Un hito en la defensa originaria: Tribunal Constitucional protege la Ley Lafkenche frente a presupuesto 2025

El Tribunal Constitucional de Chile ha dado un paso fundamental en la protección de los derechos de los pueblos originarios al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 48 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025. Este artículo, promovido por congresistas de Renovación Nacional y otros sectores de derecha, suspendía procedimientos clave de la Ley Lafkenche, normativa que resguarda los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO). Los peticionarios lo calificaron como una «derogación encubierta» que atentaba contra derechos fundamentales y compromisos internacionales.

La presidenta del Tribunal, Daniela Marzi Muñoz, junto con los integrantes del Pleno, analizaron los argumentos presentados por el Ejecutivo y un grupo de parlamentarios oficialistas, quienes subrayaron que la indicación presupuestaria vulnera principios constitucionales y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. Según estos argumentos, la medida representa una amenaza directa a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afecta la protección de ecosistemas clave.

En su requerimiento, el Ejecutivo destacó que «la Ley de Presupuestos no puede ser utilizada para alterar derechos establecidos en normativas permanentes». Por su parte, senadores y diputados cuestionaron que la suspensión de los ECMPO discrimina arbitrariamente a los pueblos originarios, contraviniendo principios de igualdad ante la ley y no regresividad en derechos humanos.

Organizaciones indígenas también se sumaron a la defensa de la Ley Lafkenche, solicitando audiencias para exponer cómo la indicación afectaba sus derechos consuetudinarios y su acceso a la protección de espacios ancestrales. Las comunidades advirtieron que este tipo de medidas podrían establecer un precedente perjudicial para la garantía de sus derechos en el futuro.

El fallo del Tribunal Constitucional no solo es un respaldo a los derechos de las comunidades originarias, sino que también subraya la importancia de mantener el equilibrio entre desarrollo sostenible, justicia social y respeto al marco constitucional. Además, este hito judicial reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El Pleno continuará el análisis de fondo el próximo jueves 26 de diciembre, una decisión que podría sentar un precedente clave en la defensa de los derechos indígenas y la protección de los recursos naturales en Chile. Desde el Gobierno, se reiteró que no permitirán que normativas permanentes sean modificadas mediante leyes transitorias, reafirmando su compromiso con la justicia y la equidad.

Este caso ha generado una profunda reflexión sobre el rol del Estado y las tensiones entre el Legislativo, el Ejecutivo y las comunidades indígenas. Mientras el Tribunal Constitucional avanza en su análisis, la sociedad observa con atención un proceso que podría marcar un precedente clave en la defensa de los derechos históricos de los pueblos originarios y la protección de sus territorios.

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