El Ministerio Público de España atribuyó a los implicados el delito de desorden público y solicitó privativa de libertad, por año y medio, para siete de los 44 estudiantes, quienes a juicio del organismo, incurrieron en delitos de lesiones. El caso lo lleva el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma de Mallorca. Reseñó Público.es que los estudiantes ingresaron a las instalaciones de la institución educativa para conversar con el entonces consejero de educación, Rafael Bosch.
Según la acusación, los jóvenes convocaron a la protesta sin el debido permiso de las autoridades gubernamentales. Los estudiantes por su parte, denuncian haber recibido agresiones por parte de algunos funcionarios. Durante los últimos años, el Gobierno español ha hecho duros recortes en los servicios sociales, la salud y la educación han sido uno de los ejes de esos tijeretazos.
Fuente: Librered.net
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