Quedó sordo y perdió las uñas: Exdirigente universitario será indemnizado por brutales torturas en la dictadura de Pinochet

Un fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán ordenó que un exdirigente universitario sea indemnizado tras haber sido sometido a brutales torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En fallo unánime (causa rol 595-2023), la Primer aSala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Claudio Arias, Paulina Gallardo y el fiscal judicial Gabriel Hernández– confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 por concepto de daño moral a la víctima, quien fue detenido en septiembre de 1973 por agentes del Estado y sometido a torturas tanto en la comisaría como en el regimiento de la ciudad de Chillán.

Según consta en el dictamen del Segundo Juzgado Civil de Chillán, el dirigiente universitario para la época de los hechos de iniciales J.D.R.J, sufrió de golpizas, fue amarrado a sillas y le aplicaron electriciad.

Asimismo, lo amarraron y lanzaron a un hoyo profunfo junto con otros detenidos. Producto de esa caída sufrió una fractura en el pie y tras no recibir ningún tipo de tratamiento médico, perdió todas las uñas del pien. A pesar de encontrarse en ese estado, los agentes de la dictadura lo volvieron a torturar.

Producto de las agresiones quedó con un pie deforme, presentando problemas para caminar. Mientras que la aplicación de corriente lo dejó sordo.

Las distintas detenciones y torturas que el exdirigente estudiante sufrió por parte del personal militar al servicio de la dictadura, dejaron en él un rastro indeleble hasta la fecha. Además, no pudo retomar sus estudios y se vio obligado a abandonar el territorio nacional.

La sentencia de primera instancia ratificada estableció que: “Constando que J.D.R.J J presentó ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura los antecedentes que igualmente motivan la acción de autos, y que el organismo mencionado reconoció su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos y tortura, no puede sino darse valor de plena prueba al reconocimiento que efectúa la Comisión, por cuanto se trata de la entidad a quien el Estado comisionó para el estudio de tales antecedentes, quien luego del proceso de rigor, concluyó la efectividad de los hechos alegados por el señor Romero. Conforme a ello con el mérito de la declaración efectuada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y el tácito reconocimiento del demandado, se tendrá por establecida la privación de libertad del señor J.D.R.J por nueve meses aproximados desde el 11 de septiembre de 1973, el hecho que fue torturado, y luego relegado, y perseguido no pudiendo retomar sus estudios universitarios”.