El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en la causa por la compra del proyecto LPI por parte de Codelco en el Salar de Maricunga, luego de que el fiscal Jaime Retamal desistiera de investigar argumentando que “no se han reunido antecedentes necesarios para fundar una acusación”.
Codelco compró en marzo de 2023 el proyecto Lithium Power International Limited (LPI), desembolsando 236 millones de dólares por un proyecto minero que no tiene ningún activo físico. Es más, pagó el doble del valor bursátil de LPI un mes antes de la transacción, fijado en 116 millones de dólares. Si una acción de LPI valía 0,25 dólares, la cuprífera estatal pagó 0,57 dólares por acción.
Las pertenencias mineras que dan sustento al proyecto fueron compradas en 2015 y 2016 en menos de 11,5 mil dólares. Así, Codelco pagó 20,6 veces más el precio que costaron las pertenencias mineras.
El recurso judicial fue presentado por el abogado y economista, Julián Alcayaga, a mediados del año pasado; el fiscal Retamal lo tramitó durante cinco meses y desechó la investigación.
Hay varias formas de hacer naufragar una investigación. Se puede dirigir de manera lenta, cosa que los delitos comiencen a prescribir y la documentación incriminatoria desaparezca; o enfocarse en una pequeña arista en desmedro del hilo más grueso. También se pueden realizar formalizaciones próximas al plazo de caducidad de los delitos o presentar pruebas blandas ante acusados con dinero suficiente para pagar buenos abogados. Lo cierto, es que cualquier fiscal sabe los pormenores de su oficio, el lugar que ocupa en el engranaje persecutor y los silencios que hay que guardar.
Se dice también que los jueces hablan a través de sus fallos. Pues bien, entonces para comprender más las razones que llevaron al fiscal Retamal a desistir de investigar en el evidente sobre precio pagado por Codelco, hay que mirar en las investigaciones que ha realizado.
POR SUS INVESTIGACIONES LOS RECONOCERÉIS
Jaime Retamal Herrera estudió en el Colegio La Salle y derecho en la Universidad de Chile. Cuando era aún un estudiante, a mediados de los años ochenta, ejerció como secretario privado del ex ministro de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, siendo además ayudante en su cátedra universitaria. En las postrimerías de la dictadura, en 1987, ingresó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), en donde llevó el proceso que siguió la institución en el caso de compra de aviones Mirage por parte de la Fuerza Aérea de Chile (Fach). Realizó posteriormente un máster en Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Según un perfil hecho por el periodista Jorge Molina Sanhueza, en dicha institución cobró fama de ser un tipo formal, de buen trato, “livianito de sangre” según sus compañeros. En lo laboral se destacaba, alcanzando incluso mejor grado funcionario que sus colegas Sabas Chahuán y Nicolás Arrieta, quienes luego serían fiscal nacional y jefe nacional de drogas de la Fiscalía, respectivamente. Sus compañeros de la época lo consideraban un profesional sistemático, disciplinado y perseguidor implacable (1).
Dicho temple se hizo ver cuando persiguió de manera severa a usuarios de ayahuasca que la traían desde Bolivia. Pese a que intentó convencer a los jueces de que el principio activo, la dimetiltriptamina (DMT) era una droga peligrosa, estos desestimaron la postura del fiscal convertido en un cruzado antidrogas.
Retamal ingresó al Ministerio Público en 2003. Con los años llegó a trabajar en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, bajo la tutela de José Morales, el primer nombre propuesto para el cargo de Fiscal Nacional por parte del actual gobierno, quien pese a contar con los votos de la derecha y del mundo de la ex-Concertación, su nominación no prosperó en el Parlamento. Morales es reconocido en el ambiente judicial como “el sepulturero” de las causas contra grandes poderes, siendo falibles sus investigaciones, las que han permitido la impunidad o condenas irrisorias, como las clases de ética, siendo Morales su primer promotor. Así ocurrió con los casos Cascadas, La Polar, Colusión de las Farmacias, el soborno de LATAM en Argentina, cuando Piñera era accionista mayoritario.
De hecho, el abogado actualmente procesado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos, Luis Hermosilla, fue un gran promotor de la candidatura de Morales.
LAS INVESTIGACIONES DEL FISCAL RETAMAL
Las felicitaciones de Alejandro Peña
En 2012, al fiscal Retamal le tocó sustanciar el caso de sobreprecios en la compra de detectores de drogas para el Plan Frontera Norte, promovido por el ex-fiscal, Alejandro Peña, quien trabajaba para el ministerio del Interior del primer gobierno de Sebastián Piñera. La denuncia fue hecha por Ciper Chile, dando cuenta que se invirtieron $1.218.540.960 para comprar 52 densímetros y un escáner portátil al intermediario Tecnodata, de propiedad de Alfredo Giacoman, pagando 400% su valor de mercado (2).
Si bien la denuncia provocó la renuncia de Peña al Ministerio del Interior en los días posteriores, el caso en manos del fiscal Retamal acabó siendo sobreseído tres años después. En agosto de 2015, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió cerrar el caso, tras escuchar al fiscal Retamal, quien señaló que tras trabajar durante casi tres años no consiguió reunir los antecedentes para determinar la existencia de actos que pudiesen ser constitutivos de delitos. Entrevistado por El Mercurio, el propio Peña alabó la gestión de Retamal, destacando “la prolijidad de la indagatoria” hecha por el fiscal (3).
Juicio abreviado y a puertas cerradas en caso Universidad San Sebastián; permisos en Recoleta
En agosto de 2013, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concluyó con un juicio abreviado a puertas cerradas una causa en que había delitos de cohecho y falsificación de instrumento público tras detectarse pagos, durante más de un año, por unos 114 millones de pesos, de parte de empresas como Ceresita e inmobiliarias ligadas a la Universidad San Sebastián (unos $14 millones) al entonces director de Obras de la Municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes Villalobos, a cambio de permisos de construcción para la edificación de la sede localizada en Bellavista. En la investigación participó activamente el fiscal Retamal, coordinando las indagatorias.
En el juicio abreviado ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Reyes reconoció ser autor de nueve delitos de cohecho y uno de falsificación de instrumento público. Pese a que había sospechas fundadas de que Reyes era apenas un engranaje de una red de corrupción más amplia que involucraba a los ex alcaldes UDI de la comuna, Gonzalo Cornejo y Sol Letelier, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte decidió no perseverar.
Caso Farmacias: Pruebas incapaces de acreditar acusación de colusión
El 23 junio de 2015, luego de siete años de indagatorias, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal decidió absolver a diez ejecutivos acusados de alterar de forma fraudulenta el precio de 220 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008 en un esquema de colusión conocido como el Caso Farmacias. En un fallo dividido, los jueces estimaron que las pruebas puestas en la mesa por el fiscal Jaime Retamal, a cargo de la pesquisa y bajo la atenta mirada de su tutor Morales, no eran capaces de acreditar los hechos que sustentan la acusación.
En la oportunidad, la presidenta del tribunal, María Inés Collin, además de asegurar que “la colusión no existe en el tipo penal”, sostuvo que las pruebas entregadas por la Fiscalía eran diferentes a las indagaciones hechas por los economistas de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), instancia que en 2008 inició el proceso tras presentar un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En 2012, el TDLC había fallado a favor de la FNE, aplicando una multa cercana a US$20 millones a Cruz Verde y Salcobrand; en tanto que, en 2009, Fasa ya había concordado un acuerdo conciliatorio. En tanto que las pruebas entregadas por la FNE a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte daban cuenta de los mensajes de los ejecutivos de las tres cadenas farmacéuticas y la coordinación para subir el precios de medicamentos.
Según determinó el tribunal, la Fiscalía no logró probar la adulteración fraudulenta de precios.
Un abogado que ha seguido tales casos comenta off the record que “la investigación la llevó el fiscal Retamal y no llegó a puerto. Al principio el fiscal metió mucho ruido, pero en los varios años que tuvo para investigar, extrañamente no alcanzó a reunir antecedentes robustos para lograr una condena”.
En el proceso, el abogado que participó en la defensa de la cadena Cruz Verde fue quien después llegó a ser fiscal nacional, Ángel Valencia. En esa oportunidad se enfrentó a Retamal, quien actuaba como persecutor. Sin embargo, dos años después, cuando Retamal fue objeto de un proceso por desacato, prevaricación administrativa y obstrucción a la investigación en torno al caso de títulos falsos otorgados a funcionarios de Gendarmería, fue defendido por el mismo Ángel Valencia, quien, incluso postulando para el cargo de fiscal nacional, no abandonó la defensa de Retamal.
El caso títulos falsos
La defensa de Valencia a Retamal ocurrió en 2017 con el caso denominado títulos falsos, cuando una decena de ex gendarmes fueron condenados, acusados de haber obtenido títulos profesionales de manera fraudulenta, lo que implicaba tener una mejor escala de remuneraciones. Según el abogado defensor de algunos de los procesados, Fernando Leal, “fueron perseguidos porque eran dirigentes gremiales de Gendarmería y destaparon irregularidades graves en la época”.
Los dirigentes gremiales habían denunciado hechos como que el director de la institución mantenía un intercambio epistolar con el preso por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Corvalán, quien había hecho gestiones para que la esposa del director de Gendarmería de la época haya sido contratada en el Hospital Militar. También los funcionarios denunciaron adjudicaciones poco transparentes hechas por directores de servicios. Tiempo después se supo de las jubilaciones de civiles allegados por los gobiernos de turno que pasaban a depender del sistema previsional militar, como fue el caso de Miriam Olate, esposa del entonces presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade.
“Todas esas denuncias fueron hechas por estos dirigentes gremiales y extrañamente después les abrieron una investigación penal acusando obtención fraudulenta de títulos”, señala Leal.
La causa fue llevada primeramente por el fiscal Andrés Montes, hijo del actual ministro de Vivienda, Carlos Montes y compañero de partido de Andrade. Luego fue tomada por el fiscal Jaime Retamal, quien persiguió con celo a los dirigentes de Gendarmería.
En la investigación pasaron cosas extrañas. Leandro Tegler, uno de los inculpados de haber comprado un título falso, había estudiado Ingeniería en Prevención de Riesgos en la Universidad Arturo Prat, por lo que podía demostrar que no necesitaba comprar un nuevo título profesional. Sin embargo, en un allanamiento efectuado por la PDI en su domicilio, dicho título fue incautado, desapareciendo hasta después de la condena ejecutoriada, cuando apareció entre archivos de la misma fiscalía. Una copia del título que pidió a la universidad se perdió tras un asalto a su domicilio, acción en la que le fueron sustraídos dichos documentos. Pese a haber cámaras que registraron el hecho, la fiscalía las mandó a periciar meses después, cuando ya se habían borrado las imágenes registradas.
Una querella presentada ante los tribunales chilenos por el abogado Leal que acusaba al fiscal Retamal de desacato, prevaricación administrativa y obstrucción a la investigación fue sobreseída, argumentándose que no se configuraban los elementos del tipo penal señalado. En la defensa de Retamal participó Valencia.
Los afectados, que perdieron el trabajo y no accedieron a la jubilación correspondiente a sus cargos en Gendarmería, tienen actualmente el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La descoordinación del comando de Matthei
En septiembre de 2019, el fiscal Retamal, siendo en la época integrante del equipo de la fiscal Ximena Chong, decidió procesar al ex-candidato presidencial Marco Enríquez Ominami por el uso de un avión proporcionado por la constructora brasileña OAS y usado durante cuatro meses en su campaña presidencial de 2013. El Partido Progresista (PRO), que sustentaba la candidatura de MEO, argumentó que el avión fue financiado con gastos de campaña.
Sin embargo, una situación similar, de la también candidata presidencial, Evelyn Matthei, quien también utilizó un avión en las giras de la campaña presidencial de ese año, pero fue sobreseída en 2016 tras una denuncia del PRO.
La solicitud de sobreseimiento fue hecha por el fiscal Retamal, quien argumentó que la ley electoral sanciona sólo los aportes que exceden un 40% lo permitido. Una revisión del proceso hecha por Interferencia dio cuenta que la decisión del fiscal fue después de haber escuchado las declaraciones de Matthei y seis testigos que ella llevó, quienes aseguraron que el avión fue cedido por José Antonio Urrutia de manera gratuita para un primer vuelo entre Santiago y La Serena, en tanto que un segundo vuelo entre Puerto Montt y Chillán, fue coordinado por Gonzalo Cornejo, quien no habría informado a Fernando Matthei, quien estaba a cargo de los gastos.
Para el fiscal Retamal se trató de una “una simple descoordinación entre la información que debían entregar algunas personas que estaban vinculadas al comando de la candidata”.
Formalización en la fecha en que expira el delito
En febrero de 2020, el fiscal Retamal, tras cinco años de apertura del caso, solicitó al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago fijar fecha para la audiencia de formalización del carabinero, Rodrigo Sanzana Olhaberry, quien disparó con una escopeta una bomba lacrimógena al rostro de un estudiante de la Universidad de Santiago, Luciano Debrott, el 4 de mayo de 2015.
El impacto fue cerca del ojo derecho de Debrott, provocando un trauma ocular severo, una lesión frontal profunda de cuatro centímetros, desplazamiento óseo y fractura en el techo orbital del ojo derecho. El disparo del policía también provocó un hifema traumático, que es la presencia de sangre en el espacio que existe entre la córnea y el iris. El estudiante perdió parcialmente la vista del ojo afectado.
La querella presentada por la familia y el Instituto de Derechos Humanos fue ingresada al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago el 19 de mayo de 2015, apenas cinco días después del crimen cometido por el carabinero. Apenas siete días después, tribunales declaró admisible la demanda legal, derivándose los antecedentes de la causa a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por el delito de lesiones graves.
Recién el 3 de febrero de 2020, es decir casi cinco años después, el fiscal Retamal pidió la formalización, la que fue fijada para el 9 de marzo de ese año. La tardanza permitió que el crimen cometido por el uniformado expirara al momento de iniciarse el juicio (4).
El caso Corpesca
Al fiscal Retamal también le tocó llevar, junto a la fiscal Ximena Chong, el caso de Corpesca, logrando en abril de 2021 la condena al ex-senador de la UDI, Jaime Orpis, a cinco años y un día de cárcel por fraude al fisco y a otros 600 días por cohecho.
En julio de 2022, la Fiscalía cerró una investigación por tráfico de influencias contra la jueza Dobra Lusic presentada por la abogada Mónica Araya, quien acusó gestiones de la jueza para un cargo en la Notaría de San Miguel. El fiscal Retamal cerró la investigación argumentando que no se habían reunido antecedentes para fundar la acusación en contra de Lusic.
Operación Topógrafo
Al fiscal Retamal también le ha correspondido llevar la ‘Operación Topógrafo’, a través de la cual funcionarios de inteligencia del Ejército de Chile realizaron interceptaciones telefónicas ilegales y falsificaron instrumento público al espiar a periodistas que investigaban casos de corrupción, contando con la venia de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los hechos ocurrieron entre los años 2016 y principios de 2018, cuando el entonces general de Brigada del Ejército, Schafik Nazal, quien era director de Inteligencia del Ejército (DINE) ordenó y supervisó operaciones ilegales de interceptación de señales de telefonía móvil sin autorización legal que afectaron a siete personas, entre ellas el periodista Mauricio Weibel y al capitán de Ejército Rafael Harvey.
En enero de este año, el fiscal Retamal pidió 20 años de cárcel para Schafik Nazal y el ex-ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, a quienes acusa de 12 delitos en carácter de reiterados.
Gabriel Ruiz-Tagle y compra de información privilegiada en Colo Colo
El fiscal Retamal también sustancia el caso del uso de información privilegiada en la compra y venta de acciones de la sociedad que controla al equipo de fútbol Colo Colo. En agosto de 2024, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago imputó a Gabriel Ruiz-Tagle, ex presidente del club deportivo, además de ex-ministro y ex-subsecretario del Deporte durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, solicitando cinco años de presidio por el delito de uso de información privilegiada e infracción a la Ley De Valores.
Felipe Guevara y caso ‘Zumbas Millonarias’
La Fiscalía de Alta Complejidad dirigida por Retamal también investiga al ex-intendente de Santiago, Felipe Guevara Stephens, por el caso ‘Zumbas Millonarias’, por el cual se investigan $500 millones que costaron cursos de halterofilia, zumba y spinning adjudicados por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Guevara fue nombrado en el último gobierno de Piñera en el cargo. La última diligencia conocida en el caso fue el allanamiento del GORE Metropolitano, efectuado el 16 de mayo de 2024 y dirigido por el fiscal Retamal, quien acusa a Guevara del delito de negociación incompatible.
Este caso es uno de los citados en los audios conocidos entre el abogado Luis Hermosilla y el ex-director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. En el chat entre ambos realizado en junio de 2021 se comenta que “En el caso denominado ex intendente Felipe Guevara Stephens (…) que lleva el Fiscal Jaime Retamal Herrera, por el delito de negociación incompatible, a través de la Brigada La Moneda, se gestionará una reunión con el subsecretario del Interior, Galli, para solicitar por instrucción del fiscal, la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos del ex intendente, ya que el delegado presidencial declinó hacerlo e indicó que debía tomarse contacto con el aludido subsecretario, porque él trataría este tema. La investigación tiene como imputado al ex intendente Luis Felipe Guevara Stephens, por la adjudicación de un proyecto deportivo en la comuna de La Granja a una UTP encabezada por su hermano Matías Guevara Stephens”.
En relación a la investigación sobre el sobre precio pagado por Codelco, la duda está instalada: ¿Se puede llevar a cabo una buena investigación cuando el fiscal a cargo no está interesado?
Por Mauricio Becerra R.
NOTAS
- Jorge Molina Sanhueza. Jaime Retamal, perfil del fiscal experto en corrupción que investigará el escándalo de los sobreprecios en Interior. The Clinic, 9 de octubre de 2012.
https://www.theclinic.cl/2012/10/09/jaime-retamal-el-perfil-del-fiscal-experto-en-corrupcion-que-investigara-el-escandalo-de-los-sobreprecios-en-interior/ ↩︎ - Gustavo Villarrubia, Frank Belyeu. Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio. Ciper Chile, 2 de octubre de 2012.
https://www.ciperchile.cl/2012/10/02/ministerio-del-interior-licita-equipos-para-detectar-drogas-y-paga-cerca-de-400-de-sobreprecio/ ↩︎ - Andrea González Schmessane. Ex fiscal Peña y cierre de Sobreprecios: «Después de esto, no volvería a lo público». Emol,11 de agosto de 2015.
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/08/11/744560/Ex-fiscal-Pena-y-cierre-de-Sobreprecios-Despues-de-esto-no-volveria-a-lo-publico.html ↩︎ - Camilo Solís. Después de cinco años, Fiscalía decide formalizar a carabinero acusado de disparar lacrimógena al rostro de estudiante. Interferencia, 28 de febrero de 2020.
https://interferencia.cl/articulos/despues-de-cinco-anos-fiscalia-decide-formalizar-carabinero-acusado-de-disparar ↩︎
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