Un grupo de parlamentarios acusa “barbarie jurídica” en la destitución de Sergio Muñoz Gajardo como ministro de la Corte Suprema y piden la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en este caso.
En concreto, los diputados y diputadas, Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Gael Yeomans (FA), Alejandra Placencia (PC), Javiera Morales (FA), Carmen Hertz (PC) y Boris Barrera (PC), recurrieron a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, luego de que este miércoles el Senado aprobara la acusación constitucional presentada contra Muñoz.
La acción legislativa que presentaron los senadores de Chile Vamos y que fue respaldada por los legisladores del Partido Republicano, Partido Social Cristiano; el independiente Karim Bianchi y los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker, se basó en dos capítulos.
Con 27 votos a favor y 21 en contra, se aprobó el primer capítulo del líbelo que establece que «el acusado incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial».
Mientras que con 25 a favor y 23 en contra se refrendó el segundo capítulo que plantea que «el acusado incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional».
Tras este resultado, Muñoz resultó destituido de su cargo en el máximo tribunal del país e impedido de ejercer cargos públicos durante cinco años.
«Destitución de Muñoz es un acto de barbarie jurídica»
En el escrito presentado ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, los parlamentarios plantearon que en este caso, se produjo una “grave vulneración a los derechos humanos” debido a que “la destitución del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz por parte del Senado consolidó un procedimiento que tiene un grave vicio de origen, vulnerando principios jurídicos básicos como la responsabilidad personal, como también la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa”.
“El objetivo de esta denuncia es que la relatoría y la comunidad internacional registre esta grave persecución en contra de un juez, requiera información al Estado de Chile y emita un informe. La destitución de Muñoz por parte del Senado es un acto de barbarie jurídica y constituye una amenaza abierta a los jueces que aplicando el derecho afecten los intereses de grandes grupos económicos”, explicó el diputado Luis Cuello.
Por su parte, el diputado socialista, Juan Santana, inidcó que «la vulneración ha sido grosera».
«El Senado destituyendo a un juez porque no le gustaban sus fallos y la Cámara votando conjuntamente acusaciones distintas, olvidando que las responsabilidades son individuales”, señaló.
A juicio de Santanata “el deseo de destituir a un juez incómodo fue demasiada tentación para la derecha y el eco de las redes sociales permeo muy fuerte en el oficialismo».
«Espero que la ONU sea contundente en su rechazo a lo que acaba de pasar. La política no puede supeditar a los jueces, si lo hace, la democracia peligra», añadió.
En la misma líne, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que la destitución del juez Muñoz «sienta un precedente gravísimo para nuestro país».
«Acá no solo se acusó a un juez sin respetar las garantías constitucionales que tiene cada persona o el debido proceso, sino que abiertamente hay un Poder del Estado interfiriendo en otro (…) vimos senadores que para justificar su voto hacían referencia a la actitud o las sentencias de Muñoz, y nunca a los supuestos motivos acusatorios», manifestó.
Ratificó que recurrirán a «todas las instancias necesarias para revertir este hecho».