El pasado 26 de septiembre, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la apertura de un sumario en contra del ministro Antonio Ulloa, a pesar de los antecedentes presentados por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) y ampliamente difundidos en la opinión pública.
En un comunicado, la OTJ señaló que el ministro Ulloa aparece reiteradamente en las transcripciones de los chats revelados en el marco del Caso Hermosilla, que involucra al abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva por delitos de lavado de activos, soborno y fraude.
La OTJ argumentó que estos antecedentes, expuestos con detalle, justificaban la apertura de un sumario administrativo contra Ulloa. Sin embargo, el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones decidió no iniciar el procedimiento de investigación.
En su declaración, la OTJ cuestionó duramente la decisión, subrayando que las comunicaciones entre la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Juan Poblete y Mario Desbordes, reveladas en este contexto, «son gravísimas, inaceptables y evidencian un comportamiento contrario a la mínima ética que se espera de los integrantes del Poder Judicial». Particularmente, criticaron las expresiones del exministro Poblete, quien, según la OTJ, sugirió de manera ligera que los cargos más altos del Poder Judicial se asignan no por mérito o trayectoria, sino por tráfico de influencias y afinidad política.
La organización también denunció la existencia de un doble estándar en la forma en que se investigan faltas éticas dentro del Poder Judicial. Según la OTJ, mientras que ante sospechas mínimas se abren sumarios administrativos contra funcionarios de menor rango, los jueces y ministros parecen beneficiarse de criterios más indulgentes, lo cual consideran contrario a derecho.
Finalmente, la OTJ solicitó que la Corte Suprema rectifique la decisión del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, amparándose en el artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales. Este artículo faculta a la Corte Suprema para reprender a cualquier tribunal que haya omitido sancionar delitos o faltas cometidos por jueces o funcionarios judiciales. Además, exigieron la apertura de sumarios contra los ministros implicados, la suspensión de sus funciones durante la investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes.
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