Durante la campaña electoral de 2013 la Concertación ampliada o Nueva Mayoría logró generar en su electorado la percepción de que una vez Bachelet elegida se implementarían cambios estructurales. Se decidió intervenir en el sistema impositivo, educación, leyes laborales, modo de escrutinio y en la Constitución. Una vez en el poder, en el marco de las reglas del juego político que determina el binominal, pero con la capacidad de decisión del ejecutivo y buena parte del legislativo entre sus manos, la obstrucción a tales ajustes o reformas de los enemigos de los cambios —que nada tienen de estructurales— era previsible.
Si las derechas occidentales y las instituciones globales por ellas diseñadas imponen políticas económicas neoliberales a sus pueblos, en el plano nacional, allí dónde triunfaron con manu militari, la hegemonía de la estrategia neoliberal en el proceso de acumulación capitalista se opone a todo cambio que signifique siquiera una amenaza simbólica a las rigideces del modelo económico y político concentrador de la riqueza. Las derechas están alerta: vigilan los índices que pudieran significar pérdida de hegemonía en el campo económico, social, político, mediático y cultural-educativo. Eliminar el multirut, por ejemplo, no crea problema. No hace más que transparentar legalmente la actividad de los agentes económicos, lo cual es uno de los supuestos de toda modernización capitalista.
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Sin embargo, legislar sobre un salario mínimo de hambre expresa la esencia del modelo. Es decir, el consenso dominante sobre la explotación del trabajo asalariado apenas encubierta por la institucionalidad laboral existente. Cuestión clave par entender la naturaleza del modelo en su conjunto. Porque el mecanismo de la explotación del trabajo asalariado por el capital es causa, en lo mediato, de segregación en el sistema educativo. Se fragmenta la realidad social y se asume así la desigualdad como una fatalidad de la macroeconomía, del crecimiento y de la productividad al mismo tiempo que la parafernalia publicitaria fomenta el consumo con endeudamiento. Imposible que tal medida (($225.000 de sueldo mínimo) se haya adoptado sin el beneplácito de la cúpula de la CUT (PC, PS, DC). Ésta ha sido impuesta por el dispositivo mediático como la “representante” de los trabajadores y parece haberse resignado a no luchar por obtener el derecho a huelga pleno y sin reemplazo de los trabajadores por la patronal, pese a disponer de una amplia documentación de la OIT. Sin olvidar que la precariedad tiene un nombre: la mitad de los profesores chilenos están bajo contrata, sin empleos permanentes o seguridad de empleo y que el 70 % de los trabajadores chilenos gana menos de 400 mil pesos. Eso tiene un nombre. Proletariado explotado y punto.
El manejo informativo
El monitoreo informativo y comunicativo es hecho cada día por los opinólogos, editorialistas y políticos ya sea en el duopolio impreso o en paneles televisivos y programas radiales del dispositivo mediático dominante. La defensa de la subjetividad o modo de pensar neoliberal y de su actuar es constante. Además, el exceso de información (muchas veces confusa e incluso contradictoria en temas de reforma tributaria y educativa) sobre las declaraciones y prácticas de los actores políticos sistémicos no garantiza per se la calidad de la información para los ciudadanos. Siempre, al fin y al cabo, se establece una forma de control de la información por el aparato comunicacional. Por contra, desde febrero 2011, hasta el período preelectoral del 2103, la actividad de los movimientos sociales impuso una suerte de procesamiento de la información significativa que se tradujo en una agenda informativa producida por los mismos movimientos sociales, a partir de sus propios intereses y demandas. Aún en estos períodos, de presencia cotidiana de la acción colectiva, los medios, obligados a informar sobre las reivindicaciones populares, prefieren la palabra de los “expertos” a la de los actores sociales.
Consciente de la importancia de la disputa de la calle, la derecha se lanza, sin medir las consecuencias, a copar la calle para producir discurso educativo de los lucradores, opositor al proyecto de educación pública. La apuesta es arriesgada para sus líderes. La superioridad cualitativa y cuantitativa de los movimientos sociales de raigambre popular es evidente. Éstos no tienen más que trabajar por la unidad de las demandas para hacer frente a la demagogia derechista. Y el camino más corto para llegar al anticapitalismo es movilizarse tras demandas democráticas, antineoliberales, ecologistas y feministas.
El ánima de Guzmán y el peso de la cultura neoliberal
Los sectores neoliberales del PDC, del PS y del PPD que adhirieron a la matriz ideológica y al “habitus” neoliberal sabían que las promesas de campaña —necesarias para crear más tarde la ilusión del cambio y así poder calmar los ímpetus transformadores de los movimientos sociales— serían todas negociables y dialogables en función de la protección de las piedras de tope fundamentales del sistema (institucionalidad las llaman) que permiten que el capital, sus dueños y sus instituciones dominen en el amplio espectro de la vida social tal cual lo pensó y detalló ex ante Jaime Guzmán en su rayado de cancha o Constitución. Aquellos contaban con el peso de veinte años de rutina y de concesiones.
Guzmán (*) quiso crear “cultura” … neoliberal-conservadora y lo logró; interpretó los deseos de conservadores, liberales y neoliberales y en función de ellos moldeó todas las instituciones postdictadura. El mentor de la UDI facilitó el dominio de los mercados (financiero, productivo, educativo, de la salud y pensiones), con sus intereses privados, por sobre el interés público o el régimen de lo común, la supremacía de la “persona” por sobre la colectividad y el estado de bienestar; preparó el camino al cálculo individual para impedir el compartir solidario; confundió interesadamente la noción de “libertad” con la elección de los productos programados por la oferta del mercado para negar constitucionalmente los derechos sociales; como tomista doctrinario consideraba que los más aptos para gobernar debían constituir una oligarquía política ilustrada separada del vulgo, y que ésta podía enriquecerse en los cargos de la “república”, puesto que así se fomenta el espíritu de cuerpo conservador.
Es la política de “en la medida de lo posible” la que sigue vivita y coleando en las neuronas concertacionistas de la NM. Y lo que continúa determinando eso que llaman “lo posible” son los intereses económicos de una clase dominante que en lo político es representada por a) la derecha en su conjunto, b) por un sector con redes de influencia y poder de la antigua Concertación entre bambalinas (Lagos, Brunner, Yoma, Foxley, Correa, Martínez, etc, y c) por los guardianes del orden en la Nueva Mayoría, los Andrade y Escalona junto con la DC de Walker y Zaldívar, en plena actividad. Estos últimos no están enquistados en la NM, puesto que son parte de esta alianza política híbrida en la cual está inserto el Partido Comunista. Éste se agita de vez en cuando para destacarse en el empuje de una reformita (**).
A favor de esta alianza estabilizadora juegan el peso y la inercia estructural de diecisiete años de dictadura militar, de veinte de gobiernos concertacionistas y de uno de la ultraderecha neoliberal que poco o nada se diferenció del de sus antecesores. Una saga de gobiernos herederos y administradores del legado de la dictadura que, según el sociólogo concertacionista Eugenio Tironi (promotor también de la entrada de Vallejo, Cariola, Jackson y Boric al parlamento para restaurar la legitimidad de las instituciones políticas) serían parte de la “cultura” o consentimiento nacional”.
Después de la marea social que comenzó el 2005-2006 con las luchas obreras de los trabajadores forestales y del movimiento secundario pingüino, seguida por el empuje del movimiento social ecologista y educacional tras la gratuidad y lo común del 2011, les cabía a las elites políticas, mediáticas y económicas construir un esquema de percepción de cambio para impedir el resquebrajamiento de la hegemonía.
Un debate en suspenso: acerca del carácter neoliberal de la Constitución
Hoy estamos en la fase del realismo político burgués. El equipo bacheletista de la Nueva Mayoría busca construir la percepción de que pese a tener las mayoría legislativas necesarias para promover cambios, aún así, no hay condiciones para realizar las promesas de campaña en el sentido de las expectativas generadas. Es el segundo nivel del discurso del ministro Eyzaguirre cuando la semana pasada, en un liceo de la comuna de Independencia sostuvo que el derecho a la propiedad podría significar una dificultad para la tramitación de los proyectos de ley que ponen fin a la selección y al lucro. Lo señalado es una obviedad. Por supuesto que en una constitución neoliberal como la chilena, el llamado derecho a la propiedad privada —base doctrinaria e institución clave de la sociedad capitalista al origen de la explotación, la división y la desigualdad social— es el resultado, no de un derecho natural o de un principio supranatural de origen divino sino de procesos sociales y políticos, por lo tanto, en este caso, de la codificación jurídica en instituciones políticas, de correlaciones de fuerzas entre clases y grupos sociales.
Es toda una historia de conflictos que se cristaliza en una constitución como la chilena. Deconstruyendo (analizando de manera crítica e histórico-contextual los supuestos ideológicos de sus artículos clave) las constituciones veremos entre líneas las intenciones de la clase dominante y las derrotas o victorias de los desposeídos por conquistar derechos y construir instituciones que satisfagan sus necesidades, tanto de las más concretas e inmediatas como aquellas que corresponden al vivir bien, con salarios dignos y bienes comunes compartidos (educación, salud, pensiones) además de otras políticamente fundamentales: poder gobernarse por las leyes que juntos decidieron darse.
Pasados los 100 días de gobierno de Bachelet y de la Nueva Mayoría vemos que no hay la convicción política ni la voluntad necesarias para realizar los cambios estructurales (de fondo) que los movimientos sociales han exigido en la calle. Tampoco hubo ni hay planificación estratégica. Hay una pluralidad de discursos que apuntan a crear percepciones engañosas de la práctica y de la realidad política … ‘como si’ se fueran a realizar cambios. Lo coherente sería que Eyzaguirre dijera: aquí necesitamos una nueva Constitución que codifique derechos sociales y que desmantele en la letra los privilegios neoliberales. Y que Peñaililo completara: para eso hay que llamar a una Asamblea Constituyente. Pero eso es pedirle peras al olmo.
Siempre se pueden abrir nuevas perspectivas
Ningún análisis de la coyuntura política debe pasar por alto el suicidio de un sindicalista chileno (Marco Antonio Cuadra dirigente de RedBus) acosado por sus patrones y angustiado por la impotencia del sindicalismo chileno para luchar por sus derechos, condiciones de trabajo dignas y salarios convenientes. En ese contexto, los encuentros, reconocimientos mutuos y proyectos o deseos de converger en una práctica unitaria y transversal en torno a reivindicaciones compartidas entre las dirigentes de la dirección de la FECh-Confech y de la ACES con los dirigentes de los trabajadores del Transantiago muestran el camino hacia un proceso de unidad programática de los de abajo lejos de los cantos de sirena del progresismo liberal de grupos confusos que intentan agruparse en torno de la figura de Marco Enríquez-Ominami.
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(*) los individuos, por muy “inteligentes” que se los considere, no hacen la historia sino que cristalizan tendencias, aspiraciones y proyectos de clase. El ingenium de Jaime Guzmán fue de haber puesto por escrito lo que su clase deseaba en el plano institucional para que ésta se asegura de una dominación y del consentimiento a largo plazo. El padre y mentor de la UDI hizo la síntesis de varias corrientes ideológicas que logró plasmar en el “espíritu” del régimen político postdictadura. El “ideario” guzmanista ha ejercido cierta atracción y mucha confusión en el staff político de la antigua y nueva Concertación.
(**) Una de las características del Partido Comunista chileno, a diferencia de las organizaciones comunistas de España, Francia, Alemania y Grecia, es la afanosa búsqueda —desde los setenta— de una alianza estratégica con el Partido Demócrata Cristiano chleno (Ordoliberal a la alemana desde los noventa). En el fondo y en lenguaje prístino, es una de esas alianzas o pactos de Gobierno de colaboración con las políticas de la clase dominante.