Tras cuatro años de la revelación de las denuncias en contra del juez del Caso Caval, Luis Barría, por agredir sexualmente a funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua, la Corte Suprema resolvió que Barría irá a juicio oral. Lo anterior, luego de la querella criminal interpuesta en contra del ahora exmagistrado y actual relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por el delito de abuso sexual. Incluso, la defensa de Barría interpuso un recurso de apelación para evitar el proceso judicial en su contra, el cual fue rechazado.
«Esta Corte ha tenido en consideración que la realización de un juicio oral, como el que pretende el Ministerio Público, constituye una garantía para el capitulado, ya que será juzgado, en un juicio adversarial, por un tribunal imparcial (…) se declara admisible la querella interpuesta por Carmen Gloria Agurto Casanova, fiscal adjunto de Santa Cruz, en contra del juez de Garantía de Rancagua, don Luis Barría Alarcón, actual relator de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, ordenándose la
suspensión de sus funciones, una vez ejecutoriada la presente sentencia», se lee en la resolución de la Corte de Apelaciones de Talca, y que fue confirmada por la Corte Suprema el pasado 8 de marzo -y a la que tuvo acceso el Equipo de Investigación de El Ciudadano-.
Recordemos que en agosto de 2020, el Poder Judicial inició un sumario administrativo en contra de Luis Barría, por acosar sexual y laboralmente a funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua. Por lo que meses después, dos de las denunciantes presentaron una querella criminal en su contra por abusos sexuales reiterados.
No obstante, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a una serie de documentos que confirman un nuevo dato revelador: El Fiscal Nacional Ángel Valencia fue abogado de Luis Barría durante el sumario administrativo y en la causa judicial en su contra por el delito de abuso sexual.
«Ángel Valencia, abogado, por la defensa del señor Luis Barría, ambos ya individualizados, quienes tienen la calidad de imputado en la causa (…) He sido designado recientemente Fiscal Nacional del Ministerio Público; nombramiento que fue aprobado por el Senado de la República el día lunes 9 de enero recién pasado. Sin embargo, se encuentra pendiente el Decreto de nombramiento que fija la fecha de inicio de mis funciones en tal calidad (…) Atendida dichas circunstancias, y previamente informados mis representados, vengo en renunciar expresamente al patrocinio y poder conferido en este procedimiento», se lee en el oficio dirigido al Juzgado de Garantía de Rancagua, del 11 de enero de 2023, es decir, dejó la causa dos días después de su nombramiento fuese aprobado en el Congreso.
Respecto a esto, Valencia delegó poder y patrocinio a la abogada Marcela García Wigolorchew, con el objetivo de que asumiera la defensa de Barría, próximo a su juicio oral. Al revisar los antecedentes de García, es posible confirmar que fue fiscal de la Metropolitana Sur, y exdefensora pública en la misma zona; por lo que su nombre es reconocido al interior del Ministerio Público.
Katherine Villagra, abogada de las víctimas, señala que en un sistema donde la confianza en las instituciones es crucial, ya que, la situación actual deja más preguntas que respuestas. Además, la sensación de desamparo de las denunciantes frente a decisiones cuestionables del Ministerio Público no solo debilita la percepción de la justicia, sino que también pone en jaque la integridad del proceso.
Finalmente, Barría será enjuiciado por un solo caso de tres, debido a que Fiscalía solo formalizó una causa.