La fiscal Marcela Adasme, jefa de Análisis Criminal de la Zona Centro Norte, informó esta semana que la investigación concluyó que no existió móvil político en el robo perpetrado en el Ministerio de Desarrollo Social el 19 de julio de 2023.
Las declaraciones de la persecutora se dieron tras la reciente detención de un quinto involucrado en el robo, identificado como Denis Ignacio Soto Barraza, de 30 años. Durante el procedimiento policial se incautaron dos armas de fuego, una de aire comprimido y otra de fogueo, y siete cartuchos de distinto calibre.
«De acuerdo a todo lo que hemos reunido, ya transcurrido más de un año de estos hechos, no hay ninguna vinculación o móvil político que haya llevado a estas personas a ingresar al Ministerio de Desarrollo Social», declaró Adasme.
Además, la fiscal señaló que la caja fuerte robada no contenía material sensible para el ministerio, cuestión que se había especulado ampliamente durante los días posteriores al ilícito.
Finalmente, el capitán Nicolás Valenzuela, del OS9 de Carabineros, indicó que el nuevo detenido cuenta con reincidencia policial y antecedentes penales: tres condenas por robo en lugar no habitado.
Jackson demanda a la UDI
En abril de este año, ya alejado de la primera línea política, el exministro Giorgio Jackson presentó una demanda contra 23 diputados de la UDI que lo culparon directamente del robo perpetrado en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.
En particular, la acción judicial apunta contra la carta enviada por dichos parlamentarios al presidente Gabriel Boric en julio de 2023, en la cual se acusaba a Jackson de «haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas» y de «estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio».
Por lo anterior, el exministro pide que la justicia ordene disculpas públicas por parte de los demandados, además de que éstos paguen las costas del juicio y una indemnización con monto a determinar en el futuro.