Odecu: 4 principales empresas eléctricas concentran 65% de ganancias derivadas de alzas tarifarias

En enero del próximo año se producirá una nueva alza en las cuentas de la luz, como parte del proceso de descongelamiento de las tarifas eléctricas.

Así lo confirmó la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publicó esta semana el Informe Técnico Definitivo para la Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional.

Dicha alza será la primera que se experimentará el 2025, aunque se sumará a las que se han registrado de forma seguida durante este 2024: en junio, julio y octubre.

Según el informe, en enero del próximo año las cuentas de la luz incrementarán entre un 6% y un 17%, dependiendo la región y la ciudad.

En total, desde el descongelamiento de las tarifas, el aumento acumulado llegará a un 60%. Una situación que ha generado preocupación entre los consumidores, especialmente en un contexto de inflación y mayores costos de vida.

Contratos eléctricos previos a 2015 afectan los costos de la energía

Un estudio publicado recientemente por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) reveló un factor clave detrás que suma al sostenido incremento en las tarifas eléctricas: los contratos firmados antes de 2015 -y que aún se encuentran vigentes- están indexados al precio de combustibles fósiles, por lo que no sólo experimentan variaciones asociadas al incremento de estos combustibles, sino que además están impidiendo que los consumidores regulados accedan a los beneficios de una matriz energética más limpia y económica.

Estas estructuras contractuales, diseñadas en un contexto económico y tecnológico ya superado, hoy representan una carga para los hogares chilenos, indicó el «Estudio de los Contratos Eléctricos Previos a 2015 Indexados al Precio de los Combustibles en el Mercado Chileno: Impacto en los clientes regulados».

Estos contratos establecen que los precios de la electricidad se ajustaban periódicamente que periodicidad según la variación en los precios de los combustibles que combustible.

De acuerdo con la investigación, entre junio de 2024 y enero de 2025, los consumidores residenciales experimentarán un alza promedio de $14.600 en sus cuentas mensuales de electricidad, alcanzando un total de $38.000 para un hogar que consume 180 kWh al mes.

Según la organización, este aumento que pone en jaque los presupuestos familiares, «además de responder a correcciones resultado de postergaciones de precio durante la pandemia, están directamente relacionado con la vigencia de estos contratos antiguos que trasladan a los consumidores la volatilidad de los precios internacionales de combustibles como el petróleo y el carbón».

«El aumento en los precios internacionales de los combustibles significaban un aumento en los precios de los combustibles, lo que implica que el alza de los precios de los combustibles afecta tanto a los consumidores residenciales como a las empresas, a estas últimas incrementando los costos operativos», explicó el estudio.

Ingresos extraordinarios mayores a US$2.300 millones anuales

Aunque estos contratos se justificaron inicialmente para garantizar estabilidad en el suministro eléctrico, Odecu señaló que en la actualidad «resultan un anacronismo que beneficia principalmente a las grandes generadoras».

En concreto, el informe planteó que las 4 principales empresas generadoras concentran el 65% de las ganancias derivadas de estas alzas tarifarias.

«Durante los últimos dos años, estas empresas han registrado ingresos extraordinarios, superando los US$2.300 millones anuales», reveló el documento.

«Este escenario evidencia una desigualdad estructural: mientras los grandes consumidores, como la industria minera, han renegociado sus contratos para beneficiarse de la caída en los costos de las energías renovables, los hogares y pequeñas empresas siguen atados a un marco contractual obsoleto», cuestionó la organización.

Fortalecer la fiscalización sobre los actores clave del sistema eléctrico

En paralelo, Odecu ha identificado negligencias en la gestión del sistema eléctrico que también afectan a los consumidores.

Por ejemplo, un fallo reciente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó al Coordinador Eléctrico Nacional por adjudicar una licitación a una empresa con una oferta más cara, ignorando la opción más económica.

«Este error no solo generó un sobrecosto de US$ 43,25 millones para el sistema, sino que también puso en evidencia la falta de control y supervisión en decisiones críticas», indicaron desde la organización.

Contratos antiguos no deben seguir encareciendo la electricidad

Ante este panorama, realizaron un llamado urgente a la acción, señalando que es imprescindible estudiar renegociaciones de los contratos antiguos para alinearlos con las condiciones actuales del mercado energético, caracterizado por una mayor participación de fuentes renovables.

«Estas energías, como la solar y la eólica, no solo son más económicas, sino que también ofrecen estabilidad en los costos a largo plazo. Sin embargo, su impacto en las tarifas sigue siendo limitado debido al peso desproporcionado de los contratos indexados a combustibles fósiles», plantearon.

Al respecto, el presidente de Odecu, Stefan Larenas Riobó, indicó que “no podemos permitir que los contratos antiguos sigan encareciendo injustamente la electricidad para las familias chilenas. Es inadmisible que mientras nuestra matriz energética avanza hacia fuentes renovables más económicas, los consumidores sigan pagando precios elevados debido a acuerdos obsoletos y una falta de voluntad para renegociarlos. Necesitamos acciones concretas para que los beneficios de las energías limpias se reflejen en las cuentas de luz de todos los chilenos”.

“Es hora de actuar. Los consumidores merecen un sistema eléctrico que refleje los avances tecnológicos y las oportunidades económicas del mercado actual. La renegociación de contratos y la promoción de energías renovables son pasos esenciales para garantizar tarifas justas y sostenibles”, afirmó.

A juicio de la organización, los consumidores chilenos no pueden seguir soportando el peso de un sistema diseñado para un pasado que ya no existe.

«La transición hacia un mercado eléctrico más equitativo y moderno es ineludible, y requiere un compromiso conjunto de empresas, reguladores y usuarios», señalaron.

Los resultados y conclusiones del informe serán enviado a las autoridades reguladoras, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), para impulsar las reformas necesarias.

Para conocer el informe completo, ingresa aquí