Solicitan 20 años de cárcel para exministro y general (r) por caso de espionaje “Operación Topógrafo”

Espionaje y falsificación de documentos en “Operación Topógrafo”: Solicitan 20 años de cárcel para exministro  Poblete y general (r) Nazal

La Fiscalía Centro Norte solicitó 20 años de presidio para el exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, y el exjefe de Inteligencia del Ejército, general (r) Schafik Nazal, en el marco de la investigación conocida como Operación Topógrafo. Según consignó ADN Radio, ambos son imputados por interceptaciones telefónicas ilegales y falsificación de instrumentos públicos.

Entre 2016 y 2018, Nazal, en su rol como director de Inteligencia del Ejército (DINE), habría ordenado y supervisado estas operaciones usando oficios secretos. Dichos documentos, firmados por él y autorizados judicialmente por Poblete, permitieron la intervención de teléfonos de civiles, periodistas y denunciantes como el excapitán del Ejército Rafael Harvey, quien había expuesto irregularidades internas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los documentos presentaban identidades falsas o atribuían líneas telefónicas a ciudadanos extranjeros, incumpliendo los requisitos de la Ley sobre Inteligencia. Estos actos, lejos de vincularse con amenazas a la seguridad nacional, terrorismo o crimen organizado, buscaban investigar relaciones personales o silenciar críticas internas, según señaló Radio Bío Bío.

El impacto de estas prácticas es significativo. Según ADN Radio, al menos nueve documentos fueron emitidos durante este período, incluyendo prórrogas y ceses de escuchas telefónicas. La Fiscalía indicó que estas acciones configuran una agravante bajo el artículo 12 N°8 del Código Penal, debido al abuso de sus posiciones públicas para perpetrar los delitos.

Las víctimas de estas interceptaciones incluyen al periodista Mauricio Weibel, conocido por su investigación sobre irregularidades militares, y otros civiles como Ina Weber y Claudio Mendoza, en su mayoría vinculados al Ejército, como detalla El Mostrador. Este patrón de espionaje refleja, según la Fiscalía, un uso reiterado de los cargos públicos para fines ilícitos.

Pese a su “conducta anterior irreprochable”, las acciones de Poblete y Nazal han afectado profundamente la confianza en las instituciones públicas, indicó el fiscal a cargo del caso. Ambos imputados permanecen bajo arresto domiciliario total desde que sus prisiones preventivas fueran revocadas en 2023, como documentó ADN Radio.