Los riesgos inherentes a los PPS y APP

En los últimos años, los esquemas de financiamiento a través de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP) han sido presentados como alternativas innovadoras para impulsar grandes obras de infraestructura. Sin embargo, detrás de esta aparente modernidad, se esconden mecanismos que muchas veces terminan siendo desventajosos para las finanzas públicas y, en el peor de los casos, auténticos fraudes.

¿Qué son los PPS y las APP?

Ambos esquemas permiten que el sector privado participe en el diseño, construcción, operación y financiamiento de obras públicas, mientras el gobierno paga en cuotas a largo plazo. En teoría, esta fórmula busca aliviar la carga presupuestaria inmediata de los gobiernos, al mismo tiempo que agiliza el desarrollo de proyectos clave.

Pero la realidad es mucho más compleja. Estas asociaciones suelen incluir contratos opacos, sobrecostos y cláusulas que comprometen los recursos públicos durante décadas, convirtiéndose en una pesada losa para las administraciones futuras y la ciudadanía.

El caso del Museo Internacional Barroco: un ejemplo de manual

Un ejemplo paradigmático del fracaso de estos esquemas es el Museo Internacional Barroco de Puebla. Construido bajo un contrato APP, su costo inicial de 1,742 millones de pesos se convirtió en una deuda proyectada de más de 7,280 millones de pesos a pagar en 23 años. Pudiendo llegar incluso, a un monto de más de 14 mil millones de pesos.

Esta diferencia abismal se explica por intereses desproporcionados, costos inflados y condiciones contractuales diseñadas para favorecer al sector privado. Al final, el estado paga por un museo que, aunque arquitectónicamente destacado, no ha generado los beneficios económicos ni sociales prometidos.

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Los riesgos inherentes a los PPS y APP

1. Opacidad en los contratos: Muchas veces, los detalles de los acuerdos son reservados, lo que impide a la ciudadanía y a los organismos de transparencia evaluar si se está utilizando el dinero público de manera adecuada.
2. Sobrecostos: Aunque estos esquemas prometen eficiencia, los proyectos suelen tener precios mucho más altos que si se hubieran financiado directamente con recursos públicos.
3. Compromisos a largo plazo: Los pagos diferidos pueden parecer atractivos en el corto plazo, pero comprometen recursos públicos durante décadas, limitando la capacidad de inversión de futuros gobiernos.
4. Privatización de ganancias, socialización de riesgos: Mientras las empresas privadas obtienen ganancias aseguradas, el estado asume todos los riesgos financieros y operativos.

¿Qué se debe cambiar?

Es urgente que los gobiernos reconsideren el uso de los PPS y APP como modelos de financiamiento predilectos. En su lugar, deben:

• Apostar por la transparencia: Hacer públicos los términos y condiciones de todos los contratos firmados bajo estos esquemas.
• Evaluar costos reales: Comparar los costos de las APP con los de otras alternativas de financiamiento, asegurando que no se comprometan los recursos públicos innecesariamente.
• Fomentar la participación ciudadana: Incluir a la sociedad civil en la supervisión y evaluación de estos proyectos.
• Fortalecer la planeación pública: A menudo, los PPS y APP se eligen porque los gobiernos carecen de recursos inmediatos, pero una mejor planeación presupuestaria podría evitar la dependencia de estos esquemas.

Foto: Redes

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