La resolución emitida el pasado 20 de diciembre de 2024 por el Panel constituido bajo el Capítulo 31 del T-MEC, en el caso de las medidas de México sobre el maíz genéticamente modificado, deja al descubierto una tensión profundamente arraigada en la política económica y cultural de nuestro país: el equilibrio entre los compromisos internacionales y la defensa de principios fundamentales como la salud pública, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos indígenas. Aunque el gobierno mexicano ha señalado que respetará la decisión del Panel, las implicaciones del fallo no deben tomarse a la ligera.
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El Decreto emitido el 13 de febrero de 2023, que restringía el uso de glifosato y maíz genéticamente modificado, buscaba proteger la salud pública y preservar las especies nativas de maíz, un recurso que trasciende lo alimentario para convertirse en un símbolo cultural y espiritual en México. Sin embargo, el Panel del T-MEC consideró que dichas restricciones no estaban respaldadas por una evaluación de riesgo adecuada ni por evidencia científica conforme a las normas internacionales relevantes.
Esta determinación pone de manifiesto un problema recurrente en la relación entre México y sus socios comerciales: el choque entre los estándares internacionales, definidos en gran medida por intereses corporativos y científicos de países desarrollados, y los esfuerzos de naciones como México por proteger su biodiversidad, cultura y economía local.
El gobierno ha reiterado su compromiso con valores fundamentales como la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, señalando que estas preocupaciones son legítimas y reconocidas por el mismo Panel. Sin embargo, aceptar la resolución del T-MEC implica un revés significativo en los esfuerzos por limitar la influencia de los transgénicos y sus efectos potencialmente nocivos en la salud humana y el medio ambiente.
La defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del patrimonio genético del maíz es, sin duda, una causa justa, pero la falta de una estrategia más robusta en términos de evidencia científica y evaluación de riesgos ha dejado a México en una posición vulnerable frente a los mecanismos de resolución de disputas del T-MEC.
Organizaciones como Sin Maíz No Hay País han sido clave en visibilizar la importancia de preservar las variedades nativas de maíz y prohibir los transgénicos. Su postura refleja un clamor social que trasciende lo económico: la protección del maíz como un símbolo de identidad nacional y como un recurso vital para la seguridad alimentaria.
Estas demandas, aunque legítimas, no siempre encuentran eco en un sistema comercial internacional donde prevalece la lógica del libre comercio sobre las preocupaciones ambientales y culturales. El respaldo de estos movimientos al gobierno es una muestra de la fuerza del activismo social, pero también evidencia la necesidad de generar consensos y políticas que armonicen las exigencias ciudadanas con las obligaciones internacionales.
El maíz es, en términos prácticos, el corazón del sistema alimentario mexicano, y su producción está estrechamente vinculada al bienestar de millones de campesinos. Sin embargo, también es un insumo clave para industrias como la pecuaria, que dependen en gran medida del maíz importado, gran parte del cual es genéticamente modificado.
La prohibición de estos productos sin un plan sólido de sustitución o apoyo al campo puede desencadenar aumentos en los costos de producción y, por ende, en los precios al consumidor, afectando directamente la economía de los mexicanos. Este es uno de los argumentos que sostienen Estados Unidos y sus corporaciones agrícolas, quienes ven en las restricciones mexicanas una barrera comercial.
Por otro lado, la dependencia de México hacia el maíz importado plantea un problema de soberanía alimentaria. Según datos recientes, cerca del 30% del maíz consumido en México es importado, en su mayoría desde Estados Unidos. Esto no solo vulnera nuestra autosuficiencia, sino que también subordina la política alimentaria mexicana a los intereses de su vecino del norte.
La resolución del Panel refleja un desafío inherente al T-MEC: cómo equilibrar los beneficios del libre comercio con el respeto a las prioridades nacionales. Si bien el acuerdo comercial ha sido crucial para la economía mexicana, también ha limitado la capacidad del país para implementar políticas públicas en áreas sensibles como el medio ambiente y la salud.
El caso del maíz transgénico es un ejemplo claro de cómo las reglas del T-MEC pueden entrar en conflicto con los objetivos nacionales. Mientras que Estados Unidos argumenta desde la perspectiva del comercio y la ciencia, México lo hace desde la protección de su patrimonio cultural y natural. En este choque de paradigmas, el sistema de solución de controversias parece favorecer al primero.
La resolución del Panel no debe interpretarse como una derrota total, sino como una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer la política pública en torno al maíz. Para avanzar, el gobierno de México debe tomar medidas concretas:
Fortalecer la evidencia científica: Es imperativo que cualquier política en torno al maíz transgénico esté respaldada por evaluaciones de riesgo sólidas y conformes a las normas internacionales. Esto no solo fortalecerá la posición de México en futuras disputas, sino que también garantizará decisiones basadas en datos objetivos.
Apoyar al campo mexicano: Es crucial invertir en el desarrollo del campo mexicano para reducir la dependencia del maíz importado. Esto incluye promover prácticas agrícolas sostenibles, proteger las variedades nativas y garantizar precios justos para los campesinos.
Revisar el marco legal: Si bien el T-MEC es un instrumento valioso, México debe explorar maneras de preservar su soberanía en áreas clave. Esto podría implicar negociaciones para incluir cláusulas que permitan excepciones justificadas por razones de salud, medio ambiente o cultura.
Consolidar alianzas internacionales: México debe buscar aliados en foros internacionales para fortalecer su posición frente a los transgénicos, promoviendo un comercio más justo y respetuoso de la biodiversidad. El caso del maíz transgénico no es solo un conflicto comercial; es una batalla por la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la identidad cultural de México. Si bien el fallo del Panel del T-MEC representa un obstáculo, también es una oportunidad para replantear la estrategia nacional en torno al maíz. Al final del día, la defensa del maíz no es solo un deber del gobierno, sino una causa de todos los mexicanos, porque como bien dice el movimiento social: Sin maíz, no hay país. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
@onelortiz
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