CUT y ANEF anuncian paro nacional para este jueves

POR GABRIEL EULER

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), convocaron a un paro general para este jueves, con una manifestación programada a las 11:00 horas en la intersección de Santa Rosa con Alameda. La movilización se da en un contexto marcado por tensiones laborales, a solo un día del plazo límite para la notificación sobre la renovación de contratas.

Los funcionarios públicos enfrentan tres principales focos de incertidumbre laboral: la falta de implementación de la jornada de 40 horas en el sector público, las negociaciones en curso por el reajuste salarial, y un reciente dictamen de la Contralora Dorothy Pérez que preocupa a los trabajadores a contrata.

Este dictamen de la Contraloría establece que los trabajadores a contrata, ya no pueden recurrir a este organismo en caso de finalización de contrato o eventuales injusticias, delegando esas decisiones al criterio de los tribunales. Eric Campos, secretario general de la CUT, calificó esta resolución como un «abandono de los deberes constitucionales» por parte de la Contraloría.

Anteriormente, bajo la gestión de Jorge Bermúdez, se había establecido que un trabajador a contrata con más de dos años de renovación adquiría «legítima confianza», lo que garantizaba estabilidad laboral salvo evaluaciones o sumarios justificativos. Sin embargo, Dorothy Pérez, sucesora de Bermúdez, descartó este criterio.

En respuesta, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Cuello, aprobó este martes un proyecto de ley para establecer la confianza legítima en la legislación. La iniciativa recibió 41 votos a favor, 47 en contra y 2 abstenciones, avanzando así en su trámite legislativo.

Las asociaciones de funcionarios exigen un reajuste real del 3%, sumado al IPC proyectado para 2024. Según Eric Campos, el gobierno, en negociaciones con sectores de derecha, solo ha ofrecido un incremento del 2,7%, lo que generó rechazo entre los trabajadores.

«La movilización del jueves busca no solo visibilizar estas demandas en la agenda pública, sino también advertir al gobierno que no será una negociación tranquila si persisten los ajustes del gasto público que precarizan el empleo fiscal», declaró Campos.

Aunque la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas fue promulgada en abril de 2023, los empleados públicos no han sido beneficiados debido a que el Estatuto Administrativo aún no ha sido adaptado a esta normativa. Pese al compromiso del gobierno de tramitar esta adecuación en julio, hasta ahora no se han realizado avances significativos.

El impacto de la falta de reajuste salarial

En Chile, los reajustes salariales no están legislados ni para el sector público ni privado, siendo dependientes de negociaciones y voluntades políticas. Para los empleados públicos, la ausencia de un ajuste que compense el aumento del IPC implica una pérdida en su poder adquisitivo, lo que agrava la precarización laboral.

La movilización de este jueves busca dar un golpe de atención al gobierno, exigiendo respuestas concretas a las demandas de los funcionarios y medidas que aseguren la estabilidad y dignidad laboral en el sector público.