Justicia ordena indemnizar a poblador que fue torturado por su discurso ante el Papa Juan Pablo II en 1987

El 17º Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $50 millones a Mario Mejías Huircán, poblador de Lo Hermida que fue secuestrado y torturado en 1987 tras pronunciar un discurso denunciando los crímenes de la dictadura ante el Papa Juan Pablo II.

El hecho ocurrió el 2 de abril de 1987. Mario Mejías llevaba más de 10 años trabajando en la Iglesia como catequista y profesor cuando se enteró de que el pontífice realizaría un encuentro con pobladores en el barrio La Bandera, al sur de Santiago.

Allí, en cadena nacional y frente a miles de personas, Mario pronunció el discurso que desató una ola de ovaciones y aplausos: «Le agradecemos su visita a Chile en este momento tan difícil. Creemos que usted tendrá un mensaje para que los poderosos dejen el orgullo y el egoísmo y nos dejen de matar en las poblaciones; que nos traten como hermanos de verdad. Y para nosotros los pobladores tendrá palabras de esperanza y unidad para poder tener un Chile con justicia y libertad, donde todos seamos hermanos».

Un mes después de pronunciar su discurso, durante la madrugada del 1 de mayo, Mario Mejías fue sacado de su hogar por un hombre armado con una metralleta. Lo arrojaron al interior de un auto y lo trasladaron hasta un terreno en El Salto, donde lo golpearon hasta darlo por muerto.

Tres años más tarde, Mario Mejías volvió a ser detenido mientras participaba en una protesta. Lo retuvieron durante 34 días en el calabozo de la penitenciaría hasta que finalmente obtuvo la libertad bajo fianza por resolución de la Corte Marcial.

Justicia ordena indemnización

Según determinó la justicia, los abusos por los cuales tuvo que pasar Mario Mejías constituyen “sendos actos ilegales y arbitrarios, detención ilegal, secuestro, golpes, apremios ilegítimos, vigilancia y hostigamiento, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, integridad física, libertad y dignidad”.

“Los perjuicios sufridos por el actor aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, provocando entre otras cosas, consecuencias considerables en el plano social, físico y mental, que son innegables”, señala el fallo.

Por lo anterior, el Juzgado sentenció al Fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 a la víctima por “las consecuencias que en su vida tuvo la violación a sus derechos humanos”.

“Reconociendo desde luego las falencias que tiene una indemnización en dinero para los hechos vivenciados por el actor, que solo por la vía de la compensación se pretende morigerar los efectos y secuelas de los mismos, se tendrá en especial consideración la entidad de las vulneraciones infligidas, así como gravedad de las consecuencias que en la vida del actor tuvo la violación a sus derechos humanos”, cierra la sentencia.