Caso Brinks: Las declaraciones que complican a la PDI

Por Matías Rojas M.

Dos integrantes de la Brigada de Homicidios y un prefecto de Cachapoal -hoy en situación de retiro- fueron los primeros miembros de la Policía de Investigaciones que resultaron formalizados en una arista insospechada de la indagatoria por el asalto a las dependencias de la sucursal Brinks de Rancagua, delito cometido el 16 de agosto de 2024 por una organización que utilizó armamento de guerra, chalecos antibalas, vehículos robados y “miguelitos”.

Las diligencias encargadas al OS9 de Carabineros han podido acreditar que algunos agentes de la policía civil recibieron advertencias oportunas de los hechos y no informaron los antecedentes al Ministerio Público, actuar que en opinión de este último y del Consejo de Defensa del Estado configura los delitos de obstrucción a la investigación y omisión de denuncia.

El Ciudadano accedió a conversaciones de WhatsApp que fueron incautadas por la Fiscalía y también a las declaraciones que prestaron diversas jefaturas de Investigaciones y personal subalterno de éstas, las cuales, analizadas en conjunto, permiten detectar inconsistencias en la determinación de cómo se canalizó información obtenida al menos 18 días antes e incluso después del atraco, cuyas pérdidas fueron avaluadas en 12 mil millones de pesos.

“NO LO REDACTÉ YO”

Cuatro días después del robo, cuando un periodista consultó a la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI lo que en ciertas unidades de O’Higgins ya era un secreto a voces, el prefecto general Hugo Haeger Bórquez, quien ejerce el cargo de subdirector de Investigación Policial y Criminalística, tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación para leer un breve informativo en el cual admitía que la institución tuvo conocimiento previo de un siniestro que afectaría a una “empresa de valores de la zona”.

Según este relato, se había procedido a «chequear la veracidad de dicha información, para las acciones que pudieran derivar de estos antecedentes», añadiendo que, mientras “se realizaba ese proceso investigativo, se materializó el hecho delictual conocido públicamente” contra Brinks.

El oficial de corbata aludía así a un documento titulado “Minuta S/N” de fecha 29 de julio de 2024, el cual se elaboró a partir de antecedentes obtenidos a través de un “colaborador ocasional” del comisario Rodrigo Muñoz Valenzuela. El escrito, que adelantaba un próximo hecho delictual contra Prosegur -no Brinks- pero describía el mismo poder de fuego y modus operandi de la banda que sería conocida en los noticieros, iba direccionado al subprefecto Daniel Flores Mussa, jefe de la unidad de Homicidios donde Muñoz trabajaba, para ser entregado al mandamás de la Provincia de Cachapoal, prefecto Alex Zúñiga Castañeda.

El registro habría llegado a manos del subdirector de la PDI Hugo Haeger el 16 de agosto, solo horas después del ataque a Brinks y cuando ni siquiera la Fiscalía rancagüina lo tenía en sus manos, según declaró el alto mando ante el OS9 de Carabineros.

«(El documento de Muñoz) tenía antecedentes respecto de un robo con intimidación que se llevaría a cabo en el futuro, no indicando fechas, pero sí se indicaba que afectaría a la empresa Prosegur, ubicada entre calle Patricio de Allende con Alameda en la comuna de Rancagua, y en la minuta hacen un breve resumen de la forma de comisión de delito, que se utilizarían camionetas robadas, chalecos antibalas, armamento para combatir a las policías y que además tenían los tiempos de respuesta y reacción medidos, tanto terrestres como aéreos. Por otra parte, se entregaba el apodo de un partícipe del delito… además de la placa patente de uno de los vehículos comprometidos», expresó.

Las versiones de los funcionarios que hoy están imputados concuerdan en señalar que el subprefecto Flores, como titular de una brigada distinta a la especialidad de asaltos -materia que sería competencia de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Mostazal-, se dirigió el mismo 29 de julio a conversar con el prefecto Álex Zúñiga para compartir los pormenores de la Minuta S/N.

Según los antecedentes recabados por este medio, Flores declaró ante Carabineros que dicho superior, tras recibir la minuta, le pidió contactarse con su par de la BIRO local, el subprefecto Cristian González Barría, instrucción que habría sido transmitida por Flores al comisario Muñoz, quien “accedió” a lo ordenado. “Recuerdo que unos días después de entregar la información, Muñoz se acercó a mi oficina y me dijo que el personal de la BIRO no lo estaba ‘pescando’ con la información y probablemente no iban a hacer mucho. Yo le indiqué que se nos había instruido entregarla y mucho más que hacer no había”, explicó Flores.

Ante la misma policía uniformada, el subprefecto Max Concha Muñoz, segundo hombre a bordo de la Brigada de Robos Mostazal, confirmó que el 1 de agosto -15 días antes del saqueo a Brinks-, con ocasión del proceso de calificaciones al personal de la PDI, fue abordado en el cuartel regional por el subprefecto de Homicidios que redactó la Minuta S/N, quien le preguntó si su unidad había recibido un documento confeccionado por él sobre la preparación de un robo importante. La respuesta de Concha fue negativa hacia Muñoz.

“Tras esto, debo hacer presente que el mismo día 1 de agosto, más tarde… me acerqué a mi jefe (González), le conté lo que Muñoz me había dicho y consulté si tenía conocimiento de alguna minuta informativa respecto a un posible robo y me dijo que no, señalándome que esperemos a que llegara algún documento para ver de qué se trataba, pero no llegó ningún documento formal a la BIRO”, manifestó Concha al OS9.

Interrogado sobre las gestiones realizadas antes del 16 de agosto, el jefe de la BIRO, Cristian González, señaló que, hasta el día del robo, la información que se manejaba “era general” y “sin detalles”, puesto que solo accedió a la Minuta S/N después de que la banda asaltara la sucursal del Brinks, cuando el prefecto Zúñiga se la envió. Carabineros le preguntó si la BIRO efectuó alguna diligencia con los antecedentes que tuvieron de manera previa a la ocurrencia del hecho y González contestó que no.

¿Por qué entonces Haeger informó a la prensa que la PDI había realizado un “proceso investigativo” con la información que poseía la Jefatura Provincial de Cachapoal desde el 29 de julio? «Yo no tengo conocimiento que se hayan realizado diligencias investigativas previas al día 16 de agosto de 2024… El comunicado de prensa no lo redacté yo, solamente me correspondió darlo a conocer a la comunidad», arguyó el subdirector.

MENTIRAS Y DESCUIDOS

Otros testigos que fueron entrevistados en la pesquisa, como el subprefecto de Homicidios de Rancagua, Alejandro Morales Sanhueza, apuntaron directamente a una lentitud en el proceder del prefecto Álex Zúñiga, quien reconoció que la Minuta S/N permaneció guardada en su oficina desde el 29 de julio de 2024. ¿La razón? Supuestamente esperaba entregarla a la BIRO en una reunión fijada para el 19 de agosto, es decir, 21 días después de recibir la alerta y hasta tres días posteriores a que se cometiera el delito, si se considera la cronología práctica de los hechos.

El testimonio que más complica al oficial en retiro es el que entregó su ayudante, Carolina Cornejo Abarca. La funcionaria aseguró que los ánimos empezaron a alterarse el 16 de agosto, cuando el propio comisario Rodrigo Muñoz, autor de la minuta de julio, envió un mensaje en un grupo de WhatsApp donde aseveraba tener antecedentes del atraco al Brinks cuando el incidente ya era noticia nacional. Pese a que el texto fue borrado, la situación provocó que Allan Donoso, ayudante del jefe regional de O’Higgins, la llamara para preguntarle si sabía algo del documento. “Yo no tenía conocimiento de esto. Además, ese día (29 de julio) estuve con licencia médica”, contó Cornejo a Carabineros.

La subcomisario habría llamado a su jefe Zúñiga, quien la alentó a quedarse «tranquila», señalando que la minuta en cuestión se encontraba al interior de “una carpeta, en un mueble dentro de su oficina». En tales conversaciones, Zúñiga también le habría pedido un favor incómodo a Cornejo: mentir si la llamaban a declarar, a fin de corroborar que ella había visto y escuchado una supuesta instrucción de él hacia el subprefecto Flores para “denunciar el contenido de la minuta”, cosa que insistió haber hecho.

«Tras esta petición yo me incomodé y evité darle una respuesta… además yo entendí de inmediato que lo que me estaba solicitando era algo que podía conllevarme problemas y, por último, porque yo nunca tuve acceso a esa minuta hasta el día del robo de Brinks. En el mismo sentido, el día 29 de julio de 2024 yo estaba con licencia médica y era imposible que haya presenciado lo que me estaba pidiendo el Sr. Zúñiga», declaró Carolina Cornejo.

Al ser interrogado por Carabineros, Zúñiga confesó que “entre el día 29 de julio de 2024 y el día 16 de agosto de 2024” no le dio cuenta “a ninguna jefatura” sobre la información de la minuta. El oficial de la PDI justificó su actuar en que la Brigada de Homicidios estaba “a la espera que Muñoz lograse mayores antecedentes” y que el informante daba “plazo de un mes” para la comisión del delito, espacio que habría dado una “posibilidad de reacción oportuna” para prevenirlo.

Pese a esta explicación, el ilícito no fue impedido y el flujo de información siguió presentando inconvenientes. La indagatoria del OS9 reafirmó su convicción de ello tras pesquisar las comunicaciones y contactos telefónicos de Zúñiga, quien se acogió a retiro absoluto el 19 de agosto, cuando el director general de la PDI, Eduardo Cerna ocupó las palabras “negligencia” y “descuido” para describir su actuar en el caso Brinks,

Luego de hacer entrega voluntaria de su teléfono, el Ministerio Público accedió a conversaciones de Whatsapp que el exjefe provincial mantenía registradas en el equipo, advirtiendo que algunos chats que mantuvo con el jefe de la BIRO de Mostazal, Cristian González, habían sido eliminados como evidencia. «Ahondando en lo anterior, se debe precisar que el investigador tiene certeza respecto a que la conversación fue eliminada, toda vez que no se observa registro de mensajes de texto, voz o llamadas entre ambos, sin embargo, al revisar el registro de llamadas vía WhatsApp del aparato telefónico analizado, sí se observó registros (al menos 9 llamadas entre el 16 y el 17 de agosto)”, indica el análisis del OS9 de Carabineros.

El peritaje -que fue revisado por El Ciudadano- observó además que el 17 de agosto, un día después de la acometida al Brinks, el subprefecto Flores envió a Zúñiga el teléfono del presunto cabecilla de la organización delictual que lo había perpetrado: un sujeto apodado “Marchelo”. El texto dice que los involucrados permanecían escondidos en una vivienda de la comuna de Olivar, dato que nuevamente surgió del incógnito “colaborador” del comisario Muñoz, quien seguía reportando información,

«Tras este mensaje, Zúñiga responde que le explique a Muñoz, refiriéndose al comisario Rodrigo Muñoz Valenzuela, que no esté gritando o utilizando redes sociales”, describe el informe de OS9. La pericia añade que Zúñiga le escribió un mensaje al fiscal de alta complejidad Carlos Fuentes, pidiendo que le diga cuando tenga la oportunidad de hablar para “entregarle un antecedente”. Dicho persecutor se limitó a responder que estaba ocupado en una audiencia y Zúñiga no volvió a insistir.

¿MÁS INVOLUCRADOS?

La querella del Consejo de Defensa del Estado plantea que el subdirector de la PDI, Hugo Haeger, fue contactado el 17 de agosto por el jefe regional de O’Higgins, Julio Caro Barrera, para revelar que el comisario Rodrigo Muñoz había recibido nuevos datos de su informante, como la ubicación de un posible lugar relacionado con el delito, asegurando que todo ello sería informado al fiscal del caso Brinks. Sin embargo, como resalta la acción penal, “nada de esto aconteció, ya que recién el 20 de agosto de 2024 se avisa formalmente al Ministerio Público sobre estos hechos por parte de la Policía Civil”.

El CDE apunta así a la existencia del Oficio Reservado N° 139 de fecha 20 de agosto de 2024, el cual lleva la firma del jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Alejandro Morales Sanhueza, y que formalizó la entrega de antecedentes nuevos proporcionados por el datero de Muñoz a la Fiscalía con una demora de tres días.

El oficio individualiza a quien sería el autor intelectual del robo al Brinks, afirmando que éste tendría contacto directo con «carabineros involucrados en el hecho, los cuales corresponden a una pareja (hombre y mujer), al parecer sargento o suboficial de la Tenencia Diego Portales, quienes el día del atraco concurrieron a los alrededores de la sucursal Brinks en un vehículo institucional marca Nissan, modelo Kicks, donde corroboraron que todo estuviera tranquilo, dando aviso a la banda para que cometieran el robo».

Las declaraciones y chats de WhatsApp reunidos en la causa permiten establecer que la información esbozada en el documento reservado, específicamente la búsqueda de la supuesta casa de seguridad en Olivar, fue trabajada por la BIRO de Mostazal entre el 17 y el 20 de agosto de 2024 sin contar con una instrucción explícita del Ministerio Público, según concluye el OS9 de Carabineros.

Con todo y mencionando entre otros oficiales al jefe regional Julio Caro y el subdirector Hugo Haeger, el informe de la policía uniformada asevera que «esta información (originada el 17 de agosto) nuevamente estuvo en conocimiento de distintos funcionarios de la Policía de Investigaciones… quienes al tomar conocimiento de estos hechos, dispusieron conforme a sus grados y cargos realizar distintas acciones operativas y administrativas, sin embargo, no fueron informadas oportunamente al Ministerio Público, sino hasta el día 20.08.2024».

Aunque la Fiscalía solo ha formalizado investigación contra el comisario Muñoz, el subprefecto Flores y el exprefecto Zúñiga, la posibilidad de que se sumen otros imputados por haber omitido informar antecedentes de manera inmediata para ubicar a los responsables del atraco es un elemento que ya es mirado con preocupación al interior de la PDI. No obstante, en declaraciones realizadas al término de la audiencia de formalización, el fiscal a cargo, Javier Von Bischoffshausen, desestimó ampliar la acusación por el momento.

“La información que se aporta en este reservado (N° 139) es distinta a la original, pero además, para que se pueda configurar un delito, tiene que corroborarse la información aportada. Esa es una diferencia relevante y es por ello que no se configura en concepto del Ministerio Público delito alguno, toda vez que no se corroboró esa información con la realidad de la investigación llevada a cabo”, dijo el investigador.

Ante consultas realizadas por 24 Horas, el defensor público Cristian Godoy, quien representa a los oficiales Rodrigo Muñoz y Daniel Flores, señaló en tono irónico que no le llamaba la atención que el Ministerio Público haya concentrado su formalización en los hechos del 29 de julio, desatendiendo el segundo episodio omisivo que aparece mencionado en la causa y la querella del CDE, por el cual se responsabiliza a oficiales de mayor jerarquía.

Por Matías Rojas M.

mrojas @elciudadano.cl