Entre amenazas y reuniones Pascua Lama busca legitimar acuerdo inconsulto

Desde que el Concejal diaguita Oriel Campillay denunció en una radio de Vallenar que el controvertido “Memorándum de Entendimiento” impulsado por el abogado Lorenzo Soto y firmado por 12 comunidades diaguitas, 3 Asociaciones y la empresa Barrick Gold, no había sido conocido por los integrantes de las organizaciones, carecía de legitimidad y había sido impuesto por los representantes, primero comenzaron las llamadas telefónicas amenazantes de Lorenzo Soto y luego los insistentes llamados del abogado de Barrick, Francisco Charlin, para concertar una reunión y acallar las peligrosas disidencias que deslegitiman “el trabajo comunitario” hecho por la minera con un grupo de dirigentes remunerados por la empresa. Oriel Campillay aceptó finalmente asistir, bajo la condición de que le dieran una copia del Memorándum que se supone su comunidad firmó, pero en la cita solo le mostraron el documento y le permitieron ojearlo… las comunidades a más de un mes del “acuerdo” aún no pueden poseer lo que supuestamente acordaron.

Para poner fin al secretismo que ha rodeado las reuniones de la empresa con la comunidad, el concejal socializó un informe en la que da fe de lo que ahí ocurrió (Se adjunta informe). El documento expresa aberrantes irregularidades, como que Barrick impuso que el acuerdo fuera suscrito por los dirigentes sin ser conocido por las comunidades y sería tarea de los dirigentes conseguir las firmas, en menos de treinta días, de sus bases para respaldarlo. El documento devela también que en el acuerdo se establecía que los honorarios de los  abogados de las comunidades, Lorenzo Soto y Alex Quevedo, serían cancelados por Barrick -y con retroactividad-, vale decir, que los dos años de asesoría legal gratuita que había ofrecidos Soto y Quevedo, ahora encontraban su paga, pero además se les cancelaría un salario por sus oficios en este acuerdo y por la implementación del mismo.

Esto es particularmente preocupante toda vez que CONADI y el Estado chileno se automarginaron del rol de garantes que les cabe en este tipo de tratos, pese a lo que exige el  Convenio 169 de la OIT, y que el gobierno ha recibido a lobbistas de la empresa en la Moneda, para ver cómo viabilizar un proyecto que se ha demostrado técnicamente inviable y socioambientalmente insustentable.

Cabe recordar, que el acuerdo del que hablamos fue difundido por múltiples medios de comunicación y fue aplaudido por autoridades como una sana vocación al diálogo de las comunidades, pero ahora que se ha descubierto que el acuerdo fue mal habido, esos mismos medios no han difundido que aquí no hubo diálogo ni escucha activa, sino que promoción de la corrupción, ocultamiento de información y una deliberada estrategia de la empresa para salvar un proyecto minero contra los derechos de los habitantes del Valle del Huasco y del patrimonio ambiental del país.

Por esto, en el documento adjunto que el Concejal y diaguita Oriel Campillay hizo circular, señaló: “Con la reunión, me quedó claro que la intención de Barrick era que yo pudiese colaborarles en transparentar y limpiar este sucio y corrupto procedimiento de intervención en nuestra comunidad. Tras todo esto quiero expresar que rechacé esa propuesta y seguiré trabajando para anular este Acuerdo, ya no quiero negociar ni dialogar, quiero que la empresa se vaya y no siga destruyendo y amenazando nuestro valle.”