Adriana Rivas, exagente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y secretaria personal del general (R) Manuel Contreras, conocido como el «Mamo», busca impugnar el procedimiento de extradición que aprobó el gobierno australiano para que enfrente los cargos por los que fue imputada en Chile.
El proceso de extradición Rivas ha sido largo y lleno de obstáculos. Aunque la solicitud de extradición fue autorizada en 2019, la defensa ha presentado varias apelaciones, alargando el procedimiento.
El nuevo equipo legal de la mano derecha del «Mamo» Conteras, quien resultó detenida en Sídney desde 2019, presentóun recurso de apelación ante la Corte Federal de Nueva Gales del Sur.
El recurso presentado por el abogado Sean Baron Levi, ante la corte australiana tiene como objetivo evitar que cualquier fiscal, ministro u oficial entregue a Adriana Rivas a las autoridades chilenas.
Defensa de Rivas alega “doble criminalidad”
Según se pudo conocer, en la audiencia realizada el jueves, Baron Levi planteó al juez Michael Lee que no se cumple una de las condiciones del tratado de extradición, «el principio de doble criminalidad,».
El argumento principal planteado porel jurista apela a que, según el tratado, debería haber un acto criminal en Australia idéntico al presunto acto criminal en Chile.
Indicó que, aunque Rivas fue miembro de la DINA, el grupo pertenecía al gobierno de Pinochet en la década de 1970.
«En una ocasión (Rivas) estuvo presente mientras un individuo era sometido a un interrogatorio no coercitivo, nada que supusiera violencia. Esa conducta nunca podría satisfacer el delito de secuestro ni su equivalente en Australia», expuso.
Ante el juez Lee, Baron Levi señaló que que la acusada tiene problemas de salud que impedirían su extradición. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el padecimiento que podría sufrir y dijo que Rivas “ha solicitado que esos asuntos se mantengan confidenciales”.
Ante este argumento, el abogado que representa al gobierno chileno en el proceso de extradición, Trent Glover, dijo en la corte que se deberán evaluar las «pruebas médicas proporcionadas por su equipo legal».
Por su parte, la representante en Australia de los familiares de las víctimas en Chile, Adriana Navarro, dijo al medio australiano SBS Spanish que Rivas no puede impugnar el hecho de que ella es extraditable y que “la única impugnación que tenemos en este momento es si la ministra que tomó la decisión de entregarla a Chile tomó esa decisión conforme a derecho”.
“Pensamos que ese argumento no es muy fuerte”, planteó la abogada experta en derechos humanos.
Cabe recordar, que en un comunicado emitido el pasado miércoles 13 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile reafirmó su compromiso con la extradición de Adriana Rivas.
La Cancillería chilena destacó la alta prioridad que se le asigna a este proceso, tanto desde el punto de vista legal como en el marco de la persecución de crímenes de lesa humanidad.
“Nuestro país le asigna una alta prioridad a la extradición de la Sra. Rivas, tanto desde el punto de vista legal como en el marco de la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, indicó.
Sobre el proceso de extradición de la exagente de la DINA y mano derecha del “Mamo” Contreras, un representante del departamento del Fiscal General declaró a SBS Spanish que «el gobierno de Australia aprecia la gravedad de las acusaciones formuladas contra la Sra. Rivas y está participando activamente en los procedimientos judiciales».
«Dado que el asunto está actualmente ante el Tribunal Federal de Australia, no sería apropiado hacer más comentarios», añadió en un mesje enviado en un correo electrónico.
Por lo pronto, el juez Michae Lee solicitó este viernes al equipo legal de Rivas que presente todas las evidencias pertinentes sobre su actual estado salud y el resto de los argumentos, y otorgó un plazo hasta el 7 de marzo de 2025 para que la oficina del fiscal general también presente sus alegatos.
Asimismo, para el próximo 6 de diciembre, el magistrado le pidió a la defensa de Rivas que precise cuáles son los planteamientos y motivos relativos a la apelación del proceso de extradición, pues “los encontró muy amplios y genéricos”, aseveró uno de los abogados de los familiares de las víctimas de derechos humanos, Francisco Ugás.
Se espera que la próxima audiencia tenga lugar el 10 de marzo en la Corte Federal de Nueva Gales del Sur.
¿Cuáles son las acusaciones contra Adriana Rivas?
Adriana Rivas ingresó a la DINA en 1974, a los 20 años, como parte de un curso de inteligencia militar. En una entrevista realizada en septiembre de 2013 para la radio australiana SBS, Rivas dejó clara su postura respecto a los métodos empleados durante la dictadura. «La tortura era una técnica necesaria para quebrantar a la gente«, afirmó sin titubear. Rivas describió sus años en la DINA como «los mejores de mi vida», haciendo alarde de su posición privilegiada, que le permitía viajar en limosina y hospedarse en los mejores hoteles del país.
A pesar de defender la tortura como un «secreto a voces«, Rivas aseguró que nunca presenció una directamente. Al ser consultada sobre el paradero de los desaparecidos, expresó fríamente: «Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe«, generando indignación entre los familiares de las víctimas.
Rivas formó parte de la Brigada Lautaro, un “escuadrón de élite” creado para proteger a Manuel Contreras y otras figuras del régimen, pero rápidamente se transformó en una unidad de exterminio dirigida a desarticular al Partido Comunist
La brigada operaba en el cuartel Simón Bolívar, que se convirtió en un centro de tortura, donde se experimentó con gas sarín bajo la dirección del agente Michael Townley.
Testigos han señalado que los detenidos eran inyectados con veneno mortal y luego quemados para borrar cualquier rastro, antes de ser lanzados al mar. La figura de Manuel Contreras, el «Mamo», sigue representando el terror de esos años, mientras sus colaboradores, como Rivas, intentan evadir la justicia
Adriana Rivas está siendo procesada por los casos “Conferencia I”, “Conferencia II” y el episodio “Reinalda Pereira”, como coautora de los delitos de secuestro calificado contra las víctimas Reinalda Pereira, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Víctor Díaz. Sin embargo, la exagente de la DINA insiste en negar todos los cargos en su contra.
En una entrevista con SBS Spanish en 2013, negó haber participado en actividades ilegales, pero justificó el uso de la tortura, diciendo: «Es la única manera de quebrar a las personas.»