A finales de 2024, el gobierno hizo oficial la intención de comprar de dos inmuebles del expresidente Patricio Aylwin, ubicados en Arturo Medina 3678 y 3684 en Providencia y también la vivienda, de la misma comuna, ubicada en Guardia Vieja 39, que perteneció al expresidente de Salvador Allende. Todo esto con la intención de preservarlas como patrimonio nacional y transformarlas en museos.
Incluso, desde el Ministerio de Bienes Nacionales, celebraron la compra y afirmaron que “la vida y obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio del país y es rol del Estado conservar y difundir su legado”.
Sin embargo, lo que inició como una gran adquisición para el patrimonio nacional, rápidamente se convirtió en una polémica debido al anuncio del monto de 24.291 Unidades de Fomento (UF), expresados en $933 millones de pesos, que el Ministerio pagaría por la casa de Allende en Guardia Vieja, y que recibiría la actual ministra de Defensa Maya Fernández y su hermano.
La polémica se acrecentó al darse a conocer que la compra del inmueble a la ministra Fernández, es además inconstitucional, ya que según la Carta Fundamental “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. Además de esto, tras la compra, se descubrió que la secretaria de Estado figuraba como 100% dueña del inmueble en su declaración de patrimonio, lo cual, no es real.
Según el decreto de Bienes Nacionales entre los propietarios del inmueble del expresidente figuran Maya Fernández, Carmen Paz Allende Bussi, el hermano de la ministra, Alejandro Salvador Fernández Allende, y la senadora María Isabel Allende Bussi. Esto generó conflicto con una segunda norma constitucional que relata: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”.
Tras la polémica el gobierno decidió retractarse de la compra y en un comunicado anunció que: “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario“.
Por su parte, el Presidente Gabriel Boric se refirió al tema durante su viaje al Polo Sur y aseguró que «nadie está buscando enriquecerse a costa del Estado». Sin embargo, durante la mañana de hoy, se confirmó que el Presidente solicitó la renuncia a Marcela Sandoval, mientras que Sebastián Vergara Tapia, asumirá como subrogante de la cartera.