Firmado en mayo pasado tras poco más de un año de negociaciones, lo que se presentó como un gran negocio para el patrimonio público está mostrando sus fisuras. El acuerdo entre SQM y Codelco, que prolonga la participación de la empresa de Julio Ponce Lerou en la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060, suma varios flancos abiertos, siendo el más reciente la apertura de una Comisión Investigadora por la Cámara de Diputados.
Todo indica que los millones invertidos en publicidad en los últimos años, financiando el silencio de los noticiarios de televisión o la circulación de autos publicitarios por las calles de las grandes ciudades, no han servido mucho a SQM para lograr convencer a la sociedad chilena de seguir entregándoles el negocio de fertilizantes y el litio por las próximas décadas.
A la comisión investigadora se suman otros seis problemas aún no resueltos que amenazan seriamente la concreción del negocio para la empresa de los nietos de Pinochet. El más latente son los serios daños al núcleo del Salar de Atacama, advertido por investigadores, las comunidades lickanantay próximas al salar y la misma minera Albemarle. Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas están exigiendo más participación en el proyecto.
Otros flancos abiertos son una investigación en curso solicitada por gremios de agricultores ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tras conocerse un virtual monopolio del potasio practicado por SQM; problemas con sus socios de Tianqi, que también exigen mayores espacios de participación como segundos mayores accionistas de la minera no metálica; la necesidad de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), que aún no está tramitado; y las críticas de diversos sectores, sean geólogos o economistas, que acusan que el acuerdo sería un muy mal negocio para el fisco.
El acuerdo ha sido el sello de la gestión de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, quien en vez de iniciar un proceso de licitación o preparar a la cuprífera para hacerse cargo de la explotación de las sales de potasio y litio del Salar de Atacama, prefirió convencer al gobierno de que la mejor opción sería mantener hasta el año 2060 en el negocio a SQM.
Suscrito el año 2018, el acuerdo vigente entre Corfo y SQM estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. Luego de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.
Pese a la rapidez de su aprobación, la cantidad de flancos abiertos por el acuerdo están demostrando que una decisión tomada a la rápida, pese a millonarias sumas gastadas en asesorías de abogados, han significado un alto costo al gobierno, que ha tenido que salir a defender la entrega del Salar de Atacama a una empresa ligada a los nietos de Pinochet, generando rechazo entre sus adherentes y ante la opinión pública.
1) COMISIÓN INVESTIGADORA CON EL APOYO DEL OFICIALISMO
A diferencia de ocasiones anteriores en que los parlamentarios oficialistas se sintieron obligados a salir a defender el acuerdo de SQM con Codelco, en la votación de la semana reciente que creó una Comisión Investigadora sobre el acuerdo y otros negocios mal hecho por Codelco en el Salar de Maricunga, esta vez pese a fuertes presiones desde el ministerio de Minería y del entorno de Máximo Pacheco, varios diputados tomaron distancia del trato promovido por el Ejecutivo.
La moción fue presentada por el diputado de la bancada PPD-independientes, Cristián Tapia el,7 de noviembre pasado y consiguió reunir 62 firmas de apoyo entre sus colegas. Al momento de la votación, 72 parlamentarios se inclinaron a favor, entre ellos varios oficialistas, lo que marcó un giro con las votaciones anteriores de la Comisión de Minería de la Cámara, en donde los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista se habían cuadrado con el Ejecutivo.
Ocurrió así cuando el 24 de Julio pasado, una moción presentada por el mismo diputado Tapia que pidió al presidente Gabriel Boric anular el acuerdo entre Codelco y SQM y definir la explotación del salar a través de una licitación internacional, fue rechazada por los parlamentarios oficialistas. De igual forma, al votarse en sala fue respaldada con 41 votos a favor, 15 en contra y 10 abstenciones.
A dicha solicitud, hasta ahora desestimada por el gobierno, se suma la recién votada comisión investigadora, la que tendrá por fin “recopilar antecedentes relativos a los actos realizados por la minera estatal y por Corfo, respecto del acuerdo de asociación”.
Esta vez, como reseñó El Ciudadano, reconocidos partidarios del gobierno, como la diputada Karol Cariola (PC) votaron a favor, así como también Luis Cuello, quien como jefe de bancada durante el año pasado se caracterizó por apoyar las gestiones del Ejecutivo. Además del respaldo a la moción de la bancada comunista, también se sumaron representantes del Frente Amplio reconocidos por ser próximos al gobierno, como las diputadas Lorena Fries, Gael Yeomans, Emilia Schneider, Catalina Pérez y Carolina Tello, entre varios otros.
2) LA FRACTURA DEL SALAR DE ATACAMA
A fines de mayo de 2024, la minera norteamericana Albemarle solicitó a la institucionalidad ambiental revisar los estudios de impacto ambiental otorgados tanto a sus operaciones como a SQM, luego de constatar un importante descenso de agua en los pozos al interior del Salar de Atacama. En el acuífero atacameño extraen litio y otras sales minerales, SQM y Albemarle, con permisos de explotación que vencen en 2060 y 2043, respectivamente.
Según reportó El Ciudadano, los lugareños de la zona creen que se llegó a romper la cuña salina, capa que separa la salmuera y el agua dulce, proveniente de los ríos y esteros cordilleranos que desembocan en el acuífero atacameño. La mayor densidad de la salmuera provoca que se desplace hacia el fondo de la cuenca, en tanto el agua dulce asciende, conformando así pequeñas lagunas y canales en los contornos del salar.
Albemarle solicitó que se revisaran las resoluciones de calificación ambiental (RCA) N° 21/2016 del proyecto propio ‘Modificaciones y mejoramiento del sistema de pozas de evaporación solar en el salar de Atacama’, y la RCA N° 226/2006, del proyecto de SQM ‘Cambios y mejoras de la operación minera en el salar de Atacama’.
El requerimiento de la minera estadounidense se suma a distintas investigaciones realizadas en los años recientes, las que están dando cuenta de los efectos de la minería en el Salar de Atacama. Un estudio satelital divulgado en agosto de 2024, reveló la disminución del acuífero entre 1 a 2 centímetros por efecto de la actividad minera. La investigación midió a partir de imágenes proporcionadas por el sistema de satélites SAOCOM-1 de la agencia espacial argentina, deformaciones producidas, ya sea por causas tectónicas, volcánicas, de origen glaciar o antropogénicas, en distintas partes del planeta, considerando el salar atacameño (1).
Los autores del artículo, liderados por Francisco Delgado, docente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, describieron la ocurrencia del fenómeno de subsidencia, que explica cono el salar se ha ido compactando, perdiendo permeabilidad y porosidad, lo que acaba por hundir su superficie. “Las mediciones indican que en el salar de Atacama, el bombeo de salmuera rica en litio ocurre a una tasa mayor que la de recarga de los acuíferos”- concluyó el artículo.
En 2019 otra investigación dio cuenta del aumento en las últimas dos décadas de las pozas de evaporación de litio en desmedro de la cobertura vegetal en el salar atacameño. Realizado por investigadores de la School of Geographical Sciences and Urban Planning, de la Arizona State University (EE.UU.), el estudio también se basó en imágenes satelitales, a las cuales se les aplicó una espectroradiometría, lo que permitió medir variaciones entre los años 1997 y 2017. Los científicos dieron cuenta de que al mismo tiempo que se observa un aumento de la cobertura espacial de las pozas de evaporación de litio, va disminuyendo la cobertura vegetacional, aumenta la temperatura y desciende la humedad del suelo (2).
SQM niega las modificaciones en el nivel freático del salar acusadas por Albemarle, pese a la evidencia disponible, y evita la realización de investigaciones imparciales que puedan generar un modelo hidrogeológico de funcionamiento de la cuenca. A fines de noviembre pidió que sea declarada inadmisible solicitud hecha por Albemarle de solicitud de la RCA, argumentando que SQM no tiene la calidad de “directamente afectado” para iniciar el proceso.
Pese a los estudios publicados, la ausencia de un modelo hidrogeológico implica que las autoridades y científicos independientes desconozcan con precisión los impactos que está provocando la minería en el Salar de Atacama. Hasta el momento los datos que usan las instituciones públicas son basados en la información producida por las mismas empresas en el proceso de tramitación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
El acuerdo implica una mayor sobre-explotación de la cuenca, ya que si estudios de impacto ambiental de por medio, permite ampliar la cuota de extracción del mineral, que pasaría de 165 mil toneladas anuales a 300 mil de manera automática.
3) RECHAZO COMUNIDADES LICKANANTAY
Un tercer factor en contra del acuerdo Codelco SQM es el rechazo de las comunidades indígenas lickanantay más próximas a la cuenca del Salar de Atacama. Dichas comunidades en más de tres ocasiones han bloqueado el acceso a las faenas de SQM de manera inesperada, dando cuenta de un control territorial imposible de soslayar para cualquier explotación futura del mineral.
Se trata de las comunidades Coyo, Talabre, Toconao, Camar, Socaire y Peine, integrantes del Consejo de Pueblo Atacameños.
Las comunidades reclaman que el acuerdo SQM-Codelco vulnera sus derechos constitucionales y debe realizarse una consulta indígena, según los marcos establecidos por el Convenio 169 de la OIT, al verse afectados recursos pertenecientes a sus territorios. Se estarían vulnerando así no sólo los derechos indígenas, sino que también los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la propiedad.
El reclamo fue desestimado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 6 de diciembre de 2024, al rechazar un recurso de protección presentado por la comunidad atacameña Coyo.
Si bien el tribunal sustentó que el acuerdo es “un acto o medida administrativa que habilite la explotación de recursos mineros de propiedad del Estado”, de igual formá dejó abierta la necesidad de una consulta indígena y estudios de impacto ambiental al plantear que “la referida asociación, está supeditada a una futura suscripción de contratos, como también a la obtención de los permisos ambientales y la correspondiente consulta indígena”.
Ha trascendido que SQM desde hace varios meses contrató los servicios de Eugenio Tironi, cuya empresa habría realizado sondeos de percepción de marca y de penetración cultural entre miembros de las comunidades atacameño lickanantay, con el objetivo de preparar una campaña comunicacional orientada a las propias organizaciones indígenas, la que se acompaña de puestos de salud dental móviles en San Pedro de Atacama, una sede en Toconao y otras regalías dadas a las mismas comunidades.
4) EN LA MIRA DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
El 22 de octubre reciente gremios de agricultores y Cosayach solicitaron ante la FNE que investigara el mercado de potasio en Chile. La petición fue motivada tras conocerse un estudio encargado por la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach), que dio cuenta de que en Chile se paga un precio mayor al precio de exportación del potasio, usado como fertilizante agrícola. Los productores de cloruro de potasio chileno exportan a 353 dólares la tonelada de potasio, en tanto que el precio pagado por importación es de US$ 610 por ton. Esto estaría produciendo pérdidas de unos 30 millones de dólares anuales a los agricultores, según calcularon.
Cosayach pertenece al grupo Errázuriz y es competidora de SQM en el mercado de fertilizantes y sales, produciendo Nitrato de Potasio y Nitrato de Sodio en su planta de Cala Cala, en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.
También hay serias dudas respecto de como va el potasio en el acuerdo entre SQM y Codelco. Llama la atención que pese a ser asesorados por uno de los estudios más caros del país, el bufete Carey, especializado en realizar consultorías a empresas extranjeras interesadas en explotar recursos naturales; no se haya prestado importancia al potasio extraído del Salar de Atacama. Dicho mineral, que hasta el año 2021 representaba el mayor ingreso a SQM, por sobre el litio y el yodo, es objeto de atención tan sólo una vez en el acuerdo.
Es en el punto 2.15, el que obliga a Codelco a vender el 100 por ciento de los productos de potasio a SQM. El apartado establece que “la parte SQM podrá comprar el cien por ciento (100%) de los Productos de Potasio que produzca la Sociedad Conjunta”.
En la práctica este punto dejaría a SQM en una posición monopólica respecto de la producción de potasio en Chile.
Según el informe de Cosayach, de concretarse el contrato SOM-Codelco implicaría un impacto de US$ 1.900 millones hasta el año 2060 a los agricultores.
En 2023, los fertilizantes representaron el 12% de las ventas de SQM, equivalentes a US$ 900 millones. En tanto, en el primer trimestre de 2024, las ventas de fertilizantes representaron el 33% de su utilidad bruta.
El diputado Cristián Tapia, promotor de la comisión investigadora en la Cámara, dijo a El Ciudadano que el tema del potasio “lo tenemos considerado para la comisión. Nos llama mucho la atención que en el convenio que hicieron a fines del año pasado se establece de que el potasio lo venderá a precio de mercado SQM, Pero en el contrato de este año no se establece una venta al precio de mercado, sino que SQM se pondrá el precio”.
Tapia agregó que hay cierto temor en que “ellos van a exportar el potasio y van a dejar a los agricultores chilenos sin el vital recurso. Es uno de los muchos puntos entre medio que los trataron de ir poniendo camuflados y escondidos en el acuerdo, lo que nos hace dudar”.
5) PROBLEMAS CON SOCIOS MINORITARIOS
El acuerdo también genera resistencias en los socios minoritarios de Ponce Lerou en la propiedad de SQM, los representantes de la minera china Tianqi, quienes exigen que la alianza con Codelco debe ser visado por la junta de accionistas en pleno. Como SQM se ha negado, manteniendo el poder de decisión en el directorio que controla, los inversionistas chinos recurrieron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la que en más de una oportunidad desestimó la petición.
Tianqi Lithium Corp tiene un 22% de participación en SQM tras ingresar en 2018, cuando compró la participación de la canadiense Nutrien, accediendo en la oportunidad al 25,86% del capital accionario de la minera no metálica a un costo de más de 4.100 millones de dólares, cifra que fue la mayor china realizada en Chile hasta esa fecha. Su aporte accionario le permite tener tres de los ocho directores.
Tras el rechazo de la CMF, en julio de 2024 Tianqi inició un proceso ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la decisión, siendo rechazado en agosto. De igual forma, los abogados de Tianqi repusieron el requerimiento en el mes de octubre, que en los próximos días entrará en etapa de alegatos.
Los representantes de Tianqi también están molestos debido a que no son considerados en las tomas de decisiones de la compañía, así como tampoco serán incluidos en el directorio de la minera que se armará en sociedad con Codelco.
Tianqi enfrenta una política que ha utilizado Ponce Lerou para mantener el control de SQM, quien nunca ha abierto mano de la mayoría del capital accionario ni del poder de decisión en el directorio de SQM. Su dominio lo ejerce a través de SQM y de Salar, la filial con que explota el Salar de Atacama, a través de las sociedades Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining.
Para asegurar el control del directorio ante sus socios, Ponce Lerou solicitó a poco entrar el capital chino ante la misma FNE que Tianqi no pudiese aumentar su participación accionaria, argumentando que debido a que la minera china es socia de Albemarle en explotaciones mineras en Australia, afectaba la libre competencia.
En 2022, al cumplirse los primeros cuatro años de las restricciones, Tianqi inició una ofensiva para que fuesen reconsideradas las medidas que impiden ampliar su cuota de participación en SQM, petición que fue desestimada por la FNE, que renovó el plazo de dos años. La ofensiva se reinició en diciembre del año pasado, cuando el CEO de Tianqi, Frank Ha, vino a Chile para sostener reuniones con los ministros de Economía, Nicolás Grau, y Minería, Aurora Williams; además del jefe de Corfo, José Miguel Benavente.
Para esta semana se espera que la vicepresidente de Tianqi, Wanyu Xiong, quien además es hija del fundador y presidente honorífico de la firma, Jiang Weiping, sostenga una reunión con diputados chilenos. La gerenta estará acompañada por el director de Relaciones Públicas de Tianqi, Lei Wang y serán recibidos por la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
6) AUSENCIA DE UN CEOL
Un documento titulado ‘Informe sobre el Avance de la Estrategia Nacional del Litio’, preparado por el abogado Luis Thayer More para la senadora Yasna Provoste, determinó la imposibilidad de explotar el litio del Salar de Atacama sin contar con un Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL).
El CEOL es un acuerdo entre el Estado chileno y una empresa privada que permite la explotación del litio. Dicho requerimiento es definido por el rango constitucional del mismo como mineral estratégico. Este contrato se realiza con Corfo, instancia pública que detenta la propiedad estatal de los recursos naturales.
Llama la atención en el informe que cuando se consultó a Codelco respecto de dicho permiso, su consejería jurídica sostuvo que “las pertenencias de litio que detenta CORFO (inscritas en 1977) son previas al decreto de inconcesibilidad (refiriéndose al D.L. 2.886 de 14 de noviembre de 1979) por lo tanto, anteriores al 1° de enero de 1979 y, en consecuencia, no están sujetas a esa restricción (la de hacerlo a través de un CEOL) y se pueden explotar directamente como lo ha hecho SQM hasta ahora”.
Según argumenta el informe de Thayer, todas las pertenencias mineras de Corfo en el Salar de Atacama, incorporadas en su patrimonio antes o después del 1 de enero de 1979, nunca han dejado de ser propiedad del Estado. Y al haber ingresado “al patrimonio de CORFO en 1977, es el Estado el que siguió teniendo su dominio y su derecho a explotarlas”- comenta.
También el acuerdo enfrenta un recurso de amparo económico presentado por el abogado Juan Francisco Sánchez, socio del estudio Valdivia Legal, en contra de Corfo ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 13 de noviembre pasado. La presentación acusa como inconstitucional la creación de filiales de litio de Codelco, Salares de Chile y Minera Tarar, siendo acogida para su tramitación por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El abogado acusa que la Empresa Nacional del Litio, denominada Salares de Chile SpA, fue creada en una notaría, “burlando todos los requisitos y limitaciones que la Constitución y la ley imponen a la actividad empresarial del Estado”. Argumenta que asignar una concesión para la explotación de litio en el país requiere de una ley de quórum calificado que la autorice, debido a que los recursos mineros están afectos de un régimen especial en la Constitución.
La no inclusión de los accionistas minoritarios de SQM también fue reclamado por el jurista, quien sostiene que es un paso necesario para «la legalidad de la operación». Argumenta que «la Corte Suprema ha ratificado en diversas ocasiones la importancia de contar con el consentimiento de los accionistas minoritarios en este tipo de operaciones».
7) CRITICAS DE EXPERTOS
El acuerdo entre SQM y Codelco también es criticado por economistas, geólogos con experiencia en la explotación de yacimientos mineros e incluso entre representantes del gran empresariado. Camilo Lagos, economista que asesoró a Cochilco en temas de litio, estima que implicaría una pérdida para el tesoro público de 10.199 millones de dólares.
Las criticas provienen incluso desde la propia industria minera. Jorge Riesco, director de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), reclamó el que no se haya llamado a licitación. “El país necesita una explicación de por qué el Gobierno le dio a Codelco ese derecho a negociar y no licitó, y si estamos dejando plata en la mesa”- argumentó el representante gremial.
A las advertencias e suman voces de expertos. Según el geólogo del Centro de Estudios Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (Cemec), José Cabello, considera que cualquier acuerdo justo para el patrimonio público no debía haber cedido más del 20% de las ganancias de una explotación en conjunta.
Cabello, quien tiene trabajó en BHP Billiton entre 1980 y 2003, llegando a ocupar puestos de gerencia en nuevos negocios y estrategia minera, comentó que “Chile tiene muy buenos recursos de potasio y el Salar de Atacama es un gran depósito de potasio. Lamento si y creo que es una mala decisión que, siendo dueños, le entregaron más de la mitad del proyecto a SQM. Es como haber desnacionalizado un recurso importante, además se está quitando competitividad al mercado del potasio”.
“Cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento”- explicó en una entrevista con El Ciudadano.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
NOTAS
(1) F. Delgado, T. Shreve, S. Borgstrom, P. León-Ibáñez, J. Castillo and M. Poland, «A Global Assessment of SAOCOM-1 L-Band Stripmap Data for InSAR Characterization of Volcanic, Tectonic, Cryospheric, and Anthropogenic Deformation,» in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 62, pp. 1-21, 2024.
https://ieeexplore.ieee.org/document/10586971
(2) Wenjuan Liu; Datu Buyung; Soe W. Myint. Spatiotemporal patterns of lithium mining and environmental degradation in the Atacama Salt Flat, Chile. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 80, 2019, pp. 145-156.
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