La crisis de la democracia representativa en Chile: desafíos, desafección y corrupción

La crisis de la democracia representativa en Chile se refleja en bajos niveles de participación ciudadana forzados con voto obligatorio.

La gente cree cada vez menos en los partidos políticos, la gente tiene apatía y acumula rabia contra un sistema injusto y corrupto.

En las últimas dos décadas, la democracia representativa en Chile ha enfrentado un cuestionamiento profundo, una crisis de legitimidad. El estallido social de octubre de 2019, es entre otros el resultado de la falta de empatía de la institucionalidad y de la democracia representativa para interpretar y dar solución a las demandas de la ciudadanía.

Tras el reciente fracaso del proceso constituyente, el país ha visto crecer un malestar generalizado hacia sus instituciones y representantes. Este descontento ha puesto de relieve una crisis de legitimidad que se manifiesta en bajos niveles de participación electoral- que solo aumentó con el regreso del voto obligatorio- altos índices de votos nulos y blancos, y en un desencanto que se ha visto profundizado por casos de corrupción en la clase política y el poder judicial, que han minado la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

En octubre de 2019, Chile experimentó un estallido social sin precedentes. La acumulación de injusticias sociales, la precariedad laboral, la desigualdad económica y el aumento del costo de vida llevaron a millones de chilenos a las calles para exigir cambios estructurales. Las movilizaciones no solo demostraron insatisfacción con el gobierno de turno, sino también una desconfianza generalizada hacia las instituciones y la clase política, acusada de corrupción y falta de transparencia en su gestión.

La consigna “no son 30 pesos, son 30 años” sintetizó un malestar profundo, dirigido no solo a una medida específica, sino a décadas de políticas percibidas como privilegiadas para unos pocos. Para muchos, los escándalos de corrupción en la política chilena —como el caso Penta, el caso SQM, entre otros— han contribuido al deterioro de la confianza en la democracia representativa, donde las decisiones parecen estar en función de intereses económicos particulares más que de las necesidades de la ciudadanía.

El descontento hacia los representantes y partidos políticos también se ha visto reflejado en los resultados de los procesos electorales. La participación en las elecciones presidenciales de 2021 apenas alcanzó el 55.6%, lo que significa que casi la mitad del electorado no se movilizó, reflejando una apatía significativa hacia el sistema democrático. Este dato es consistente con la baja participación en otras elecciones clave, como las elecciones municipales de 2021, que tuvieron solo un 43% de participación.

La desafección hacia la clase política también se observa en la cantidad de votos nulos y blancos, que reflejan una actitud de desencanto o protesta.

Cabe recordar que con reglas de inscripción automática y voto obligatorio, la elección de representantes para el Consejo Constitucional de mayo de 2023 hubo un porcentaje de nulos y blancos que alcanzó un 21,54%.

Por su parte, las elecciones Municipales y Regionales 2024 mostraron un alto porcentaje de votos nulos y blancos en el sufragio para concejales y CORE, rondando el 25%, mientras que en el caso de gobernadores y alcaldes superaron el 10%.

Estos índices revelan un descontento profundo hacia una clase política percibida como corrupta y alejada de la realidad social. Los escándalos de corrupción, sumados a la percepción de que los representantes no abogan por los intereses ciudadanos, contribuyen a la crisis de confianza en las instituciones democráticas, evidenciando la crisis de la democracia representativa en Chille.

Uno de los elementos que ha afectado gravemente la democracia representativa en Chile es la sucesión de casos de corrupción en la clase política. Escándalos como el caso Penta, en el que se investigó a un grupo de empresarios y políticos por financiamiento ilegal de campañas, y el caso SQM, donde se revelaron irregularidades en las donaciones a figuras políticas a cambio de favores legislativos, pusieron en evidencia el nexo entre el dinero y la política en el país.

El reciente caso Hermosilla, rebautizado como caso Audios amplió el manto de duda en nuestra institucionalidad, ahora sobre el poder judicial.

Estos casos no solo afectaron a partidos de un sector específico, sino que involucraron a representantes de todo el espectro político, generando una percepción de corrupción sistémica en la política chilena. Esta situación ha contribuido al distanciamiento de la ciudadanía de sus representantes, ya que se percibe que quienes detentan el poder responden a intereses económicos antes que al bienestar social.

El impacto de estos escándalos ha sido significativo. Según encuestas de su momento, el 78% de los chilenos consideró que la corrupción es un problema grave en la política del país, y más del 60% de los ciudadanos expresa poca o ninguna confianza en el Congreso y en los partidos políticos. Esta percepción de corrupción ha llevado a un deterioro de la legitimidad de las instituciones y ha erosionado el pilar fundamental de la democracia representativa: la confianza de la ciudadanía en sus representantes.

El desafío principal de la democracia chilena radica en recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la capacidad del Estado para atender sus demandas. Para ello, es fundamental avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas, y fortalecer la fiscalización sobre los representantes y sus vínculos con el sector privado. El endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción y la creación de organismos independientes de fiscalización podrían ser pasos importantes en esta dirección.

La implementación de mecanismos de democracia directa, como plebiscitos y consultas populares, es una opción que ha sido planteada como complemento a la democracia representativa. Sin embargo, estos mecanismos deben ir acompañados de procesos de educación cívica y participación inclusiva para evitar que sean cooptados por intereses particulares o polarizaciones extremas.

Asimismo, se hace necesario revisar las estructuras de financiamiento y regulación de los partidos políticos para combatir la influencia del dinero y reducir la percepción de corrupción en la política. Solo así se podrá garantizar una representación más fiel de los intereses de la ciudadanía y evitar que el poder económico siga influyendo en la agenda legislativa y gubernamental para frenar así la crisis de la democracia representativa en Chile.

El Ciudadano