“Socava la independencia judicial”: Organización de trabajadores judiciales por AC que destituyó a Sergio Muñoz

OTJ denuncia graves irregularidades en acusación constitucional contra destituido ministro Sergio Muñoz y advierte sobre riesgos para la independencia judicial

El miércoles 16 de octubre, tras casi siete horas de discusión, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, quedando así inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.

En este marco, la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (OTJ) manifestó su preocupación ante esta acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz. Según la OTJ, las irregularidades en la forma y fondo del proceso son motivo de alarma y constituyen un peligroso precedente para la justicia en Chile.

«Como es de conocimiento público», señaló la OTJ, «los honorables Diputados realizaron una admisibilidad conjunta que involucraba a dos Ministros de la Corte Suprema: doña Ángela Vivanco, en relación al caso Hermosilla, y don Sergio Muñoz, en un caso que involucra a su hija». La organización denuncia que, a pesar de ser dos casos completamente distintos, tanto en las personas involucradas como en los hechos, ambas acusaciones fueron fusionadas, una decisión que califican como irracional desde el punto de vista jurídico y del sentido común.

Para la OTJ, este acto representa una clara transgresión al debido proceso, así como a las normas constitucionales y del derecho internacional. En su opinión, esta situación solo provocará que «el Estado de Chile sea sancionado nuevamente por cometer aberraciones jurídicas de esta magnitud».

La OTJ también enfatizó que el proceso estuvo marcado por irregularidades que iban más allá de los hechos imputados. «No importaban los argumentos, la racionalidad o quizás la veracidad de los hechos», expresó la organización, agregando que «primó el oportunismo, con vicios de forma, inhabilidades no realizadas y con un quórum dudoso».

Según la organización, esta situación es de extrema gravedad, ya que envía una señal de que los jueces deben actuar alineados con el poder. De lo contrario, «corren la suerte de ser acusados», advirtió la OTJ, lo que socava gravemente la independencia judicial y pone en riesgo el estado de Derecho en el país.