Terrenos inflados y decretos falsificados: Las irregularidades que ensombrecen la gestión de Peñaloza en Las Condes

Cuatro funcionarios de la Municipalidad de Las Condes confirmaron a la Fiscalía que el decreto N°880, utilizado para formalizar la compra de diez terrenos destinados a la construcción de un Cesfam, fue alterado en su fecha. Este documento, fechado oficialmente el 15 de marzo de 2022, habría sido redactado en realidad en diciembre de 2022, reemplazando un decreto previo destinado a otro fin.

Según información de CIPER, la compra investigada por la Fiscalía Oriente, incluye el posible pago de un sobreprecio de $430 millones en una de las propiedades adquiridas. La empresa intermedia, Vulcon Asset Magnament, compró la casa en calle Nueva Delhi por $422 millones en noviembre de 2022 y la revendió a la municipalidad de un mes después por $852 millones. Vulcon pertenece al extenista Paul Capdeville y al empresario Nello Travisany.

Los funcionarios implicados apuntan al entonces director de Control, Eduardo López, como responsable de reservar un número de decreto anterior para encubrir la redacción tardía. Según las declaraciones, la original autorización del decreto correspondía a un permiso para un carrito de comida, que fue anulado para asignar el número al contrato de corretaje.

La actual alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín (IND), denunció en su momento la posible falsificación del documento, mientras que exconcejales y funcionarios municipales han señalado irregularidades en el proceso, que está siendo investigado tanto por la Fiscalía como por Contraloría.

El caso también implica al exdirector jurídico de la municipalidad, Héctor Navarrete, quien aseguró que el acuerdo inicial contemplaba un precio mucho menor, pero este fue modificado durante su ausencia.

La investigación continúa, mientras los involucrados, entre ellos la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), se enfrentan a posibles acusaciones de falsificación de instrumento público y daño al patrimonio municipal. Según constató CIPER desde la municipalidad han optado por no referirse públicamente al tema, indicando que el caso está en manos del Ministerio Público.