Cámara aprueba reajuste salarial del sector público

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó este miércoles a segundo trámite el proyecto de ley (boletín 17286) de reajuste salarial para el sector público, otorgado por el Gobierno tras negociaciones con los gremios.

Con 101 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, el proyecto se aprobó en general y pasó a su siguiente trámite en el Senado.

En su punto central, la norma otorga un incremento total de 4,9% para los trabajadores, que se pagará en tres etapas hasta junio del próximo año.

De tal forma, los salarios para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024. Luego, a contar del 1 de enero y junio de 2025, el incremento será de un 1,2% y 0,64%, respectivamente. Así se completará el mencionado 4,9% total.

El proyecto contempla, además, el pago de un aguinaldo de navidad, que será de $68.865 para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2024, sea igual o inferior a $1.025.622. Para quienes perciban una remuneración líquida que supere tal cantidad en esa misma fecha, el monto será de $36.427.

«Similar aumento beneficiará también a funcionarios, directivos y asistentes de la educación de la Junji vía VTF, traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública o dependientes de municipalidades o corporaciones municipales, así como para las y los asistentes de la educación pública», indicó la Cámara de Diputadas y Diputados en un comunicado.

El reajuste aprobado beneficiará a 930 mil 918 funcionarios. Respecto al sector pasivo, sus beneficios llegarán a 1 millón 833 mil 234 personas.

Según consta en el informe financiero, el costo que tendrá la ejecución de este proyecto es de $357.182 millones en el año 2024; de $2.016.914 millones en 2025; y de $1.892.800 millones, en régimen.

Bonos y beneficios para los trabajadores públicos

La iniciativa incluye el aguinaldo de Fiestas Patrias, los tradicionales aguinaldos de Navidad y de septiembre del sector pasivo, así como los bonos de escolaridad y vacaciones, los que se reajustarán vía IPC. Todos estos beneficios se incorporan desde este año con carácter de permanente. Previamente, se incluían, año a año, en cada proyecto de reajuste.

La normativa también prevé un bono invierno para las y los jubilados, que incluye una serie de aspectos misceláneos que deben entrar en vigencia al 31 de diciembre próximo.

Entre otros, destacan el aporte para los servicios de bienestar, aporte a las universidades, beneficios de incentivos al retiro de los funcionarios públicos, perfeccionamientos de normas al teletrabajo, modificación de la planta de Gendarmería, entrega de un bono para personal de carabineros, bono de desempeño laboral para asistentes de la educación y una asignación de estímulo en materia de salud.

Fundamentos del proyecto

En su fundamentación, el proyecto señala que el país dejó atrás la pandemia y sus consecuencias. Es así como en 2023 la economía completó el ajuste que requería, retomando una senda de crecimiento.

A ello se suma la reducción de la inflación, gracias a las políticas monetarias y fiscales implementadas. De hecho, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 alcanza un 4,2%, cifras que debieran estabilizarse más durante el próximo año.

Este escenario dio pie al reajuste, elaborado tras un proceso de negociación con la Mesa del Sector Público. La entidad es encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores y está compuesta por las más relevantes organizaciones laborales del país. Dicha instancia acordó con el Ejecutivo los beneficios económicos y una agenda de trabajo futura.

Adicionalmente, contempla otros acuerdos, como la revisión de las contratas no renovadas, la conformación de un comité de ausentismo bipartito para reducir el ausentismo laboral y la fijación de plazos en la agenda legislativa para establecer una jurisdicción que resuelva los conflictos laborales en el sector público. A ello se agrega un cronograma de trabajo vinculado a aspectos más sectoriales.

Ministro Marcel: «El diálogo ha sido particularmente fructífero»

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que la aprobación de la iniciativa haya estado marcada por el acuerdo alcanzado con las 15 organizaciones que expusieron en la comisión y destacó que este es el tercer año que se presenta un reajuste con acuerdo con la Mesa del Sector Público.

«En estas negociaciones valoramos mucho esos acuerdos. Marcan una diferencia muy significativa respecto de aquellos años en que la Ley de reajuste venía sin discusión, sin diálogo. Y en este caso, el diálogo ha sido particularmente fructífero, porque no solamente conduce a este reajuste, sino que también hace permanentes los incentivos al retiro», afirmó.

El secretario de Estado también valoró la incorporación de dos conquistas de los trabajadores: la fijación en la ley de los aguinaldos y bonos de vacaciones y escolaridad; y hacer permanente la norma de incentivo al retiro.

También resaltó que se defina un límite de edad en los 75 años para la función pública y señaló que es un tema fundamental “de la dinámica del empleo público, de la capacidad para irse renovando”.

Lo funcionarios que cesen sus funciones al cumplir esta edad recibirán una indemnización equivalente al total de las remuneraciones con tope de 90 UF anuales, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis.

«Esto lo que permite es que los funcionarios públicos se pueden retirar en condiciones dignas, y que cuando lo hagan, otros trabajadores más jóvenes puedan progresar en su carrera», indicó el titular de Hacienda, citado por Emol.

En paralelo, destacó la extensión de la autorización al teletrabajo y valoró la meta de reducir el ausentismo en el sector público.

Marcel planteó que el bono para Carabineros entregado en esta ley es un paso transitorio hacia una norma definitiva. El caso de la PDI, en tanto, se abordará en propuestas legislativas particulares. En la misma línea, se estudiará una fórmula para abordar la situación de las viudas de mártires.

Junto con ello, destacó que, como Gobierno, se harán cargo del tema de la confianza legítima. Adelantó que, incluso, se presentará una iniciativa que avanzará en “justicia laboral” en el sector público.