una reforma estructural en el Poder Judicial. “Este modelo de administración de justicia, que es piramidal/ colonial que data del siglo XIX, no se sostiene más. Los hechos recientes demuestran que es necesario replantear el sistema para asegurar que la justicia sea transparente y accesible a todas y todos, sin privilegios ni influencias indebidas”.
Por último, desde Anejud también se enfatizó que esta crisis se suma a las demandas de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector. “No permitiremos que estas acciones ensucien las aspiraciones legítimas que tenemos por mejores condiciones laborales. Estamos convencidos que un Poder Judicial fortalecido en dotación y recursos, permitirá que la justicia llegue a tiempo y sin privilegios”, concluyó Santibáñez.
“Las 17 Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país, y los 465 tribunales de primera instancia que dependen de ellas, funcionan desde hace años con un déficit de dotación que pone en peligro la legitimidad, seriedad y la confianza por este poder del Estado”, enfatizó Santibáñez al tiempo, de señalar que el gremio seguirá de cerca la evolución del caso y mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos de sus afiliados y la mejora continua del sistema judicial en su conjunto