Durante la jornada de este lunes, diputados del Partido Republicano presentaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) para destituir a la senadora Isabel Allende (PS).
Los parlamentarios argumentaron que la decisión se basa en la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende, cuya propietaria es la senadora, junto con otros familiares.
De este modo, invocaron el artículo 60 de la Constitución, el cual prohíbe a diputados y senadores celebrar contratos con el Estado. Desde modo, desde el Partido Republicano plantearon que la legisladora infringió la Carta Magna tan solo con firmar el contrato, sin importar que no se haya concretado a compra.
Cabe recordar que desde el Estado buscaban adquirir el inmueble, ubicada en Guardia Vieja 39, comuna de Providencia con la intención de preservarlo como patrimonio nacional y transformarlo en un museo.
Sin embargo, lo que inició como una gran adquisición para el patrimonio nacional, rápidamente se convirtió en una polémica debido al anuncio del monto de 24.291 Unidades de Fomento (UF), expresados en $933 millones de pesos, que el Ministerio pagaría por la casa de Allende y que recibiría la actual ministra de Defensa Maya Fernández y su hermano.
La polémica se acrecentó al darse a conocer que la compra del inmueble a la ministra Fernández, es además inconstitucional, ya que según la Carta Fundamental “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. Además de esto, tras la compra, se descubrió que la secretaria de Estado figuraba como 100% dueña del inmueble en su declaración de patrimonio, lo cual, no es real.
Según el diputado republicano José Carlos Meza, la violación a la Constitución es evidente.
“La infracción de la ministra Fernández y la senadora Allende a la Constitución es tan evidente que no existe ninguna autoridad de gobierno ni parlamentarios que hayan podido justificar esta situación. Espero que el Tribunal Constitucional esté a la altura de su mandato y declare que la senadora ha cesado en su cargo”, señaló, citado por El Mostrador.
Por su parte, el jefe de la bancada republicana, el diputado Luis Fernando Sánchez, declaró que tanto la legisladora como la secretaria de Estado deben abandonar sus cargos, y que no se puede “permitir que algo así quede impune”.
la senadora Isabel Allende aseguró que está dispuesta a defenderse ante el Tribunal Constitucional y destacó que su familia actuó de buena fe, sin intentar incumplir la ley.
“Toda la actuación de la familia fue de buena fe. Si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta, pero nunca hemos tenido intención de incumplir la ley”, afirmó.
“Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflictos de intereses, en lucros, en negociados ni en nada. Tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera”, enfatizó.
Ante la presentación, Allende tiene 10 días para responder la acusación, en la que ya están trabajando según indicó la parlamentaria.
Desde el Gobierno se refirieron al requerimiento y declararon que “no vemos la utilidad de la acción” en palabras de la ministra (s) Aisén Etcheverry.
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