Por Gabriel Hoecker Gil
Uno de los golpes más profundos de la pandemia que vivimos hace cuatro años lo sufrieron los sistemas de enseñanza del mundo, consecuencia del cierre prolongado de establecimientos educacionales. Chile, según el Plan de Reactivación Educativa 2023, del Ministerio de Educación, fue uno de los países donde mayor tiempo fuera de las aulas estuvieron las y los estudiantes.
Las consecuencias de esta crisis ecosocial recientemente han podido cuantificar su impacto de manera rigurosa, con evidencias demoledoras. Un dato concreto es que en nuestro país cada año más de 120 mil estudiantes terminan segundo básico sin leer adecuadamente para su edad. Específicamente, un 60% no entiende un texto elemental diseñado para primero básico. Muy tempranamente, estos estudiantes ya se encuentran rezagados en una competencia fundamental para sus trayectorias educativas, para la vida. La investigación, de la Universidad de Los Andes, Resultados de Evaluación Muestral de la Región Metropolitana 1er Semestre 2023, Por Un Chile que Lee, revela que no lograr esta competencia a determinado tiempo hace mucho más difícil su desarrollo posterior, afectando también la adquisición de otras competencias cognitivas y sociales.
El problema es claro: entre 2021 y 2022 hubo 67 mil estudiantes de educación regular de niñas y niños que se vieron desescolarizados. De ellos, sólo un 30% volvió a matricularse el 2023 (Estudio Acción Educar). En este dramático marco es imposible no proyectar graves consecuencias para la sociedad, que profundizan brechas ya existentes de forma desigual en los establecimientos educativos y sus estudiantes.
El desafío común en materia educacional se proyecta en cómo rediseñar una estrategia que reactive los procesos de enseñanza y desarrollo psicosocial en la escuela. Este no es un problema exclusivo del profesorado, de las comunidades educativas ni del Ministerio de Educación. Es una tarea de toda la sociedad, donde la educación artística y la institucionalidad cultural tienen un rol fundamental.
En este sentido, el contexto presenta la oportunidad de repensar la educación a la luz de los desafíos expuestos, tal como lo sugiere el informe Re imaginar nuestros futuros juntos: un nuevo contrato social para la educación de la UNESCO (2021), que propone un escenario que apela a la transformación integral de la educación, lo que requiere un diálogo que no recaiga exclusivamente en las y los agentes vinculadas directamente al campo pedagógico, sino que velar por esta como un desafío social y colectivo. En este análisis regional, se identificaron diferentes focos prioritarios y sus respectivas estrategias: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes, donde se relevan estrategias de lectura, asistencia y re-vinculación.
¿Qué lugar ocupan los programas culturales públicos para abordar aspectos socioemocionales, de convivencia o salud mental para las comunidades educativas? ¿Cómo la cultura promueve aprendizajes críticos, interdisciplinarios e inclusivos, y habilidades relevantes en el mundo actual en cualquier área? ¿Qué rol cumple la cultura en el Plan de Reactivación Educativa?
¿Cómo la cultura acompaña a que niñas y niños hagan efectivo su derecho a la lectura? ¿Cómo las artes inciden en la alfabetización en etapa escolar impactando en la vida socioemocional diaria de los niños y en sus perspectivas económicas en el futuro?
Si bien las respuestas a estas inquietudes fundamentales han tenido resonancia en la investigación académica y el levantamiento de políticas culturales de administraciones de distintos gobiernos, a través de esfuerzos y voluntades de diferentes sectores políticos, no deja de sorprender cómo cíclicamente es cuestionado el lugar estratégico y transversal de la cultura en las agendas sociales del país, especialmente en educación.
Recientemente se dio a conocer la Política Nacional de Educación Artística y Patrimonial 2024 – 2029, ambas elaboradas desde una metodología intersectorial y participativa por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Ministerio de Educación, que vale bien celebrar como las primeras políticas que tendrá Chile en esta materia para garantizar el derecho a la educación integral de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la participación y el acceso a experiencias formativas de calidad en la educación formal y no formal.
Es imprescindible que el pacto entre cultura y educación, en permanente retroalimentación, siga vigente y creciendo, tanto en la discusión presupuestaria como en la implementación y evaluación de los programas y políticas.
El Estado se debe comprometer con la Educación Artística y la difusión de su impacto social: es un derecho cultural. Como instituciones vinculadas a la cultura tenemos la responsabilidad de defender este derecho, hacerlo efectivo. Frente a cuestionamientos permanentes veo un horizonte provocador y sostenible en trabajar en estrategias que tensionen y profundicen estos debates: lograr que no sea solo el sector artístico y cultural quien promueva este derecho, sino que la sociedad civil se empape de estas políticas y las defienda.
Tenemos una tarea común, un pacto estratégico entre cultura y educación, que permita articular las acciones de los diferentes actores que conforman el ecosistema de la educación artística y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.
Por Gabriel Hoecker Gil
Jefe Área de Comunidades, Centro Cultural La Moneda
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