Justicia ordena a Fiscalía investigar a Codelco por compra de empresa fantasma

La Justicia de Chile, mediante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en la causa iniciada por compra de empresa fantasma de litio.

Codelco compró en marzo de 2023 la empresa australiana LPI por una suma equivalente a los 236 mil millones de pesos, el doble de su valor bursátil,  para desarrollar un proyecto de litio en el Salar de Maricunga. Sin embargo Máximo Pacheco terminó reconociendo ante el Congreso que esa empresa no cuenta con ningún activo relevante para esa actividad.

              El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en la causa iniciada por una querella criminal por el delito de fraude al fisco derivada de la adquisición por parte de Codelco del 100% de las acciones de la empresa australiana  Lithium Power International Limited («LPI»), la que es dueña del denominado «Proyecto Blanco«, que contempla la explotación de litio en la segunda reserva del país de ese mineral ubicada en el Salar de Maricunga, Región de Atacama.   

              La querella criminal, presentada por el abogado y economista Julián Alcayaga Olivares, quién ha liderado desde hace décadas la ONG “Recuperemos el Cobre Chile”, solicita que se investigue el delito de fraude al fisco que se habría cometido en esa operación. Esto, ya que Máximo Pacheco Matte, presidente del directorio de Codelco, sostuvo ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados que la compra de LPI tenía por principal finalidad el desarrollo de un proyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga. Sin embargo, y ante las preguntas de los diputados, Pacheco reconoció que la empresa LPI no tiene activos físicos destinados a la producción de litio en el Salar de Maricunga, que las pertenencias mineras de propiedad de LPI no dan derecho legal para explotar litio, que la resolución de calificación ambiental del “Proyecto Blanco” ha sido objeto de recursos que están pendientes ante el Tribunal Ambiental de Santiago y que pueden terminar con su anulación, y que Codelco pagó más del doble del valor en que se transaban las acciones de LPI en la bolsa australiana. 

              El caso fue derivado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde después de 5 meses de “investigación” se decidió cerrar la indagatoria y solicitar al tribunal que se tuviera por comunicada su decisión de “no perseverar” en el procedimiento. Sin embargo el querellante se opuso, argumentando que no se habían hecho las diligencias mínimas para investigar este grave caso de corrupción, por lo que finalmente el Séptimo Juzgado de Garantía conociendo del caso, decidió que se debía reabrir ordenando al Ministerio Público que despachara una orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de PDI, además de emitir oficios para esclarecer los hechos. 

              Según el abogado del querellante, Mauricio Daza, la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía es muy importante: “Nos parece que se trata de hechos bastantes concretos y graves, los que merecen ser investigados de forma real, seria y profunda. La fiscalía sostuvo que no quería continuar con la investigación, ya que había recibido una respuesta de Codelco en relación lo que sostenemos en la querella, pero esto no tiene sentido, ya que ninguna causa penal se cierra solo con la versión de quien debe ser investigado. Además, la versión de la empresa estatal es bastante inconsistente, ya que por ejemplo sostiene para justificar que compró la empresa LPI al doble de su valor bursátil, que esa compañía cuenta con importantes estudios hidrogeológicos y técnicos acerca del Salar de Maricunga y que sirvieron para sustentar el “Proyecto Blanco”, en un contexto donde todos y cada uno de esos estudios se encuentran disponibles hace años de forma íntegra en la plataforma del Servicio de Evaluación Ambiental, que es de libre acceso al público en la página web de ese organismo.”

              El abogado Daza agregó que valora esta resolución “ya que revierte una decisión de la fiscalía que me parece bastante inexplicable e injustificada, habiendo constatado el propio tribunal que en este caso no se habían cumplido ni siquiera las diligencias calificadas como mínimas para un caso de corrupción con este, según los propios instructivos internos del Ministerio Público. Espero que a partir de esta resolución se investigue en serio un hecho manifiesto de corrupción que puede involucrar a altos directivos de Codelco, en una operación que causó un perjuicio al interés público enorme, y que no puede quedar impune por la inacción de los órganos del Estado llamados a que se haga cumplir la ley, más allá de la posición de quienes aparezcan involucrados”.

              En el mismo sentido, el profesional concluye que “aquí se debe investigar de verdad, ya que sea que esto afecte a un señor de apellido Matte con amplias redes en el mundo político y empresarial o a un señor de apellido González que puede ser un ciudadano común y corriente, no siendo a esta altura aceptable que el  Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado simplemente miren para el lado en ciertos casos de corrupción. ” 

El Ciudadano