Exproductor ejecutivo de «Mentiras Verdaderas» exige embargo de canal La Red y oficiará a CNTV para que investigue

El 30 de diciembre pasado, Mauricio Parra, exproductor ejecutivo del programa «Mentiras Verdaderas», presentó una acción judicial contra La Red ante el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional. Parra acusó al canal de incumplir con los pagos establecidos entre ambas partes durante marzo de 2023, luego de no continuar como productor del programa. 

Por medio de su demanda, Parra solicitó el embargo de las señales de transmisión del canal como medida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes. 

En conversaciones con Interferencia, el exproductor de «Mentiras Verdaderas» confesó un entramado de cosas. Primero, que no era la primera vez que existía un incumplimiento de pagos por parte del canal, ya que, según él, esto es una estrategia “legal” en contra de todos los ex trabajadores que en algún punto recurrieron a los tribunales laborales. 

El exproductor ejecutivo destacó que esta situación afecta gravemente a trabajadores que dedicaron más de 20 años al canal y que ahora están expuestos a prácticas abusivas por parte de una empresa que mantiene programación activa, realiza contratos publicitarios y opera plenamente, pero que opta por ignorar sus obligaciones legales y laborales.

Según Parra, Marcelo Pandolfo -el representante legal del canal-, deja “en el completo desamparo” a decenas de trabajadores de La Red, quienes posteriormente deben abandonar los juicios y sus compensaciones legales por falta de recursos. 

También acusó a la empresa Global Holding Properties -a cargo de La Red- de infringir la ley 18.383. Esto se debe a que esta fue constituída en paralelo con Wayland Services Group Limited -a cargo de Telecanal-. Ambas se crearon el 10 de marzo de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

De igual modo, estas empresas están anexadas a Ángel González, quien es el dueño de Global Holding Properties, mientras que Wayland Services Group Limited fue constituída por Guillermo Cañedo White, su socio.

El conflicto surge porque Albavisión, el conglomerado de medios del empresario González, ejerce control sobre La Red y Telecanal a través de dichas sociedades constituidas en Islas Vírgenes.

Este mecanismo permite que Albavisión influya de manera indirecta en ambas señales televisivas, lo que infringe la normativa chilena: la Ley 18.383 prohíbe que una misma persona natural o jurídica posea o controle más de un canal de televisión concesionado.

Finalmente, Parra anunció que oficiará al CNTV, al Ministerio de Telecomunicaciones y al Consejo de Defensa del Estado para que investiguen y actúen al respecto.