Temuco: Declaran culpables a 8 militares por apremios ilegítimos, torturas y simulación de fusilamiento durante estallido social

Declaran culpables a militares por apremios ilegítimos en Temuco durante estallido social: simularon fusilamiento

En un fallo clave, ocho militares, incluidos dos oficiales y un suboficial en retiro, fueron declarados culpables por apremios ilegítimos cometidos en octubre de 2019, al inicio del estallido social en Temuco, informó esta mañana, Radio Biobío.

La acusación, presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se centra en la detención de dos jóvenes durante una manifestación, quienes fueron llevados al cementerio municipal, donde los militares simularon un fusilamiento.

Ver también / A 5 años del estallido social: Menos del 1% de las causas de DDHH ha logrado justicia según Amnistía

El procedimiento abreviado se llevó a cabo ante el Juzgado de Garantía de Temuco. Los acusados, dos tenientes, tres sargentos y tres cabos del Ejército, detuvieron a los jóvenes el 22 de octubre de 2019, en medio de una protesta en la avenida San Martín. Tras esposarlos, los trasladaron en una camioneta al sector del Cementerio Municipal.

Según consigna Radio Biobío durante esta mañana: “Las víctimas denunciaron que los militares, tras detenerlos y subirlos esposados al pickup de una camioneta, los trasladaron al exterior del Cementerio Municipal de Temuco, junto a una planta distribuidora de gas, donde tras golpearlos con un fusil y maltratarlos, les ordenaron pararse frente a un cerco para simular su fusilamiento por la espalda, tras lo cual a uno le dieron un puntapié para que corrieran y escaparan”.

El INDH frente a estos graves hechos de violaciones a los derechos humanos, presentó una querella por secuestro y torturas, destacando la gravedad de los hechos.

La abogada del INDH, Pamela Nahuelcheo, señaló a Radio Biobío, la importancia de la investigación. “Desde el INDH valoramos la investigación realizada por el Ministerio Público, que permitió la recopilación de sólidos antecedentes, para fundar las imputaciones y que el proceso culminara de manera exitosa”, indicó.

Los militares implicados debieron pagar un millón de pesos a las víctimas como compensación por el daño causado. Además, estuvieron más de 500 días bajo arresto domiciliario y prisión preventiva, aunque estas medidas fueron cumplidas en un cuartel militar. Según informó Radio Biobío, esta reparación económica fue parte del acuerdo para arribar a una resolución abreviada del caso.

Finalmente, se espera que el próximo 23 de octubre se dicte sentencia contra los condenados. Durante esta audiencia, se determinará la pena que deberán cumplir y si se les aplicará la suspensión de cargos públicos como medida accesoria.