Vecinos solicitan participación ciudadana por central Los Maquis, mientras Municipalidad cuestiona afirmaciones de Edelaysén

·      El objetivo de más de 20 personas naturales y dos organizaciones regionales es que la comunidad se pueda involucrar en la evaluación de un proyecto que el Tribunal Ambiental de Valdivia consignó que se construyó al margen de la legalidad. 

·      En paralelo, están recurriendo a distintas instancias para que se analice mediante Estudio de Impacto Ambiental y no simple Declaración, que fue el método escogido por la empresa a pesar de los impactos que su iniciativa generó.

Dos organizaciones regionales junto a más de una veintena de vecinos y vecinas de Puerto Guadal solicitaron participación ciudadana formal en el marco de la evaluación ambiental de la central hidroeléctrica Los Maquis, de Edelaysén.  La iniciativa, ya totalmente construida, está siendo evaluada mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desde noviembre de este año. 

La norma establece que con dos organizaciones o 10 personas naturales que lo soliciten, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debe resolver el inicio de la participación ciudadana.   En el caso de las DIA, instrumento escogido por Edelaysén y de menor estándar que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no es obligatorio el involucramiento de la ciudadanía afectada, siendo necesario solicitarlo expresamente.

La empresa comenzó a construir la central en 2019, ocasión en que desde la comunidad se le planteó la necesidad de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual no fue considerado y continuó con los trabajos.  Ante ello, más de 50 vecinos y vecinas recurrieron en su oportunidad a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), durante el gobierno de Sebastián Piñera, organismo que desestimó estos requerimientos. 

Sólo tras recurrir al Tribunal Ambiental de Valdivia en 2020, y luego de varios años, se emitió una sentencia que consignó que, producto de que para efectos del SEIA la Zona de Interés Turístico Chelenko es un área bajo protección oficial, Los Maquis debió haberse construido con una resolución de calificación ambiental (RCA) favorable.  Además, constató que la titular concretó un proyecto distinto al que informó al SEA en la consulta de pertinencia, y generó efectos permanentes sobre el medio ambiente, además de destruir y desaparecer la antigua sala de máquinas, instalaciones patrimoniales de la comunidad.  En el fondo, construyó ilegalmente el proyecto.

La sentencia derivó en que la SMA emitió una resolución obligando a la empresa evaluar la iniciativa, quedando paralizada la operación desde esa fecha.  Actualmente existe un procedimiento sancionatorio por impactos ambientales de carácter grave contra Edelaysén.  Algo que la comunidad espera se materialice, ya que de no haber sanciones y sólo exigirse evaluación ex post a un proyecto materializado ilegalmente, se incentiva a no cumplir la normativa.

Luego que el proyecto ingresara en noviembre, tras una fallida primera presentación, se presentó ante el SEA otro recurso para dar término anticipado a la evaluación, dado que el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia consignó que las faltas de Edelaysén son gravísimas, motivo para que sea evaluado mediante EIA y no sólo DIA.   Más aún, en opinión de los vecinos actualmente la DIA no cuenta con toda la información esencial y relevante que el sistema exige para descartar impactos

El SEA no consideró estos argumentos y tras recibir varias respuestas de servicios elaboró un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaración, Rectificación y Ampliación (ICSARA), permitiendo que la evaluación siga su curso, al cual el titular debe responder como máximo el 28 de febrero.

Impactos socioambientales

En su solicitud de participación ciudadana, los vecinos plantean la afectación turística y paisajística producto de que la obra se emplaza en la Zona de Interés Turístico Chelenko, “siendo la cascada de los Maquis una de las principales atracciones turísticas y culturales del área”.  Agrega que las distintas fases operativas, tanto de construcción como de operación, afectan gravemente el paisaje y las actividades turísticas derivadas, tales como fiestas costumbristas, cabalgatas, excursiones, trekking, observación de flora y fauna, visitas a los diversos patrimonios culturales y naturales de la zona, venta de artesanías, baño y disfrute de las cascadas y pozones.  “Asimismo, el daño ya ocasionado (y realizado al margen de la normativa ambiental), actualmente notorio para los vecinos de Puerto Guadal, es de carácter permanente y no se contabiliza en la Declaración de Impacto Ambiental. Como consecuencia, se ha producido un quiebre debido al emplazamiento del proyecto, que complica el acceso de las personas a la Cascada Los Maquis y los pozones para actividades de diversa índole” se explica en el escrito.

Se agrega la afectación a flora y fauna silvestre, ya que “en la fase de construcción se generará una grave afectación de la biodiversidad silvestre de la zona, tanto por la alteración como por la pérdida del hábitat”; pérdida del espacio natural en tanto “el proyecto se desarrolla dentro y alrededor de la cascada de los Maquis, afectando los ríos, pozones y la cascada en sí misma. Por otro lado, este afectará los caminos y usos tradicionales del espacio”. 

Y, por último, “afectación cultural y arqueológica dado que el titular destruyó, al margen de la legalidad, la antigua casa de máquinas de la antigua central hidroeléctrica los Maquis, patrimonio cultural de la localidad, conteniendo un gran valor antropológico e histórico. Asimismo, la irrupción de la central hidroeléctrica ha producido una dificultad para el ejercicio de actividades culturales que dependen del atractivo turístico del lugar, lo que produce una afectación de los sentimientos de arraigo en ese propio territorio”.

Todos estos aspectos fueron consignados incluso por los servicios públicos que participaron en una primera truncada evaluación, en que el SEA dio por terminada la evaluación producto de que el proyecto no contenía información esencial mínima para ser evaluado.

No hay plazo formal para que el SEA resuelva sobre la solicitud de participación ciudadana. En caso de ser aceptada, se iniciará un proceso oficial en el cual podrá involucrarse toda la comunidad que se sienta afectada.

“Como vecinos de Guadal y del sector Los Maquis nuevamente nos hemos reunido para solicitar participación ciudadana. Leyendo la eclaración de la empresa nos entraron muchas dudas acerca del proyecto y creemos que hay muchas cosas que ellos no han mencionado en su presentación, que encontramos un poco pobre” dijo al respecto Cristóbal Weber, uno de los vecinos afectados.  En este sentido, emplazó al SEA y a la SMA a cumplir con sus funciones normativas, “ya que creemos que este proyecto no debiera ingresar a través de DIA sino de un EIA, ya que hay muchas afectaciones de carácter permanente que no pueden ser descartadas con una simple declaración de impacto ambiental.  Por ello vamos a seguir abogando para que ello ocurra”.

Sofía Barrera, abogada de ONG FIMA, una de las organizaciones que ha apoyado a la comunidad en este largo proceso, expresó que el requerimiento “permite a los territorios y a las comunidades entregar información al proceso de evaluación ambiental, que muchas veces no contiene la misma declaración de impacto ambiental.  Esto porque el titular no presenta esa información de evaluación o porque el mismo sistema no tiene acceso a la información sobre los procesos actuales en los territorios o sobre su vida actual”.

Estas acciones van en línea con los principios del Acuerdo de Escazú, suscrito por Chile.

Cuestionamientos de organismos públicos

Entre las observaciones que hizo la institucionalidad, la Municipalidad de Chile Chico cuestiona la coherencia del proyecto con el desarrollo turístico, dado que la empresa señala que la central aportaría con más energía para el rubro. “Lo anterior no es posible de verificar puesto que, en el capítulo de ‘Estudio de caudal ambiental’, el mismo titular reconoce que para el periodo de verano el caudal no será suficiente para que se genere energía (330 l/s), por lo tanto, no estaría funcionando y por ende, no sería capaz de brindar lo mencionado anteriormente con respecto al turismo y servicios, considerando que la época de verano es donde aumenta este tipo de demanda. La misma observación se realiza con el objetivo estratégico ‘Económico productivo’” señalan desde la municipalidad.

Agrega que en términos de su aporte a disminuir el consumo de petróleo para fines energético, “se solicita que el titular especifique la veracidad de este ‘reemplazo de energía’ puesto que, cuando entre en funcionamiento el hospital de Chile Chico la demanda será significativamente mayor a la actual. Por lo tanto, se estaría inyectando energía que sí se usaría y no conllevaría a un ‘reemplazo’ energético, sino más bien, un suplemento/complemento energético”.

Y, por último, cuestiona que la empresa asegure que se relaciona “positivamente” con las organizaciones sociales,  calificando que esta afirmación “resulta confusa, puesto que, en principio la reapertura de la hidroeléctrica no conllevará un cambio en las tarifas de los usuarios, tampoco subsidios, y se invita a cambiar en el sistema de calefacción que probablemente genera mayor requerimiento eléctrico, lo cual se traduciría en un aumento de consumo, una mayor demanda con tarifa de invierno (mayor valor) y que conllevaría a que no sea posible reemplazar el tipo de producción de energía (tomando en consideración lo anteriormente expuesto)”.

A las observaciones de la Municipalidad de Chile Chico se suman las de Sernatur Aysén, los ministerios de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Salud, la Corporación Nacional Forestal, y el Consejo de Monumentos Nacionales.