Parlamentarios denuncian presiones del Ministerio de Minería para frenar Comisión sobre acuerdo entre SQM y Codelco

El pasado 11 de diciembre, parlamentarias y parlamentarios denunciaron haber sido «acosados» para retirar su firma en la creación de una comisión investigadora, la cual busca analizar el acuerdo entre Codelco y SQM que extiende la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. 

Pese a que dicha iniciativa fue aprobada el 7 de noviembre con 62 firmas para su tramitación, mensajes de texto y reuniones que involucran a funcionarios de Codelco y del Ministerio de Minería revelaron intentos de frenar el proseguimiento de la comisión.

En uno de los antecedentes que fueron expuestos en Stock Disponible junto al abogado Mauricio Daza, se revela que Daniel Gómez, director de Relaciones Institucionales de Codelco, fue sorprendido enviando mensajes vía WhatsApp a los diputados Carolina Marzán (PPD) y Rubén Oyarzo (exPDG). 

Este último afirmó haber recibido un mensaje en el que Gómez le solicitó meditar su apoyo a la conformación de la comisión: «Me gustaría poder aclarar sus dudas e inquietudes, por si existe la posibilidad de que usted pueda reconsiderar su adhesión», expresó Gómez.

Recordemos que la diputada e integrante de la Comisión de Minería, Yovana Ahumada, fue una de las primeras en denunciar este tipo de malas prácticas por parte de Codelco, lo que ha generado alerta al interior de la Cámara Baja.

Por su parte, el diputado independiente René Alinco, denunció haber sido presionado directamente por el equipo de la ministra de Minería, Aurora Williams: “Me pidió algunos minutos de conversación donde me planteó la posibilidad que retire mi firma para que esta comisión no se constituya”.

La polémica gira en torno a un acuerdo firmado en julio pasado, mediante el cual Codelco y SQM garantizaron la continuidad de la extracción de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060, extendiendo el contrato inicial que aseguraba la explotación por parte de SQM sólo hasta 2030. 

Desde la Sala se denunció esta situación como una práctica irregular de lobby. Miguel Landeros, Secretario General de la Cámara, confirmó la gravedad del hecho.