Por Fabiola Campillai
Todos recordamos con alegría la histórica marcha del 25 de octubre de 2019, una fecha que quedó inmortalizada como la manifestación más masiva que el país ha visto desde el fin de la dictadura.
Fueron calles llenas de banderas chilenas, mapuches y de diversas causas, decenas de cánticos, bailes, gritos y, sobre todo, con unión. Esa misma que muchos intentaron adjudicarse, incluso los mismos que días antes nos declararon la guerra y nos llamaron «un enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie».
Pero no habrá unidad mientras persista una brutal desigualdad y la única forma de construir unidad es eliminando las desigualdades que vive nuestra sociedad.
Sin embargo, cinco años después, ¿qué ha cambiado? Las fotos y discursos quedaron como un eco lejano, sin que se hayan resuelto las demandas que llevaron a millones a las calles.
¿Se han mejorado las pensiones? ¿Ha mejorado la calidad de la educación? ¿Existe hoy un sistema de salud digno? La respuesta es un rotundo NO tan grande como la bandera chilena que se desplegó aquel día.
Recordar esa gran marcha no es solo un ejercicio nostálgico para compartir recuerdos con amigos. Es un acto de reivindicación de las legítimas demandas que continúan resonando en cada sobremesa y que, a pesar del paso del tiempo, siguen esperando ser atendidas.
Así, como entonces, cuando los bailes y manifestaciones fueron apagados por la violencia institucional, hoy vemos cómo esas demandas han quedado relegadas por acuerdos políticos que, sin el mandato de la gente, impulsaron un plebiscito de entrada que ahora cumple -coincidentemente- cuatro años.
La falta de justicia también es evidente. El pasado 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reveló una realidad desalentadora: solo 42 de las 3.233 querellas por violencia estatal han recibido una sentencia condenatoria. Esta cifra refleja una deuda pendiente y una herida abierta que sigue doliendo en el corazón del país.
Son estas más de tres mil razones las que nos impulsan a retomar las demandas por justicia social y a exigir justicia real, concreta e integral ante las violaciones sistemáticas a los DDHH por parte del Estado de Chile: exigir Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
Es el momento de reclamar lo que nos corresponde y de seguir adelante con el mismo espíritu que llenó las calles hace cinco años.
Conscientes de esta gran deuda histórica que tenemos como país, hemos convocado a una Mesa por una Vida Digna. En colaboración con agrupaciones de derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, estamos construyendo un proyecto de ley de Reparación Integral.
Principalmente, esta iniciativa busca dar respuesta a las víctimas, quienes no deben cargar con la responsabilidad de lo sucedido; es el Estado quien tiene que rendir cuentas por el actuar de sus agentes.
El camino ha sido largo y doloroso; muchas víctimas han partido sin obtener justicia. Es por ellas, por sus familias y por todos aquellos que sufrieron la violencia del Estado que hoy alzamos la voz y exigimos lo que nos corresponde: Reparación Integral, Justicia y Dignidad.
Por Fabiola Campillai
Fuente fotografía
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