La Fundación Defendamos la Ciudad se pronunció sobre la destitución del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo, aprobada por el Senado el pasado 16 de octubre, y denunció que las acusaciones en su contra habrían sido promovidas por la inmobiliaria Fundamenta con el propósito de desviar la atención de irregularidades en uno de sus proyectos en Ñuñoa.
En declaraciones a Interferencia, el presidente de dicha fundación, Patricio Herman, manifestó que la denuncia que la empresa Fundamenta realizó en la Suprema en contra del ex juez «se mal utilizó para que el Senado, irresponsablemente y sin investigar, lo removiera de su cargo de ministro del máximo tribunal del país».
El caso tiene como trasfondo un permiso de edificación otorgado el 12 de octubre de 2018 para la construcción de cuatro torres de 32 pisos cada una en Ñuñoa. Este permiso, sustentado en un «Estudio de Conos de Sombra» presuntamente mal elaborado, habría violado el Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna, que establece una altura máxima de 15 pisos. Desde la agrupación indicaron que, de haberse fiscalizado correctamente en su momento, dicho permiso habría sido invalidado.
Asimismo señalaron que como parte de un ardid para desviar la atención de estas irregularidades, Fundamenta presentó dos denuncias contra el juez Muñoz, acusándolo de entregar información privilegiada a su hija, las cuales fueron utilizadas como base para la acusación constitucional que derivó en su destitución, primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.
Aparte de dejar la Corte Suprema, Muñoz quedó inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos.
Desde Defendamos la Ciudad, declararon a Inteferencia que «dicha empresa estaba molesta con el ex juez Muñoz, motivo por el cual urdió que este magistrado le habría entregado información privilegiada a su hija, quien había firmado una promesa de compraventa por 2 departamentos en el referido proyecto, operación comercial que ella deseaba dejar sin efecto».
«El abogado Jorge Correa Sutil demostró en el Senado que esa acusación era falsa, pero los senadores acusadores ya habían decidido a priori que el juez Muñoz tenía que ser removido de su cargo», denunciaron.
Permiso inmobiliario en entredicho
El pasado 7 de noviembre la fundación entregó una presentación técnica a Carolina Casanova, Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), relacionada con «el mal elaborado Estudio de los Conos de Sombras de la empresa Fundamenta para su proyecto inmobiliario de 4 torres de 32 pisos en Ñuñoa».
«Debido a que ese ‘estudio’, que debió garantizar la luminosidad está viciado, tal como quedó establecido en sentencia del 26/11/2021 del 2° tribunal Ambiental, la que se aprecia en la aludida presentación en la Seremi Minvu, se concluye que el permiso de edificación N° 296 del 12/10/2018 cursado por el director de Obras Municipales (DOM) de Ñuñoa a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. que lo requería, también es ilegal, aunque por las fechas, todo está prescripto», explicaron al medio citado.
«Debemos tener presente que la 3a Sala de la Corte Suprema, recogiendo la sentencia del 2° Tribunal Ambiental, al admitir la reanudación de faenas del proyecto, el que estuvo paralizado, resolvió que la autoridad administrativa debía analizar el mencionado Estudio de los Conos de Sombra, razón por la cual, quien firma con el ingeniero civil Rodolfo Acha, miembro del COSOC de la Municipalidad de Ñuñoa, asumimos la responsabilidad respectiva para que se cumpliera el fallo de la Suprema», apuntaron.
Presiones inmobiliarias tras destitución del juez Sergio Muñoz
Patricio Herman planteó sus sospechas sobre las posibles presiones que habría recibido el entorno del juez Sergio Muñoz por estar haciendo cumplir constitucionalmente la legislación, dejando sin efecto algunos alegatos de distintas empresas relacionados al rubro inmobiliario, lo cual, a su juicio, podría haber tenido influencia sobre la acusación en su contra.
Según la Fundación Defendamos la Ciudad, las autoridades de la municipalidad de Ñuñoa hubieran detectado oportunamente que el «Estudio de los Conos de Sombras» de la empresa Fundamenta presentaba un conjunto errores, se hubiera podido invalidar el permiso de edificación, conforme lo prescribe el artículo 53° de la Ley N° 19.880. Tras esto, la compañía inmobiliaria se habría visto en la necesidad de solicitar un nuevo permiso, «cuando ya estaba vigente el Plan Regulador Comunal (PRC) que contemplaba una altura máxima de 15 pisos, norma todavía imperante».
Con relación a estos antecedentes, la agrupación señaló que es posible deducir que «si las instituciones hubieran funcionado hace 6 años» este caso no se habría judicializado y «actualmente el ex juez Sergio Muñoz estaría desempeñándose como tal en la 3° Sala de la Suprema».