Las mentiras y silencios de la fiscal del caso Daniel Jadue 

Por PMB

Lawfare, montaje judicial, inoperancia, tráfico de influencias, falta de rigurosidad, atentado al Debido Proceso, ataque a la presunción de inocencia y muchos otros calificativos se escuchan en los pasillos del poder entre quienes ya empiezan a dar crédito a algunas teorías sobre el caso del ex alcalde de Recoleta, el comunista palestino, Daniel Jadue. 

Giovanna Herrera es la cuestionada fiscal que “logró” meter en la cárcel a Jadue. Lo acusó de cinco delitos, por supuestamente haber pedido una donación en alcohol gel y mascarillas que habrían ido a parar a la sede del PC comunal de Recoleta. Hasta ahora el entorno de quien en su mejor momento obtuvo más del 65% de los votos para ser reelegido por tercera vez como alcalde, gritaba a los cuatro vientos que Jadue era inocente, pero sin aportar mayores pruebas. Hasta ahora. 

Una verdadera pelea de tozudas y desesperadas posiciones entre el ministerio público y los adherentes, casi todos comunistas, de Daniel Jadue. 

Capitán Yaber fue el hogar por varios meses del alcalde popular, como le dicen sus seguidores, todo parecía un caso “normal” más de corrupción alcaldicia, hasta que desde las entrañas del poder real, no del aparente, aparecieron los chats de Luis Hermosilla, el poderoso abogado asesor de Chadwick, Piñera y de todo aquel que tuviese dinero para contratar sus servicios. El escándalo vino acompañado de chats, videos, fotos y conversaciones íntimas del abogado. 

¿Qué culpa tenía Jadue? 

Cada chat nuevo demostraba que Hermosilla y varios abogados (fiscales, jueces, operadores de justicia, politicos y empresarios) tenían montado una máquina bien aceitada para destruir enemigos, no obstante, este artículo no se referirá a eso. 

Nos centraremos en hechos, datos concretos, verificables e incuestionables. En las pruebas y diligencias que la misma fiscal utilizó y luego escogió selectivamente para acusar a Óscar Daniel Jadue Jadue.

Para esto se necesitan dos requisitos, saber leer y tener acceso a la carpeta investigativa. La confusión es total en el trabajo de la Fiscalía. Testimonios contradictorios de los «testigos clave» Oscar Doussang y de César Ramírez, con respecto a sus nexos con Matías Muñoz, el otrora amo y señor de la ACHIFARP (Asociación de Farmacias Populares de Chile). 

Ambos señalan no conocerlo mayormente, pero Muñoz antes de ingresar a trabajar al proyecto estrella de Jadue, fue comisionista de la empresa Best Quality, por ende, es imposible que un vendedor no conociera a dos personas con las cuales trabajaba diariamente. Además, la declaración de César Ramírez es contradictoria en sí misma (como decía Carlitos Caszely: no tengo porque estar de acuerdo conmigo mismo), el problema es que en un proceso judicial la contradicción y mentira constituye el delito de perjurio. Es extraño que una avezada fiscal coordinada por un exigente Fiscal regional como Javier Armendáriz no se hayan percatado que uno de los denunciantes estaba mintiendo para salvar su cuello de la horca de la justicia chilena. 

La confusión y el desorden llegan al paroxismo, luego de que Matías Muñoz, a cambio de inmunidad, cambia su testimonio volviéndose en contra de Jadue. Revisando las declaraciones, a los tres testigos se los puede acusar de cualquier cosa, menos de haberse puesto de acuerdo. Es que para cualquier lector atento, los testimonios son mutuamente excluyentes, los relatos no coinciden en horarios, contexto, ni lugares. Para colmo, las propias pericias de llamadas georreferenciadas de los declarantes, los sitúan temporal y especialmente en lugares y momentos que no cuadran. Como dice el refrán popular «esto no pega ni con cola fría». 

Lo grave: frente a estas incongruencias, la fiscal opta por lo más sencillo, las pasa por alto. Así como también pasa por alto los prontuarios de los 3 testigos: Ramírez con antecedentes de condena por declaraciones injuriosas y contrabando aduanero (esa vez también se autodenunció) y Doussang con denuncia por falsificación de licencias de conducir. En el caso de Muñoz ya el tema roza en un guión de teatro de lo absurdo, ya que las pericias de la propia fiscal demostraron que fue el único que sustrajo dinero de Achifarp ( 67.000.000), sin embargo, nuevamente la fiscalía lo pasó por alto. La consigna parece no ser castigar a los culpables, si no condenar a alguien que te permita catapultar tu carrera. Aunque sea inocente. 

Para otro capítulo quedan los innumerables conflictos de interés de la Fiscal, con vínculos familiares con dueños de las grandes cadenas farmacéuticas, que ven en las Farmacias Populares a un competidor directo.