Cómo Julio Ponce Lerou se hizo dueño de Soquimich

La historia no contada de cómo Julio Ponce Lerou se hizo dueño de Soquimich, una empresa clave que fue de todos los chilenos.

Gran sorpresa fue para los agentes de la Corfo que en julio de 1988 debían recibir como parte de una primera cuota de un préstamo una grey de 670 vaquillas reproductoras Hereford. En vez de las recias vacas de amplio tórax y abdomen de la raza inglesa, recibieron un hato de vaquillas contaminado con brucelosis bovina cuyo único destino era el sacrificio. Además, los funcionarios de la Corfo debieron hacerse responsables del traslado, cuidado y gestión de los animales. Se trataba de la primera cuota de un préstamo por 135 mil UF que había vencido un año y dos meses atrás. El pago en animales enfermos significó una pérdida para la Corfo de mil 737 millones de pesos.

La otra parte del pago también resultó un fiasco para el patrimonio público. Se trató de un conjunto de parcelas cuyo precio fue sobretasado por funcionarios de la Corfo al momento de aceptarlas como reembolso. Así, un lote que habían sido comprados por 3.100 UF, dos meses después fueron tasados por la agencia estatal en 17.076 UF. Un predio en Conchalí, cuyo avalúo fiscal era de 640 UF, fue tasado por Corfo en 13.255 UF. Otro caso fue el de un conjunto de parcelas en Maipú, cuyo avalúo era de 6.000 UF, pero que fue tasado por Corfo en 80.665 UF. En este caso las pérdidas para el Estado, calculadas años después, se estimaron en 575 millones de pesos.

Los préstamos habían sido pedidos por la Sociedad Ganadera Monasterio, conformada por los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou, quienes desde 1984 venían recibiendo créditos de la Corfo. El solidario apoyo del Estado a su fortuna se puede explicar porque Julio Ponce fue desde junio de 1979 gerente de empresas Corfo y, desde abril de 1983, gerente general. Una llegada directa a puestos de mando y un rápido ascenso que no eran habituales para el hijo de un médico de La Calera, con el título de ingeniero forestal y con la mera experiencia de director de aserraderos. Su fortuna amasada en los años previos ya había generado gran molestia en el empresariado chileno. De hecho, uno de los suyos se preocupó de hacer saber al periódico alemán Die Welt, en enero de 1983, que a sus pares les costaba entender cómo había crecido la fortuna de alguien que “hace algún tiempo era un simple empleado público, posición que en Chile siempre ha sido mal pagada y a través de la cual nadie ha llegado a ser millonario”.

Este nuevo ejemplar en el coto de caza de los ricos de Chile sin embargo venía con un fuerte respaldo: estaba casado con Verónica Pinochet Hiriart, hija del dictador, quien lo tuvo en alta estima al considerar en su yerno un emprendedor a diferencia de sus estólidos hijos varones. Con Julio Ponce era otra cosa, podía proyectar buenos negocios para sus nietos, así como también había demostrado su capacidad para emprender de manera rápida y sin miramientos la tarea histórica encomendada por los neoliberales a Pinochet, que era el desmantelamiento del Estado chileno.

DE LA CORFO A LOS NEGOCIOS GANADEROS Y FORESTALES

A casi un año de consumado el golpe de Estado, Pinochet llamó a Julio Ponce para asumir la dirección ejecutiva de Conaf, cargo al que sumó luego la presidencia de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco (1978), la dirección ejecutiva de Inforsa y la jefatura de Industrias Forestales de Corfo. En 1975 lo tenemos presidiendo el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, uno de los más ricos en reservas forestales del país, en donde estuvo hasta 1982.

Dichos cargos le despertaron rápidamente el apetito por la industria forestal y ganadera, fundando el octubre de 1980 la Sociedad Ganadera y Forestal Martell Ltda., a la par que siguió rotando por cargos de empresas públicas. Así, abandonó Conaf el mismo año, para asumir la presidencia en la Compañía de Teléfonos, en la Industria Azucarera Nacional (Iansa, creada por Corfo en 1952), al mismo tiempo que en el directorio de Enami asumió la presidencia en 1981 del directorio de Endosa y, en abril de 1983, la gerencia general de Corfo.

Ponce también se hizo con la propiedad de los fundos El Pafufú y Río Bonito, los que suman 1.810 hectáreas, tras presionar por su venta a sus dueños Eustaquio Proboste y su esposa Ivonne Furet, para ser vendidos en 18 millones de pesos, con un pago de tres millones como pie y el resto a 90 días. Luego de ese pago, el matrimonio tuvo que emprender acciones legales contra el yerno de Pinochet para que éste desembolsara el dinero adeudado. La respuesta de Ponce fue armar un intrincado enredo legal con el abogado Pablo Rodríguez para incapacitar a Proboste en la pelea del contrato.

En un reportaje de la revista Hoy de agosto de 1983 del periodista Mauricio Carvallo sobre las andanzas de Ponce en el sur, el presidente de la Saval de Temuco, Paco Fernández, contó que había suficiente documentación sobre compras irregulares hechas en la época por el yerno de Pinochet, siendo considerado en esos años el más poderoso agricultor y ganadero del país. De hecho, según relató el periodista, un granjero de Malihue al escuchar su nombre se pudo a temblar. La crónica también contó que, para los agricultores y ganaderos, Ponce era considerado el más poderoso del gremio en el país, manteniendo el monopolio en la provisión de carnes al supermercado Unimarc al arrendar todos los carros frigoríficos y así evitar la competencia.

Otra de sus andanzas fue el alquiler del fundo Quenchumalal (9 mil ha) de propiedad de la Caja de Empleados Públicos, quienes estuvieron obligados a aceptar un arriendo de 20 mil pesos mensuales por un predio cuyo avalúo fiscal en la época era de 15 millones.

Tamaños escándalos despertaron reproches de altos sostenedores de la dictadura, como el abogado Ricardo Claro, a quien se atribuye haber financiado la edición y circulación de un escrito anónimo a mediados de 1983 entre los altos mandos de las FFAA, en el que se contaba el rápido y oscuro enriquecimiento de Ponce. Por su parte, Carlos Podlech, dirigente de productores de trigo, emplazó al yerno de Pinochet a presentar su inventario de bienes.

El escándalo fue tan grande que no le quedó otra que renunciar a Corfo.

LA PRIVATIZACIÓN DE SOQUIMICH

El paso por Corfo y varias empresas estatales le permitió a Ponce calcular buenos negocios de la mano del proceso privatizador de las empresas públicas creadas a lo largo del siglo XX y emprendido por la dictadura. Ahora el interés ya no estaba en la ganadería, sino que en los minerales poniéndole el ojo a Soquimich, una empresa nacionalizada en la época de Allende que aún mantenía las explotaciones de salitre natural y yodo en las viejas salitreras nortinas como María Elena o Pedro de Valdivia. Ponce fue presidente de la compañía estatal entre 1980 y 1983.

Un balance de la revista Estrategia de agosto de 1988 destacaba a Soquimich en el puesto Nº 12 de las empresas chilenas que más habían crecido en rentabilidad entre junio de 1983 y junio de 1988.

El proceso privatizador de la dictadura fue desarrollado en varias etapas, siendo acelerado en 1987 y después del plebiscito de 1988. Un actor clave fue Hernán Büchi, quien fue presentado a Ponce por su compañero de carrera, Patricio Contesse, a fines de la década de 1970, coincidiendo después en el directorio de varias empresas encaminadas a ser enajenadas. El proceso con Soquimich se inició el 18 de marzo de 1983, cuando fue inscrita como sociedad anónima abierta en la Superintendencia de Valores. Cuatro meses después, se comenzó a transar el 30% de su propiedad a través de acciones en propiedad de Corfo (99,99%) y Endesa (0,001%). La venta de las acciones fue una orden expedida mientras Ponce era gerente general de Corfo y presidente de Soquimich. Uno de los compradores fue Juan Rasmuss, empresario minero socio de Ponce, quien adquirió un 0,82% del primer grupo de acciones vendidas, las que equivalían al 1,3% del total.

Los siguientes años se fue ampliando más la participación privada en la propiedad de SQM, siendo ampliada en 1986 al 49% y para el año siguiente en un 87 por ciento.

Para vencer la resistencia a la enajenación del patrimonio público por parte de los trabajadores, el ministro de Hacienda, Hernán Büchi, y el gerente general de la época, Eduardo Bobenrieth, diseñaron una estrategia que aprovechó una negociación colectiva con los trabajadores, quienes exigían una gratificación fija y, en caso de haber utilidades, un monto de ésta. La oferta, en cambio fue, el pago en acciones de la empresa en proceso de privatización, con la narrativa del capitalismo popular que invitaba a los trabajadores a ser propietarios de las mismas empresas. Los operarios así pasaron a ser dueños del 4,2% de Soquimich con la promesa de que las acciones valdrían el triple en el futuro. Por su parte, Bobenrieth constituyó la Sociedad Pampa Calichera, el 25 de noviembre de 1986, en base a las acciones compradas por los ejecutivos, con un 12,34% a diciembre del año siguiente.

El primer asalto de Ponce fue tomar el control de Pampa Calichera. Ponce y sus hermanos acabaron con el 17,5% de la propiedad a través de las Sociedad de Inversiones Oro Blanco, ocupando así dos directorios. Pero querían más.

La estrategia de crecimiento fue al estilo de las mafias. En mayo de 1987 reapareció Ponce como director de Soquimich. En la primera semana de abril los trabajadores comenzaron a ser presionados por los mandos ejecutivos y supervisores al interior de las faenas. A la par, sujetos no identificados y de lentes oscuros aparecieron en los campamentos de las oficinas salitreras para presionar a los funcionarios para que vendiesen sus acciones u otorgaran poderes a algunas personas para la votación en la próxima junta de accionistas. Según denunciaron en tribunales locales la Federación Nacional de Sindicatos del Salitre y las Filiales Nº 3 de Soquimich, hubo amedrentamientos en las oficinas de Pedro de Valdivia, María Elena, Tocopilla y Antofagasta. El reclamo de los dirigentes sindicales sostuvo que “ingresaron a las faenas y mediante presión de amenaza de despidos, de jefes y supervisores, obligaron a una gran cantidad de trabajadores a firmar estos dobles traspasos en blanco”.

Una vez tomado el control de Pampa Calichera la convirtió en una sociedad de inversiones, aumentando la participación en Soquimich y gestionó nuevos créditos.

Para consolidar el control de Pampa Calichera, Ponce comenzó a comprar acciones por sobre su valor para después congelar su precio. Esta vez, su ex socio Bobenrieth le plantó cara doblando la oferta por las acciones. La respuesta del directorio, manipulado por Ponce, fue subir aún más el precio de las acciones. Sin embargo, pese a la promesa del alto precio, en abril de 1990 los trabajadores que aceptaron vender fueron obligados a firmar documentos en blanco, en los que no se especificaba el precio.

Según los periodistas Víctor Osorio e Iván Cabezas, autores de ‘Los hijos de Pinochet’, se calculó en 10 millones de dólares el valor de los traspasos firmados en blanco.

En 1987 Ponce fue electo presidente del directorio de Soquimich. A través de la Sociedad Pampa Calichera tenía un 17,78% de la propiedad.

Otra operación de Ponce, aprovechando su influencia en la dictadura, fue el traspaso de la propiedad de los yacimientos mineros desde Corfo a Soqumich. La estatal fue encomendada en marzo de 1988 a asegurar legalmente la propiedad minera sobre yacimientos importantes de salitre y yodo en la Iª y IIª Región. Luego Corfo transfirió directamente y sin licitación previa a un precio de ocho millones de pesos estas propiedades mineras a Soquimich, acaparando así más de 93 mil hectáreas con yacimientos en Pedro de Valdivia y María Elena.

En 1991, a través de Oro Blanco, los hermanos Ponce controlaban el 54,47% de las acciones de Pampa Calichera, su cabeza de playa para controlar Soquimich, cuyo 19,5% pertenecía a Pampa Calichera.

Una investigación de las privatizaciones hecha por el parlamento chileno en 2004, calculó que entre los años 1985 y 1989 las privatizaciones significaron una pérdida de 2.223 millones de dólares para el patrimonio de todos los chilenos.

LAS CAMPAÑAS DE LOS AMIGOS Y DE LOS ENEMIGOS

Tras saquear el patrimonio público y ad portas del plebiscito de 1988, Ponce se la jugó por asegurar la continuidad de su suegro, siendo uno de los más grandes donantes a la campaña del Sí. El periodista Manuel Salazar cuenta que pocos días antes del plebiscito de 1988 se vio a directivos de Soquimich en Santiago y en las salitreras repartiendo volantes y convocando a reuniones en las que se amenazaba con las penas del infierno para quienes votaran por el No. Incluso Ponce aseguró a Pinochet que el Sí sería mayoría en la zona salitrera. Su apuesta fue sobre la base de promesas de premios y castigos a quienes votaran en contra del dictador.

Pese al esfuerzo, el No arrasó en la pampa. El castigo de Ponce fueron despidos masivos en las oficinas salitreras.

En su paso por las empresas públicas y luego por Soquimich, Ponce se rodeó de incondicionales que hasta hace poco mantenía en cargos claves de la minera. Es el caso de Patricio Contesse, compañero de Ingeniería Forestal y que lo acompaña desde que estuvo en Inforsa, en 1975, siendo el principal asesor de Ponce en el periplo por las empresas estatales. Luego de pasar por Laboratorios Chile, la CAP y varias otras empresas públicas, Contesse acabó en las postrimerías de la dictadura siendo presidente ejecutivo de Codelco, en enero de 1989.

Entre los funcionarios que se privatizaron con Ponce figura el brigadier de Ejército, Guillermo Letelier, ex vicepresidente de Corfo y posterior director de Famae, quien en 1992 figuraba en el directorio de Sociedad Electromaestranza, una filial de Soquimich. También han pasado por los directorios de SQM, su socio Juan Rasmuss, los ex ministros de Pinochet, Pablo Baraona Urzúa, Sergio de Castro y Enrique Valenzuela; los economistas Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga y Juan Carlos Méndez.

Ponce también es próximo del ministro de Hacienda a cargo de empujar el proceso privatizador, Hernán Büchi, quien le fue presentado por Contesse. Con Büchi compartieron directorio en Endesa a fines de los setenta y tras la derrota en el plebiscito; de este núcleo surgió la candidatura de Büchi a presidente en 1989, siendo Ponce el principal financista de la campaña. Tras la derrota, vuelve a aparecer el ex ministro en el directorio de SQM en 1992.

EL SPONSOR DE LA JOVEN DEMOCRACIA

Tras el ascenso de la Concertación al gobierno, Ponce cambió radicalmente su estrategia para que no fuese revisada su propiedad de Soquimich y los salares del norte grande, comenzando así a establecer contactos con los nuevos habitantes de La Moneda. Uno de los primeros pasos fue cambiar la marca de Soquimich a SQM, adaptándola a la época de las grandes corporaciones.

Su primera aproximación fue a Genaro Arriagada, mano derecha Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien fue electo presidente en 1993. Y todo indica que fue un acercamiento exitoso. En el gobierno del demócrata cristiano quedaron atrás las denuncias hechas por su hermana, la también senadora Carmen Frei, quien tras visitar las salitreras de Soquimich volvió consternada a Santiago diciendo que en dichos lugares “tratan a los trabajadores como esclavos”. Una visita posterior de ambos hermanos fue recibida con maderos en la pista de aterrizaje y camionetas de civiles no identificados que siguieron la comitiva de los senadores. Al final acabaron en una reunión semiclandestina con apenas 20 militantes de la Democracia Cristiana, quienes le detallaron las condiciones de explotación y control desplegadas por Ponce en las salitreras.

No hay datos de los aportes de empresarios a los políticos en esa fecha, pero pese a dicha animosidad una vez como presidente, en 1995, Eduardo Frei renovó la concesión de explotación del salar de Atacama a Ponce Lerou hasta 2030 a través de un opaco mecanismo. Se estableció una cifra de extracción que no superara las 180 mil toneladas litio a cambio del pago de una renta fija de cinco mil dólares al año y un porcentaje de las ventas del mineral calculadas por la misma SQM y que, obviamente, nadie se preocupó de fiscalizar.

En el segundo intento de Eduardo Frei de llegar a La Moneda, en 2009, aparecieron datos concretos de los aportes de Ponce en boletas pagadas por SQM a través de su estrecho colaborador Pedro Yaconi y la contadora Clara Bersán.

Otros contactos claves con el mundo concertacionista fueron a través del abogado Darío Calderón, amigo de décadas de Julio Ponce y a través del dueño de la Revista Hoy, el filósofo demócrata cristiano Marcelo Rozas, quien a cambio de financiamiento dio espacio en sus páginas para blanquear la figura de Ponce ante el mundo concertacionista.

Con los siguientes gobiernos socialistas, la estrategia de Ponce fue reclutar los servicios del lobista Enrique Correa, haciendo así a SQM cliente de la consultora Imaginacción, lo que le abrió las puertas a los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

En la investigación derivada del financiamiento ilegal de la política, fueron detectadas 4.865 boletas o facturas escondidas en los registros y memorias de SQM, que corresponden a la empresa Imaginacción Asuntos Públicos Correa & Correa. Según la periodista María Olivia Monckeberg, Imaginaccion recibió entre 2009 y 2013 un total de 877 millones de pesos. De esa suma, la mayor parte se facturó en 2013, cuando aparece con 545 millones de pesos en las boletas.

La periodista observa que la cifra es muy alta para corresponder solamente a una asesoría.

De igual modo, Ponce apoyó las campañas de Sebastián Piñera, aportando casi un millón de dólares a su primera contienda presidencial a través de facturas falsas entre Pampa Calichera y Chilevisión, cuando era de propiedad del expresidente.

Para la segunda campaña de Bachelet, el aporte de Ponce Lerou fue de un monto estimado en casi 205 mil millones de pesos. Dos boletas detectadas en la investigación que alcanzó a hacer la Fiscalía antes de ser parada por órdenes superiores, dan cuenta de que el dinero fue entregado a través de la Empresa Asesorías en Gestión Limitada, en donde aparece la misma contadora DC, Clara Bersán. Realizados en octubre de 2009 y febrero 2010, fueron por un monto de 92.750 millones de pesos.

Los dineros habían sido acordados con el tesorero de la campaña de la candidata de la Nueva Mayoría, Jorge Rosenblut, y el gerente general de SQM, Patricio Contesse.

Un informe contable de la minera registró el pago entre 2009 y 2015 a 156 personas próximas a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Investigado por los aportes ilegales a políticos en la campaña presidencial de 2013, Patricio de Solminihac, gerente general de SQM, dijo ante la Fiscalía que “la cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de US$ 1 millón y menos de US$ 10 millones”.

Según contó ante la Fiscalía la secretaria de Patricio Contesse, pasaron por la oficina del gerente general de SQM Pablo Longueira, Jovino Novoa, Marco Enríquez-Ominami, entre varios otros. Además, se supo de aportes de SQM a las campañas de los senadores nortinos Jorge Pizarro, Fulvio Rossi y Jaime Orpis. El propio Ponce Lerou acostumbraba llevar en su avión particular a las oficinas de SQM en María Elena a los senadores Pizarro, Pedro Araya y hasta la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

Según el Servicio de Impuestos Internos, SQM hizo llegar 7,5 millones de pesos a la candidatura senatorial de 2009 de Joaquín Lavín.

Investigaciones realizadas en 2015 mostraron que SQM habría invertido siete mil millones de pesos en campañas políticas.

Otra forma de corromper la política ha sido la integración en los directorios de la compañía de actores estratégicos pertenecientes a los partidos de gobierno. Así, para enfrentar el caso Cascadas puso al abogado socialista, Hernán Contreras Molina, y al ex ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet, el demócrata cristiano Alejandro Ferreiro Yazigi, en el directorio de Norte Grande. En el directorio de Nitratos instaló al amigo de Ricardo Lagos, Fernando Bustamante.

TODO QUEDA EN FAMILIA

Además de los incondicionales amigos, Ponce acostumbra meter a la familia en los negocios. En 1981, a la cabeza de Soquimich, puso en el departamento de Ventas a su hermano Eugenio, quien en democracia pasó a integrar los directorios a través de los cuales Ponce fue difuminando su propiedad sobre SQM: Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos de Chile y Potasios de Chile. Eugenio Ponce fue parte de los directorios de todas esas sociedades, además de otra fuera de Chile, como Nitratos Naturais en Brasil, Nitrate Corporation of Chile en Inglaterra, Chilean Nitrate Corporation en Estados Unidos, Nitrates Sales International en Bélgica y varias otras subfiliales de SQM.

Con su otro hermano, Gustavo, armó la sociedad Compañía de Inversiones Agroforestales FRAJ Ltda, luego de que éste se desempeñara como representante diplomático en Japón, ganando la licitación de la hacienda Nueva Etruria (11 mil ha) de Conaf. A su padre, Julio Ponce Zamora, lo metió como comprador en la primera ronda de venta de acciones de SQM.

Sin embargo, hoy Julio Ponce está viejo, tiene 78 años. En 2030, para cuando vence la concesión del Salar de Atacama, tendría 84 años. Su jubilación anuncia la entrada en escena de los nietos de Pinochet.

Julio Ponce junto a Verónica Pinochet Hiriart tuvieron cuatro hijos: Julio César Ponce Pinochet, primogénito que ya estuvo en los directorios de sociedad Pampa Calichera y en el de Potasios de Chile; Francisca Lucía Ponce Pinochet, quien integró directorios de Pampa Calichera y Oro Blanco; y el tercero, Alejandro Ponce Pinochet también integró directorios de las empresas de su padre. Todos de igual modo aparecieron involucrados en las cuentas del Banco Riggs de Daniel López, es decir, su abuelo: Augusto Pinochet.

Por Mauricio Becerra R.

FUENTES

Víctor Osorio; Iván Cabezas. Los hijos de Pinochet. Editorial Planeta, Santiago, 1995.

Maria Olivia Mönckeberg. El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Ediciones B, Santiago de Chile, 2001.

Maria Olivia Mönckeberg. La máquina para defraudar: Los casos Penta y Soquimich. DEBATE, Santiago, 2015.

Manuel Salazar. Todo sobre Julio Ponce Lerou. De yerno de Pinochet a millonario. Santiago, Uqbar, 2015.

Daniel Matamala. Poderoso caballero. El pe$o del dinero en la política chilena. Catalonia – Ediciones UDP, Santiago, 2015.

Víctor Cofré. Ponce Lerou: Pinochet. El litio. Las cascadas. Las platas políticas. Catalonia-Ediciones UDP, Santiago, 2019.

Carlos Tromben, Ignacio Schiappacasse. Todo Legal. Planeta, Santiago, 2022.