Las mujeres que viven en mayor precariedad económica también son más susceptibles a enfrentar situaciones de extorsión sexual a cambio del acceso al agua. Así lo establece un informe del investigador Alberto Arriaga entre 600 mujeres de las delegaciones Iztapalapa Y Xochimilco, de la CDMX.
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Esta investigación, impulsada por la Red de Agua UNAM, fue difundida el pasado 28 de octubre por la periodista Sandra Hernández García en el periódico La Jornada, y retomada el viernes 8 de noviembre por el antropólogo social Claudio Lomnitz durante su participación en el foro «Agua y Derecho«, en en el marco del IX Encuentro Libertad por el Saber «Agua y vida», organizada por el Colegio Nacional.
Entre los datos que Sandra Hernández rescata de la Red de Agua UNAM, resalta que 5 de cada 100 mujeres en vulnerabilidad entrevistadas se han visto coaccionadas -debido a su falta de liquidez financiera- a intercambiar sexo por agua. Además, del citado universo de investigación, «50 por ciento ha vivido violencia sexual por parte de los operarios de las pipas». Por si esto fuera poco, mientras que los sectores económicamente dominantes (con ingresos superiores a 70 mil pesos mensuales) no gastan más de 1 por ciento en acceso al agua, los segmentos sociales más precarizados financieramente (hasta 4,500 pesos de percepción mensual) gastan 8 por ciento de sus percepciones en agua.
Estos son apenas dos ejemplos concretos de la diferenciación del impacto del estrés hídrico en extremos diferentes del espectro socioeconómico mexicano.
«Agua pasa por mi casa, Cate de mi sobreexplotación»: industria aguacatera, robo de agua y crimen organizado en Jalisco y Michoacán
De acuerdo al informe presentado por Claudio Lomnitz con base en la revisión de materiales periodísticos, se encuentra ampliamente documentado el caso del robo de agua para el cultivo del aguacate en Michoacán, así como la explotación irregular de acuíferos y lagunas para dicho propósito, actividades todas ellas en las que existe participación directa del crimen organizado.
Un caso específico, no citado por Lomnitz, pero detectado mediante investigación hemerográfica de El Ciudadano México, es el caso del Lago de Pátzcuaro, cuya sobreexplotación irregular, aunada a las condiciones climáticas y a la deforestación, se calcula que ha generado la pérdida del 42% de la superficie original del lago. Este fenómeno tiene un impacto directo en el acceso al vital líquido por parte de las comunidades de Quiroga, Tzintzuntzan, Erongarícuaro y Pátzcuaro. (Diana Delgado, para Animal político, 18 de abril: Lago de Pátzcuaro pierde 42% de su superficie por el robo de agua, la sequía y siembra irregular).
De hecho, la dimensión del problema generado por el cultivo del aguacate en Michoacán es tal, que el mismo Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente del estado, declaró en su momento:
«En Michoacán ahorita, yo pienso que el tema ambiental más delicado, más grave, que tenemos es el cambio del uso del suelo indiscriminado por el cultivo del aguacate… [que] está poniendo cada vez más en riesgo nuestra biodiversidad, la provisión de agua y los bosques en el estado”.
Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente de Michoacán, citado en el informe «La expansión insostenible de la expansión aguacatera», Climate Rights International, noviembre de 2023
Como lo registra el informe «El saldo insostenible de la exportación aguacatera», informe elaborado en 2023 por Climate Rights International, tres de cada cinco aguacates que se consumen en Estados Unidos se cultivan en México, lo que genera una suma de 3, 000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, esta derrama financiera, además de no ser pareja su distribución en todos los sectores socioeconómicos, acarrea a los estados productores como Jalisco y Michoacán problemas tales como la deforestación, y la explotación inmoderada de todas las fuentes de agua, lo que ha repercutido en «consecuencias graves para las poblaciones locales, puesto que han contribuido a la escasez de agua y han incrementado el riesgo de deslaves e inundaciones letales».
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