Corte de Apelaciones ordena revelar pagos de La Florida a estudio jurídico en gestión de Rodolfo Carter

El pasado 21 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó al Consejo para la Transparencia al rechazar un reclamo de ilegalidad interpuesto por Gabriel Zaliasnik, en representación del estudio jurídico Albagli Zaliasnik.

La decisión obliga a la Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida a entregar información sobre contratos y pagos realizados al estudio desde 2011, periodo que coincide con la gestión del exalcalde Rodolfo Carter, quien ocupó el cargo desde ese año hasta 2024.

El caso se originó en un amparo presentado por un ciudadano ante el Consejo para la Transparencia, quien solicitó a la Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida el acceso a la información referente a los montos pagados al estudio del abogado Zaliasnik. Ante la falta de respuesta de la Corporación, el Consejo acogió el amparo el 3 de octubre de 2023 y ordenó entregar la información requerida. La notificación al abogado Gabriel Zaliasnik se realizó el 27 de noviembre.

En su defensa, el abogado representante de la entidad jurídica argumentó que divulgar esta información podría afectar su estrategia legal y el secreto profesional. Sin embargo, la Corte de Apelaciones desestimó estas objeciones, destacando que los datos solicitados corresponden únicamente a antecedentes generales sobre contratación y uso de fondos públicos.

“En efecto, el supuesto básico de la hipótesis legal de reserva en análisis, consiste en la afectación del debido cumplimiento de las funciones del ente requerido, cuya ponderación e invocación corresponde al órgano de la Administración solicitado, por cuanto guarda relación con la observancia de sus funciones, de modo que le compete valorar su afectación con ocasión de la publicidad de la información pedida, no siendo procedente que este tercero –potencialmente afectado– subrogue al órgano requerido, cuando como ocurre en el caso, se trata de partes distintas”, sostuvo el fallo.

De esta forma, la corte destacó que la información solicitada no constituye un secreto o reserva y que, al tratarse de fondos públicos, debe estar disponible para el conocimiento general. Además, enfatizó que el estudio jurídico, al ser un tercero en este contexto, no está legitimado para invocar causales de reserva que buscan proteger funciones del ente municipal.

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