Durante la jornada del lunes se dio a conocer la existencia de una denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por la presunta “difusión de registros de imágenes privadas” de una excompañera de trabajo del mandatario, mientras él desarrollaba su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Punta Arenas, Región de Magallanes.
La acción judicial, que acusa un actuar ocurrido hace 10 años atrás, fue interpuesta hace un mes e ingresada a la Fiscalía Regional de Magallanes.
Tras conocerse la noticia, el abogado del presidente Boric, Jonatan Valenzuela, explicó, que en concreto, se le acusó por: “Difusión de registros de imágenes privadas y una falta de acoso sexual del artículo 494 del Código Penal“,
Sin embargo, aseguró que la verdadera víctima de acoso fue el jefe de Estado, quien habría recibido 25 correos electrónicos enviados por la denunciante en el periodo comprendido entre el 2013 y 2014.
“Fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció a mi representado”, aseguró el jurista en un comunicado de prensa difundido durante la noche del lunes.
“Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo en uno de ellos el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito. Diez años después, la remitente de los correos presentó una denuncia sin fundamento alguno, contra el ya Presidente Gabriel Boric el 6 de septiembre de 2024″, indicó en el texto.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, precisó que «es importante señalar que bajo recomendación del propio abogado, esto se hizo público y se decidió hacer público el día de ayer después de un mes del último contacto con la Fiscalía y respecto a esto vamos a destacar algunos elementos».
«Primero, queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El Presidente no ha sido notificado, citado ni requerido por la Fiscalía respecto a esta denuncia», enfatizó.
Perfil judicial de la denunciante de Boric
Durante la jornada de este martes, salieron a la luz una serie de informaciones sobre el perfil judicial de la denunciante y se pudo conocer que tuvo al menos cuatro procesos judiciales en los últimos tres años, y actualmente se encuentra con libertad vigilada intensiva.
De acuerdo a lo que consignó The Clinic, el pasado 9 de noviembre, la mujer fue detenida luego de protagonizar un robo con intimidación en un servicentro, justo a dos meses de presentar la denuncia contra el presidente Boric.
“Sacó un cuchillo con el cual amenaza a las dependientes del local y sustrae dinero de la caja registradora y especies, siendo siempre filmada por cámaras de seguridad, lo que permitió a Carabineros la detención en su mismo domicilio”, indicó el citado medio,
Tars este incidente, fue condenada a la pena de tres años y un día, pero fue modificada por libertad vigilada intensiva.
Asimismo, la misma mujer protagonizó hechos que revirtieron los delitos de amenazas simples y desórdenes públicos, el 26 de septiembre de este año, 20 días antes de presentar la denuncia contra el jefe de Estado.
Luego de que los vecinos llamaran a Carabineros por los desórdenes, habría lanzado insultos y amenazas en contra de los uniformados.
“Pacos, valen caca. Si siguen tocando la puerta les voy a sacar la con…”, habría dicho en esa oportunidad
«Tras un llamado a Fiscalía para forzar el ingreso, lograron adentrarse al interior del domicilio, en donde recibieron golpes por parte de la denunciante. Uno de ellos casi impacto a la menor de edad», indicó The Clinic.
Otro hecho que salió a la luz en que en enero de 2024, la expareja de la denunciante del presidente Boric la denunció por amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).
“Te voy a hacer cagar. Te voy a matar”,le gritó a su expareja cuando llegó hasta su domicilio, por lo que fue detenida por Carabineros.
La denunciante del mandatario también atravesó un proceso judicial 2021 como imputada por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar y el Tribunal ordenó que tuviera sesiones de salud mental.
No obstante, en este proceso, la Fiscalía decidió cerrar el caso, comunicando la decisión de no perseverar en la investigación.