Por el derecho a robar y maltratar

A veces me gusta más escribir que hablar en público, porque así no se quiebra la voz al evocar sentimientos, y otras veces es preferible hablar en público que escribir, porque las palabras se acompañan de expresiones, entonaciones y una que otra maldición para potenciar el mensaje. 

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En el servicio público todos hemos padecido a esa gente: abusivos, prepotentes, déspotas, clasistas, machistas, nepotistas, corruptos, culeros y mala leche. Son siempre los mismos: perfiles maltratadores muy acomplejados, que se comportan de manera servil con sus jefes o con quienes ostentan un gramo de poder, y que aguardan el momento para exigir el mismo nivel de servilismo de quienes estén a su cargo, por minúsculo que sea su encargo. Y no pueden faltar los corruptos hasta el tuétano, los que están podridos y contaminan todo lo que tocan sus manos; ésos que quieren todo fácil, todo inmediato y todo gratis: dinero, comidas, viajes y excesos, pero con cargo al erario, por supuesto. Ésos que creen que tienen derecho a robar y a maltratar a la banda, cuando están en el poder.

Ninguno de estos siniestros personajes abandonará por su cuenta la administración pública, porque llevan décadas en ella y no conocen otra forma de vida. Pensar en quitarlos del mapa político-administrativo de un jalón es complicado, pues incluso los servidores públicos emanados de la 4T les dan cabida por sus conocimientos, por lealtad o por lástima, y eso compromete la reputación del proceso de transformación, porque, aún con la oportunidad de seguir trabajando en el servicio público, no dejan de lado sus malas prácticas. 

Los servidores públicos que atienden a la ciudadanía son la cara más visible del gobierno, lo entiendan o no quienes encabezan las instituciones públicas. Por ello, debería ser una prioridad no solo elegir a los perfiles con mayor vocación de servicio para atender al Pueblo, sino preocuparse por su capacitación y la mejora de sus condiciones laborales. 

Una estructura burocrática sobrecargada de trabajo operativo y administrativo con sueldos raquíticos, prestaciones laborales incompletas y climas laborales hostiles no tiene otra consecuencia que el mal servicio público y la corrupción. Y si, además, tienen jefes que se desquitan con sus compañeras y compañeros de la misma manera en que se desquitaron con ellos sus exjefes -o familiares-, pues tenemos una cultura de violencia laboral que empeora la situación.

Es posible subir en el escalafón del servicio público demostrando capacidad operativa, técnica y estratégica, pero también siendo servil y obediente ante instrucciones absurdas, caprichosas y corruptas. Eso explica la presencia de seres impresentables en todos los poderes y todos los niveles de gobierno. 

Entonces, las cabezas de las instituciones públicas emanadas de la 4T tienen el deber de cerrarle la puerta a estos perfiles que, en lugar de acatar las nuevas disposiciones laborales que demanda este proceso de transformación, se resisten a ellas constantemente, perjudicando el trabajo de gobierno honesto. Todo cambio tiene resistencias. Más cuando en el cambio se pierden privilegios. Por eso, quien está al mando, debe involucrarse en la supervisión de la vida burocrática cotidiana de sus áreas a cargo, en salir del escritorio y ser visible y alcanzable para la ciudadanía y sus propios equipos de trabajo.

Por otro lado, los perfiles corruptos continúan saqueando al erario a través de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, que se han convertido en licencias para robar, pues con ellos se asignan montos millonarios a compadres, amigos y familiares de quienes toman decisiones en las instituciones públicas, desde los congresos locales, los poderes ejecutivos y, especialmente -siempre a la vanguardia de la corrupción-, el poder judicial.

Servicios de impresión, mantenimiento y limpieza; proveedores de insumos, papelería, alimentos, y hasta garrafones de agua; renta de inmuebles, muebles para eventos y hasta computadoras, son algunos de los bienes y servicios por los que se otorgan contratos millonarios a sobreprecios para transferir recursos públicos a privados, especialmente a proveedores improvisados con domicilios fiscales falsos y comercializadoras que consiguen lo que sea con tal de venderle a gobierno -previo moche a funcionarios corruptos-.

La necesidad de elegir perfiles honestos con calidad ética probada es cada vez mayor, pues la cantidad de representantes populares y tomadores de decisiones emanados de Morena ha incrementado exponencialmente sin mecanismos de control, supervisión ni acompañamiento. En su parálisis, el partido ha sido incapaz de modificar su propia estructura para involucrarse activamente en las acciones de los gobernantes emanados de sus filas, sean militantes o no, y de cualquiera de los partidos que integraron la coalición electoral. Y el partido tiene toda la autoridad moral para hacerlo porque lo único que los hizo ganar fue la intachable reputación del Presidente Andrés Manuel López Obrador plasmada en la marca de Morena. Nada más.

En el tema de la formación de cuadros técnico-administrativos, Morena se ha limitado a dar pláticas multitudinarias a senadores, diputados, presidentes municipales y regidores, en las que hablan del carácter transformador de los cargos, sin más profundidad que echar porras y gritar para los videos de redes sociales que “es un honor estar con Obrador”, lo mismo los representantes públicos honestos que, quienes hace meses, despotricaban contra el Presidente AMLO y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena tiene toda la capacidad financiera para implementar estrategias que le permitan cuidar de sus gobiernos, vigilarlos, instruirlos, acompañarlos y defenderlos ante los embates de una derecha que, aunque patética, no debe ser subestimada en sus esfuerzos de organización.

Contrario a lo que estúpidamente yo pensaba hace diez años, ser fundador de Morena, haber estado en la plancha del Zócalo con AMLO o en el paro de Avenida Reforma en 2006 no es garantía ética de nada, pues sobran ejemplos de personas que en ese momento estaban en las filas del obradorismo y al cabo de días, meses o años, se fueron cambiando al lado de la mafia del poder, porque los cargos y el dinero que verdaderamente les interesaba no lo encontraron con AMLO. Desde los impresentables “Chuchos” Jesús Ortega y Jesús Zambrano, el lastimero Rafael Acosta Ángeles, alias “Juanito”, y hasta el nauseabundo Gibrán Ramírez Reyes. La ingratitud y la traición de Lilly Téllez han sido replicadas ya en otros escenarios, donde diputadas locales y federales, presidentes municipales y referentes del partido se han cambiado al lado oscuro por unos pesos, y eso no debe pasar desapercibido.

Pa’ pronto: en ningún gobierno necesitamos más tiranos ejerciendo violencia laboral, ni más servidores públicos que pidan moches a la ciudadanía o a sus propios compañeros de trabajo, ni más ladrones de cuello blanco que roben el dinero del Pueblo mediante licitaciones amañadas, ni más servidores públicos que se preocupen por banalidades, como vestir de pasarela diario, en lugar de servir al Pueblo, que es lo único importante.

A quienes ostentan un encargo de poder, les deseo profundamente que no pierdan el sentido de responsabilidad ni la vocación de servicio, y mucho menos que olviden las necesidades de nuestro Pueblo. Que percibir un sueldo más alto que el promedio no les haga creer que pertenecen a otra clase social. Que la parafernalia del poder no les haga pensar que son superiores en ninguna dimensión. Que los halagos, los favores y las prebendas no se les hagan costumbre, y que un encargo público no les haga creer que estarán ahí por siempre. El poder, cuando no se tienen principios, a los inteligentes los vuelve tontos, y a los tontos los vuelve locos.

Eduardo Gandur

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