Una auditoría exhaustiva de la Contraloría General de la República expuso serias fallas en la gestión de trasplantes de órganos en Chile, especialmente en el orden de prioridad de las listas de espera. Tras revisar los hospitales San Juan de Dios en Santiago, Carlos Van Buren en Valparaíso y Hernán Henríquez Aravena en Temuco, el informe final reveló que 84 pacientes, quienes debían recibir un trasplante según las normas, no fueron beneficiados sin justificación alguna. Ante esta situación, Contraloría instruirá los sumarios necesarios para identificar y sancionar a los responsables.
Entre las irregularidades, destaca la existencia de “autorizaciones privilegiadas” para trasplantes en el Hospital Clínico UC Christus. La investigación señaló que el coordinador nacional del programa, quien también se desempeña como médico hepatólogo en dicho centro, mantenía una “comunicación directa y privilegiada” para autorizar trasplantes entre personas vivas, pese a los requisitos de consanguinidad o afinidad. Esta situación se sumó a la falta de acreditación del parentesco en dichos trasplantes, ya que ni el hospital ni la Coordinación Nacional de Donación y Trasplante (CNPT) disponían de la documentación necesaria.
Otra anomalía importante se encontró en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad, que entre julio de 2022 y abril de 2023 realizó extracciones de órganos sin autorización sanitaria, omitiendo notificar al Ministerio de Salud sobre posibles donantes y sin una coordinación adecuada en la gestión de donaciones. Adicionalmente, en el Hospital Carlos Van Buren, la unidad de trasplante renal cerró por 245 días en 2022 y 115 en 2023, realizando solo un trasplante en este periodo, a pesar de tener 84 personas en lista de espera.
La falta de especialistas en urología y problemas logísticos fueron citados como causas de estos cierres, los cuales afectan a un grupo que, al 24 de enero de 2024, cuenta con 1.923 personas esperando un trasplante renal, siendo esta la lista más larga y con tiempos de espera más prolongados.
La Comisión Nacional de Trasplantes, encargada de garantizar la igualdad de acceso, tampoco ha sesionado en los últimos años, a pesar de que en 2017 ya se advertía la necesidad de su funcionamiento regular. Además de los sumarios disciplinarios, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá implementar medidas de control para asegurar la transparencia en el proceso de trasplantes y, junto con el Instituto de Salud Pública, hacer un seguimiento mensual al sistema de gestión.