Informe de la Defensoría de la Niñez revela que más de 17 mil niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado, fueron víctimas de vulneraciones

Nuevamente el sistema de protección infantil expone una compleja realidad, que se sigue manteniendo según el Informe Anual 2023, emitido por la Defensoría de la Niñez. El documento dio a conocer que existen 17.118 niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encontraban bajo protección del Estado, fueron víctimas de vulneraciones; 11.712 de ellos enfrentaron vulneraciones “contra la integridad física o psicológica”, representando un 68% del total. En esta misma línea, 5.458 NNA, fueron víctimas de vulneraciones “contra la indemnidad sexual” siendo un 32% del total.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, lamentó las cifras y criticó el sistema de protección infantil, haciendo énfasis en la revictimización de los NNA afirmando que “el informe da cuenta de una importante cantidad de niños, niñas y adolescentes que, aunque ya están bajo protección del Estado por una amenaza o vulneración de derechos, vuelven a ser víctimas una vez dentro del sistema que debería protegerles, reparar las consecuencias y evitar la ocurrencia de nuevas vulneraciones”.

El informe además dió a conocer que un 78% de las víctimas vienen de programas ambulatorios y junto con los centros residenciales, que concentra el 15%  de las víctimas, ambos albergan la mayor tasa de afectados, lo que correspondería a 360 víctimas por cada mil atendidos y el 62% de ellas fueron son niñas y adolescentes mujeres.

De esta misma forma, también se reveló que los principales agresores serían los familiares, representando un 43% de los casos y el 41% proviene de agresores o agentes de la misma comunidad. También se informó que las víctimas se distribuyen principalmente en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío y que específicamente en casos que se dieron en residencias, destacan Aysén, Antofagasta, Magallanes y Biobío.

El Presidente Gabriel Boric ya había firmado minutos antes de que se liberara el informe, el acuerdo para la creación de una comisión asesora presidencial para investigar las vulneraciones sufridas por los NNA, bajo la custodia del Sename.