Durante la mañana del 17 de diciembre, una extrabajadora que se habría integrado al equipo de comunicaciones del arzobispo Fernando Chomalí, presentó una denuncia por la Ley Karin, tras haber experimentado un quiebre emocional y hasta episodios de llanto, todo esto producto de distintas situaciones que experimentó tras la llegada de dos periodistas al equipo.
Todo habría llegado a un punto insostenible por una presunta “encerrona” y distintas instancias en dónde la víctima, afirma haberse sentido intencionalmente excluida de los espacios en más de una ocasión, y revelando también que este tipo de situaciones habrían perdurado hasta el fin de su participación en el equipo, el cuál comenzó en abril y que inicialmente duraría tan solo 3 meses pero terminó que por extenderse un mes más hasta agosto. De igual manera, fue citada antes del 4 de agosto, día original en el que finalizaba su contrato, para terminar las relaciones laborales con el equipo.
Esto es sustentado en la denuncia en donde se especifica que la víctima habría vivido distintas “acciones despectivas” con el objetivo de desvalorizar, lo que comenzó en primera instancia por parte de un periodista del equipo y que se intensificó con la llegada de una segunda nueva periodista. Además de esto, el texto afirma que la víctima habría sido excluida de reuniones en múltiples ocasiones con justificaciones como “estaba ocupada” o “no quería ir”.
A pesar de que el Arzobispado de Santiago, en agosto de este año, realizó supuestas formaciones a sacerdotes sobre la Ley Karin, incluso habría fomentado distintas instancias para instruir sobre el funcionamiento de esta ley. La denuncia presentada declara que, específicamente, se vulneraron los derechos fundamentales de la víctima y se solicita una reparación moral de $15 millones, una indemnización de $14.300.000 equivalente a once remuneraciones y el pago de $91 mil por horas extras, como compensación por las situaciones vividas por la víctima en el equipo de prensa.