19 activistas permanecen detenidos tras la final de la copa del Mundo

Dos días después de que el capitán de la selección alemana levantara el trofeo en el Maracanã y con la mayoría de los turistas ya de vuelta a sus países, para los movimientos sociales de Río de Janeiro no ha terminado aún el Mundial de Fútbol.

El pasado sábado 12 de julio, el día antes de la final, la Policía Militar de Río de Janeiro emitió 30 órdenes de detención contra activistas de la ciudad. De éstas, 19 personas han sido detenidas y hasta el momento se encuentran en el complejo penitenciario de Bangu, en la zona norte de la ciudad.

Otras 16 han sido detenidas, sin mediar orden judicial, por encontrarse en las casas de los detenidos. Los demás ha sido considerados forajidos, al no poder ser localizados por la policía.

Las detenciones, que preveían un periodo inicial de cinco días de confinamiento, han sido justificadas por el jefe de la Policía Civil de Río, Fernando Veloso, porque “de forma clara” las personas detenidas se estaban movilizando para cometer actos de violencia, sin aportar mayor evidencia de que se hayan cometido o preparado actos prohibidos por la legislación vigente.

Hasta el momento, sin embargo, no se sabe cuánto tiempo las activistas estarán confinadas, ya que el mandato de prisión provisional que originó las detenciones se puede renovar o convertirse en un mandato de prisión preventiva, cuyo tiempo es indefinido. Para tres de las activistas la detención, ya se ha confirmado que la detención se extenderá.

Según informaciones de la Agencia Brasil, la policía ha encontrado en casa de estas activistas materiales como banderas de colectivos políticos y mascarillas de protección contra los gases lacrimógenos, muy utilizados en las protestas de Río.

Con una acusación bastante general de “asociación criminal armada” –para la cual banderas y mascarillas han sido consideradas flagrante delito–, las activistas pueden ahora permanecer detenidas por tiempo indeterminado, ya que los pedidos de habeas corpus presentados por sus abogados han sido denegados este lunes por el Tribunal de Justicia de Río. Además, hasta la fecha sólo están autorizadas a recibir visitas de sus abogados.

La acusación de “asociación criminal” ha sido usada con frecuencia en el último año contra activistas detenidos en manifestaciones, ya que resulta suficientemente abierta para determinar que las personas acusadas están relacionadas entre ellas con “intención de cometer un crimen”. Esto puede hacerse, por ejemplo, comprobando que las personas en cuestión están relacionadas en Facebook o en otras redes sociales y de acuerdo con los materiales que comparten o los grupos de los cuales participan.

Sin embargo, no parece casual que los mandatos hayan sido emitidos y ejecutados en la víspera de la final cuando había convocada una manifestación. Para Amnistía Internacional, la operación es parte de un “padrón de intimidación que ya había sido identificado antes del principio del Mundial”.

Así, en el caso de una de los detenidos, los policiales militares forzaron la entrada en su casa derrumbando la puerta, con los rostros cubiertos y portando armas de munición real, en medio de la noche. En otro caso, aún, una chica de 16 años ha sido considerada de forma arbitraria como responsable por su domicilio, imputándole un arma registrada legalmente a su padre.

Intimidatoria fue, también, la operación de seguridad montada en el entorno del estadio del Maracanã el día de la final, que contaba con 26.000 policías y soldados. Ese día, una protesta convocada en el mismo barrio de la zona norte de la ciudad fue sitiada por un enorme contingente policial.La policía prohibió a los manifestantes durante cuatro horas salir de la plaza donde se había convocado la concentración, donde fueron golpeados y expuestos a bombas de gas lacrimógeno. “Periodistas y abogados han sido agredidos física y moralmente por la Policía Militar”, relata el comunicado del Instituto de Defensores de los Derechos Humanos.

Así, el verdadero legado del Mundial de Fútbol se hace evidente ahora que los turistas están de camino a sus casas y la Jules Rimet desembarca en Alemania. Diecinueve presos políticos hasta la fecha, la efectiva suspensión del derecho de manifestación y una sensación de estado de sitio entre los movimientos sociales: lo que permanece no son los estadios o las obras de infraestructura que han quedado por terminar, sino una política que entiende a la disidencia como enemiga, y que, como en una novela distópica, persigue y encarcela a personas en base a supuestas intenciones.

Rosa Jiménez/DiagonalPeriódico