Un terremoto es un fenómeno de la naturaleza, incontrolable y todavía poco comprendido por los científicos. Pero la gravedad de las consecuencias no es natural, depende mucho de la calidad de la construcción, de los materiales empleados, de los trabajadores de la salud, del entrenamiento de la población para responder ante la emergencia, entre muchas cosas. Tampoco es una cuestión natural, la prontitud de la ayuda de emergencia, como comida y agua potable, servicios médicos y acomodamiento de las familias que quedan sin viviendas.
En este caso a tres días del terremoto los vecinos afectados aparecían desesperados explicando que todavía no les llegaba agua ni comida, a ciudades rodeadas de desierto y mar. La explicación, si se le puede llamar así de la responsable de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) fue que primero necesitaban evaluar las necesidades. No hay que ser un ‘especialista’ en desastres naturales para comprender que en una ciudad en medio del desierto, con el grueso de sus edificaciones colapsadas y sus sistemas de agua destrozados, los habitantes necesitan inmediatamente agua potable, comida y carpas o viviendas de emergencia.
Es inexplicable y francamente indignante que el gobierno no haya enviado ayuda masiva e inmediata hacia la zona de la catástrofe, y más aún que ahora sus autoridades mientan, echando la culpa de las manifestaciones y actos de desesperación de los vecinos a supuestos extremistas. Las autoridades no pueden alegar falta de recursos, las arcas fiscales están llenas por el buen precio del cobre, y además de acuerdo a la ley pueden disponer libremente del 2% del presupuesto nacional para hacer frente a emergencias de esta naturaleza.
El terremoto en el norte de Chile ocurrió el miércoles 14 de noviembre 2007. El sábado y domingo los pobladores desesperados por la falta de ayuda, sin agua potable, faltos de alimentos y de pañales para los niños chicos, comenzaron a perder la paciencia y protagonizaron las primeras protestas. Según la prensa la visita de los subsecretarios de Interior, Salud y Vivienda fue recibida con descontento, Los medios han informado que hubo protestas en avenida 18 de septiembre, Politécnico, en la avenida Teniente Uribe y en la Avenida Teniente Merino. En un caso, «Fueron cerca de 60 personas entre mujeres, niños y varones, quienes cansados de la espera por largas horas y en algunos casos por días, en las filas del centro de distribución instalado en la Escuela F-9, salieron a la avenida 18 de septiembre con pancartas, neumáticos y fogatas.» [1]
Un ejemplo de la falta de respuesta de las autoridades; para dos mil afectados en el campamento La Patria, solo se han instalado 15 mediaguas. Una de las cosas más dramáticas ha sido la mala distribución de alimentos y agua. Algo reconocido incluso por la ONEMI
Los medios dejaron en evidencia al Subsecretario de Interior, «Un mal humorado Harboe respondió tajante ante la consulta de este diario por la falta de agua crónica en la ciudad: «La información que usted tiene es falsa. Hay 100% de cobertura de agua, y respecto de las casas averiadas no hay conexiones y se están conectando». La cobertura del «100%» contrasta con la realidad de los vecinos de las poblaciones 18 de Septiembre, La Patria, Los Andes, Cardenal Caro y del centro de la ciudad, quienes no tienen agua en sus casas porque tienen las tuberías rotas, arreglos que demorarían «días e incluso semanas», según los afectados. Incluso, la intendenta admitió que hay «mil casas sin agua».» [2]
Entretanto, para el gobierno la desesperación de los habitantes de Tocopilla y las otras localidades fuertemente afectadas por el terremoto, parece reducirse a un problema de seguridad público. A los vecinos que desesperados, tras tres días esperando agua, protestaron y se tomaron una camioneta de Chile Barrios cargada de botellas de agua, ahora el ministro del interior los acusa de «extremistas» repitiendo la política recurrente de criminalizar toda protesta social, al tiempo que Harboe trata de bajar el perfil a la protesta ciudadana argumentando que «fue un grupo focalizado de quince personas» . Por su parte el alcalde de Tocopilla, en lugar de reconocer derechamente la ineficacia del municipio para enfrentar la crisis, acusó hoy día por televisión a «un oscuro personaje de un periódico local de extrema izquierda», a quien se negó a identificar, de ser el causante de las protestas. Como se ve todos se dedican a buscar un chivo expiatorio para que cargue con las culpas de su incapacidad.
Las propias autoridades han reconocido que la población organizada puede organizar la distribución de la ayuda mejor que los supuestos organismos del estado, cuando han explicado que para evitar los problemas que se estaban produciendo en la distribución la ayuda se canalizaría a través de las juntas de vecinos.
La poca confianza en los compromisos del gobierno y de la presidenta Bachelet, quedaron claros cuando el propio alcalde de Tocopilla, declara que «como le agradezco le voy a exigir que se cumplan las palabras que se han prometido en Tocopilla, yo no voy a permitir que se prometan cosas y después no se cumplan» [3]. Razones no faltan, las promesas que se hicieron después del terremoto de 2005 todavía no se cumplen en Huasco.
Que los trabajadores, los pobladores, mediante sus organizaciones sindicales y sociales controlen el cumplimiento de las promesas del gobierno.
Que sean los propios vecinos son que determinen el plan para la reconstrucción de Tocopilla, María Elena, Quillahua y todos las ciudades y pueblos afectados por el sismo.
Que toda la ayuda sea gestionada, distribuida y controlada por los vecinos organizados, por los sindicatos locales y las juntas de vecinos.
Por un plan de emergencia bajo gestión y control de los sindicatos y organizaciones sociales de los vecinos para todas las ciudades y pueblos afectados por el terremoto.
Patricio Guzmán
Socialismo Revolucionario
Comité por una Internacional de Trabajadores, CIT.